El fallecimiento de un familiar, además del difícil proceso emocional, trae consigo una serie de trámites que se tienen que realizar para informar sobre el deceso y poder acceder a determinados prestaciones que por ley corresponden, aunque en el instante no se piensa en ello, en algún momento se tienen que realizar.
Para ello, la Procuraduría del Trabajo explica los procesos que se tienen que llevar para diferentes acciones, como la cancelación de hipotecas, pago de pensión, cobro de utilidades e incluso, para recibir los pagos quincenales que quedan pendientes.
Uno de los principales trámites que se realizan en estos casos, es la declaración de beneficiarios, que permite a las autoridades y empresas, saber quiénes son las personas a las que les corresponden los recursos que el trabajador generó en vida, para lo cual se tiene que realizar un proceso de notificación en el centro laboral y se debe revisar la información del último domicilio registrado por el difunto.
Ricardo Fraustro Ruiz, procurador del Trabajo en Coahuila, afirmó que en las oficinas de la dependencia en las diferentes regiones, se ofrece la asesoría y se pueden llevar a cabo los trámites de forma gratuita.
Indicó que en los casos de fallecimiento de un trabajador, lo que se tiene que solicitar es una declaración de beneficiarios, directamente en las oficinas de la Procuraduría del Trabajo, a fin de obtener este documento que permite que las autoridades determinen quiénes tienen el derecho sobre lo que generó el trabajador en vida.
“Ya sea por la cónyuge, los hijos o alguien que crea tener derechos para solicitar ante la junta que se haga una investigación en el último domicilio del trabajador, para que se inicie una convocatoria en la fuente de trabajo, en este caso la empresa, para que si alguien considera que tiene derechos sobre esas prestaciones, se presente también en la fecha y la hora que la junta determine para la hora de la audiencia”, aseveró.
Agregó que posterior a esta audiencia y para que se determine quién es el beneficiario, se realiza el cálculo de estas prestaciones que pudieran quedar pendientes de pagar, o para exigir el pago de afores ante la empresa o la instancia correspondiente.
El procurador del trabajo en Coahuila detalló que este tipo de trámites de declaratoria de beneficiarios son comunes y en promedio se realizan alrededor de 15 al mes en las diferentes regiones del estado.
Aseguró que no se tienen reportes de que una vez obtenido esta declaratoria, las empresas se haya negado a entregar las prestaciones que quedaron pendientes a los beneficiarios.
Finalizó señalando que este tipo de trámites pueden tardar en promedio tres o cuatro meses y aunque en las oficinas de la procuraduría son gratuitos, también se pueden realizar a través de abogados con un costo para el solicitante.
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