Exigen pena máxima para 8 hombres por caso Jair Martínez en Guanajuato

En la Sala de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato, se encuentra en su última etapa uno de los pocos juicios por desaparición iniciados en el país, en el que la familia de Jair Martínez González espera que se dicte la pena máxima para los ocho hombres que lo desaparecieron y luego asesinaron.

La sentencia, que podría dictarse este mismo mes o en marzo, será clave en un país con más de 121 mil personas desaparecidas y solo puñado de sentencias, y en un estado donde se calculaban, hasta junio del año pasado, más de 4 mil 272 personas desaparecidas, 660 fosas clandestinas de las que se han exhumado mil 200 cuerpos desde 2009, y donde los homicidios se han duplicado en los últimos años 10 años y no paran de aumentar.

Para la familia de Jair, una sentencia de pena máxima sería apenas la confirmación de que la lucha que comenzaron el mismo día de la desaparición valió la pena.

“Nosotros pedimos la pena máxima, la pena máxima para esas personas que nos arrebataron la vida de Jair y nos la arrebataron a nosotros también. La vida de nosotros también se la llevaron en el momento que asesinaron a Jair”, dice entre sollozos uno de los familiares del joven irapuatense.

La abogada Dalia Ramírez Delgado, asesora legal de la familia Martínez, espera que el titular del juzgado de oralidad penal le dé a los ocho imputados las penas máximas por desaparición forzada cometida por particulares —40 años de prisión— y por homicidio calificado —35 años—, un total de 75 años de cárcel para cada uno de los detenidos.

En entrevista con MILENIO sostiene que la Fiscalía tiene en su poder todos los órganos de prueba posibles en el caso de Jair; asegura que el caso no se basa únicamente en los dichos de testigos y para ella, no existe la posibilidad de que los acusados no reciban la pena que piden los abogados de la familia.

“Tenemos en esta investigación científica, no un elemento para acreditar la responsabilidad de ellos, sino más de 30 órganos de prueba, pruebas que señalan que ellos fueron los que cometieron el ilícito, yo no le veo ninguna viabilidad o posibilidad de defensa para que ellos pudieran argumentar que no cometieron el delito, que ellos no son las personas que lo cometieron o que ellos no participaron”, afirma la abogada.

Las pruebas incluyen la intervención de llamadas telefónicas, análisis de objetos que fueron encontrados en el lugar donde Jair fue hallado sin vida, exámenes periciales e informes elaborados por médicos legistas.

Los ocho hombres, entre los 22 y los 36 años de edad, están imputados por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado en agravio de Jair Martínez González, un joven empresario de 36 años secuestrado el 12 de marzo de 2023 a plena luz del día en una de las principales avenidas de Irapuato, y posteriormente asesinado.

Hasta 11 homicidios diarios en Guanajuato 

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en Guanajuato hay un promedio de 11 homicidios diarios y aporta hasta el 15.2 por ciento de estos delitos a la estadística nacional.

La de Jair Martínez sería una de las primeras sentencias por desaparición en la gestión de Gerardo Vázquez Alatriste, el nuevo fiscal del estado electo el 3 de febrero por el Congreso de Guanajuato. 

Lo anterior, tras 15 años de dominio de Carlos Zamarripa Aguirre como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, un periodo en el que se dispararon los homicidios y las desapariciones hasta llegar a máximos históricos en este estado del Bajío mexicano.

“Nos quitaron a la persona más importante del pilar de la familia. Todos estamos muertos en vida. ¿Por qué es tan importante para nosotros? porque Jair lo merecía, sé que está muy feo México, que mucha gente ha perdido familiares, pero yo hablo por el mío.

“Jair no merecía morir así, no merecía nada de lo que estamos viendo, que es un infierno y no se acaba. Y es importante para nosotros porque Jair lo merece”, dice otra de las familiares del joven emprendedor. “Nosotros merecemos que haya justicia”.

Irapuato, entre las urbes con mayor percepción de inseguridad 

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registran tres mil 044 personas desparecidas o no localizadas en Guanajuato con corte al 10 de febrero de 2025. De ellas, 296 casos están registradas en el municipio de Irapuato.

Sin embargo, el Informe sobre la Situación de Desapariciones, Fosas Clandestinas y Fosas Comunes en Guanajuato, del investigador Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana de León y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, calcula que cuatro mil 272 personas se encontraban desparecidas en el estado en junio de 2024.

Conforme a esta investigación, las personas desparecidas en el estado pasaron de 718 en 2012 a 4,272 casos en 2024.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan el crecimiento explosivo de la violencia en Irapuato en los últimos 10 años. Conforme a los datos oficiales, en 2015 se abrieron 248 carpetas de investigación por homicidio en la demarcación, pero en 2024, esa cifra prácticamente se duplicó hasta llegar a 485 casos solo en ese municipio.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que elabora el Inegi, ubica a Irapuato como una de las 10 urbes con mayor percepción de inseguridad del país.

Según los datos publicados el 23 de enero, 84.5 por ciento de los habitantes de Irapuato consideró que vivir actualmente en su ciudad era inseguro.

Jair Martínez fue secuestrado a media tarde del 12 de marzo de 2023 después de acudir con amigos a jugar futbol. Hombres armados le cerraron el paso y se lo llevaron en una camioneta. Su hermana logró determinar la ubicación de su teléfono celular apenas minutos después del plagio.

Desesperadas, ella y su madre suplicaron la intervención de las autoridades, incluso pidieron directamente ayuda al entonces y aun hoy secretario de seguridad municipal, Luis Ricardo Benavides Hernández, y a la propia alcaldesa, Lorena Alfaro, pero las autoridades actuaron 30 horas después de la privación de la libertad de Jair y cuando allanaron el domicilio donde estaba su teléfono, lo encontraron sin vida.

“Hablar de un tema de justicia yo creo que es sumamente difícil, la única justicia que le hubiera alcanzado a Jair hubiese sido que las autoridades, todas, la Comisión Estatal de Búsqueda, las municipales, las policías estatales, hubieran acudido a su rescate. 

“Sobre todo con toda la información puntual que dio casi de manera inmediata la familia y que el día de hoy esta persona estuviera con vida”, dice Bibiana Mendoza Negrete, del colectivo de familiares de personas desparecidas Hasta Encontrarte.

“Desgraciadamente todas las personas desaparecidas, no solo en el estado de Guanajuato, sino en el país, pareciera que hay una resignación no hablada por parte de las autoridades a que las personas van a aparecer ya sean fosas clandestinas o tiradas sin vida en cualquier parte, en cualquier municipio y en cualquier ciudad”, añade la activista.

De acuerdo con una investigación de la organización Impunidad Cero publicado en diciembre de 2023, en México existe un nivel de impunidad del 99 por ciento para los delitos de desaparición de personas.

Conforme a esta organización civil, de 2019 a 2022 se registraron 35 mil 669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

Bibiana Mendoza explica que, en muchos casos judiciales por desaparición, lo que hace el Estado mexicano es solo sentenciarlas por este delito, siendo que estas personas por lo general pertenecen a grupos delincuenciales grandes y debería de haber otros métodos para que otras familias puedan acceder a este tipo de justicia.

Cita, por ejemplo, el caso de Kevin Damián, en el que se logró la sentencia de uno de los secuestradores de más de 70 años de prisión en marzo de 2022, pero no se consiguió que los responsables dieran información sobre otros casos de desaparición en el estado.

“Nosotras sabemos que esta persona por lo menos participó en decenas de desapariciones y al parecer de homicidios y de feminicidios, por lo menos en el estado de Guanajuato. 

“Sin embargo, nunca vamos a saber del paradero de estas personas porque estos perpetradores nunca confiesan otro tipo de delitos y eso causa que muchas mujeres hoy en día sigan en la búsqueda de sus hijos, hijas y hermanos desaparecidos”, afirma la activista, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido desde 2018.

Para Bibiana, el proceso penal en el caso de Jair es una buena noticia para la familia, pero hay retrocesos en el estado para los colectivos de familias buscadoras. 

Por ejemplo, dice, se acaba de eliminar la Ley de Transparencia de la Información, lo que va a dificultar a las familias, a las buscadoras acceder a todo tipo de datos, como cuántas sentencias hay por este tipo de delitos.

“El tema de justicia sigue siendo nulo, vemos con tristeza y con coraje cómo las fiscalías locales no tienen la capacidad para perseguir delitos que comete el crimen organizado y cómo el gobierno federal la fiscalía general, que son los que tienen la capacidad de perseguir e investigar estos delitos, tampoco es que estén metiendo mucho las manos en el estado de Guanajuato”, denuncia.

El martes 11 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a Guanajuato que, dijo, lleva años de ser la entidad con mayor número de homicidios del país.

“Esto es resultado no solo de, digamos, de no atención profunda al tema de seguridad (…) sino también producto de un modelo de desarrollo. El PAN lleva gobernando Guanajuato muchísimos años”, dijo la mandataria, quien destacó los índices de pobreza y de adicción a drogas del estado.

“No solo es la seguridad, sino es resultado de un modelo” afirmó.

No obstante, la Presidenta dijo que no va a poner la política “por encima del apoyo a la población” y ofreció coordinación con la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo para poder reducir los índices delictivos.

Para la activista del colectivo Hasta Encontrarte, Guanajuato está cada vez más militarizado y a la vez más violento. La llegada de más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional ha venido acompañada, dice, de más enfrentamientos armados, más personas desaparecidas, más fosas clandestinas.

“En Guanajuato se habla de que hay más de 4 mil personas desaparecidas, pero tan solo nosotros como colectivo a diario recibimos reportes de familias, de comunidades rurales”, afirma.

De acuerdo con el informe de Fabrizio Lorusso, de 2020 a 2023, el número de colectivos de búsqueda en Guanajuato pasó de dos a 25, aglutinando a más de un millar de familias.

Y, según este informe, también han aumentado las agresiones directas en contra de ellas. Nueve personas buscadoras fueron asesinadas entre 2018 y 2024, y una, Lorenza Cano, está desaparecida desde hace un año, cuando que fue levantada de su domicilio por un grupo armado que antes de privarla de su libertad, asesinó a su esposo y a su hijo.

Para Bibiana, una sentencia desfavorable en el caso de Jair Martínez sería una burla para la familia que aportó todo lo que pudo y estuvo en sus manos para para regresar a su familiar con vida.

“Creo que lo mínimo que le debe la justicia mexicana es darle una sentencia justa por haberle quitado la vida a una persona”, dice la activista.

“En caso de que la sentencia sea positiva y sea su favor, sería un farito de esperanza para aquellas personas que todavía seguimos en nuestra búsqueda de verdad y de justicia”, añade.

Para la abogada Dalia Ramírez, el caso de Jair y sobre todo la sentencia de los imputados, ocho jóvenes entre los 22 y los 36 años de edad, es importante para fomentar la cultura de la denuncia en un estado tan golpeado por el crimen como Guanajuato.

“Una cultura para que todos los ciudadanos no se desanimen, denuncien, acudan, investiguen y ayuden a la a la autoridad para que pueda dar resultados” afirma Ramírez en entrevista.

“Que nunca se nos olvide que la ubicación de este muchacho, el trabajo para poderlo localizar y poderlo recuperar, aunque hubiera sido en las condiciones en las que se pudo localizar, fue trabajo de las víctimas indirectas. 

“Fue el trabajo de la mamá, fue trabajo de la hermana (…) por el que las autoridades tuvieron esa información y se allegaron para hacer esta investigación”, dice la asesora legal de la familia.

En la casa familiar de Jair Martínez, dos años después de su muerte una pregunta sigue atormentando a sus familiares: ¿pudimos haber hecho más? ¿Le fallamos? Una sentencia para los acusados, dicen, traerá consuelo.

“Para tener paz, para tener paz y saber que ya al menos tuvo justicia, que al menos se hizo algo porque, a veces, me da miedo y digo, ‘qué tal que ellos ganan o qué tal que los liberan’; entonces, ya ahí no vale la pena, nuestro sufrimiento no vale la pena.

“Entonces, Irapuato es tan inseguro que cualquier persona puede matar a otra y no va a pasar absolutamente nada”, dice una de las familiares del empresario.

“Siento que esto (la sentencia) va a ser un parteaguas para la gente que está viviendo la misma situación que nosotros y que ya va a tener paz de alguna manera igual que nosotros”, agrega.

“Las injusticias hay que tomárnoslas como un tema personal. Las 121 mil personas desaparecidas no nos faltan solo a nosotros, a las familias a las que nos arrebataron a alguien, sino que nos faltan como humanidad y como sociedad”, dice la buscadora Bibiana Mendoza.

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