¿Y a usted quién lo vigila? Porque en comunidades de Puebla, de Zacatecas o de San Luis Potosí, los grupos delictivos acechan a los pobladores ya sea ejerciendo la video vigilancia, ya sea cortándoles la luz o las comunicaciones, ya sea espiándolos desde la computadora o el celular.
MILENIO cuenta aquí tres historias con los distintos modus operandi que usan las organizaciones criminales para controlar zonas.
Zacatecas: destrucción de cámaras y líneas telefónicas
Cortar las líneas telefónicas tradicionales. Ese fue el primer paso que los grupos delictivos planearon para aislar a unas 20 comunidades de Fresnillo, Valparaíso y Jerez, las cuales comparten la sierra zacatecana.
“Los ataques a las instalaciones de comunicaciones telefónicas y a las plantas de energía eléctrica son comunes desde mediados del 2020”, dice una de las autoridades que ha pedido reservar su nombres por miedo a que sea asesinada. “Mucha gente se fue y las casas se convirtieron en cuarteles de guerra de los grupos”.
La última gran agresión de los grupos delictivos fue en mayo de 2021, en el municipio de Apulco: destruyeron cuatro cámaras de vigilancia automatizadas y alimentadas por energía solar, con las que la policía monitoreaba carreteras y caminos aledaños a la cabecera municipal. Para esa fecha, Apulco ya no contaba con policías municipales por las amenazas de los grupos delictivos hacia los elementos de seguridad pública.
Otra autoridad dice que, pese a que no han detectado ninguna instalación fija de video vigilancia por la zona, sí saben que los grupos delictivos colocan campamentos y usan equipos ópticos, como binoculares, además de equipo de radiocomunicación de largo alcance, para vigilar los movimientos de los habitantes y de las corporaciones policiales.
“Nos sabemos vigilados, por eso nos llevan la delantera”, cuenta un oficial y dice que, por lo accidentado del terreno, cuando los patrullajes alcanzan a detectar un campamento, los ocupantes huyen fácilmente.
Dentro de las acciones previstas para recuperar comunidades tomadas por la delincuencia en Zacatecas, se ha contemplado la instalación de un nuevo equipo de video vigilancia que estará a cargo del Ejército y Guardia Nacional.
Por cierto, a los propietarios de las casas abandonadas, la Comisión Federal de Electricidad les sigue cobrando la luz. “Dicen los de la CFE que tienen que trasladarse hasta el pueblo para hacer el corte manualmente, y como ningún trabajador quiere arriesgarse, seguimos pagando”, se queja un habitante desplazado, cuya casa es utilizada por uno de los grupos delictivos.
San Luis Potosí: tecnología wifi
En los municipios de Ciudad Valles y de Matehuala, así como en la capital potosina, la policía descubrió un nuevo modus operandi de la delincuencia organizada: a través de centros de control, operados con tecnología Wifi, los delincuentes espían desde computadoras y teléfonos móviles todos los movimientos de las corporaciones de seguridad pública.
Hasta donde se sabe, las cámaras de alta tecnología se instalaron en puntos estratégicos y se presume que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de compañías de internet o telefónicas.
“Si la gente detecta algún aparato, alguna cámara cerca de su casa, en su colonia o los lugares que normalmente transita, es importante para la autoridad recibir esa información y actuar”, dice Miguel Gallegos, vocero de Seguridad Pública estatal.
El 12 de octubre de 2021, en el municipios de Ciudad Valles, se ubicaron las primeras nueve cámaras en comercios. “Era un sistema de monitoreo muy organizado”, recuerda Gallegos y enseguida evoca otras fechas: 10 y 14 de febrero de este año en Matehuala. En los dos días, la policía decomisó quince cámaras.
En la capital potosina, en la colonia Simón Díaz, se han retirado 11, con lo que suman 35 cámaras de seguridad clandestinas descubiertas en los últimos seis meses.
Puebla: video vigilancia huachicolera
Todo empezó el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan: una cámara de video vigilancia grabó el momento en que un grupo de militares balea a un auto, del cual descienden tres hombres. Uno de ellos, en el suelo, recibe varios disparos a quemarropa por parte de un soldado. Después se sabría que era un enfrentamiento entre huachicoleros y militares, y que murieron 10 personas. Año y medio más tarde, en noviembre de 2018, una juez absolvió al soldado del delito de homicidio calificado, pues consideró que se había tratado de una emboscada. Ordenó entonces detener a los presuntos criminales.
La policía descubrió que los presuntos criminales trabajaban con Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, el líder huachicolero de la región. Pero también se dieron cuenta de que ninguna autoridad contaba con un servicio de video vigilancia, por lo que concluyeron que el video que acusaba a los militares era un particular. Pero pasaron dos años y nada sucedió.
El 6 de agosto de 2021, sin embargo, cuando agentes investigadores de la fiscalía del estado realizaron un primer cateo a la casa de El Toñín, ubicada en la calle 8 Oriente, la misma familia del huachicolero grabó a los más de 20 policías que irrumpieron en busca de él. No lo hallaron, pero encontraron armas de fuego, drogas, tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y, lo más importante, video vigilancia de alta calidad. Constaba de un equipamiento de circuito cerrado con detección de zona de seguridad y con blindajes especiales conectados a dos transmisores DVR.
Con dicho hallazgo comenzó la sospecha de que alrededor de la localidad de Palmarito, El Toñín tenía ubicadas diferentes cámaras de seguridad que alimentan la base de seguridad personal del huachicolero. La hipótesis se basa en que el propio El Toñín subió a la redes el video del cateo para evidenciar lo que llamó: “un acto arbitrario”.
Lo mismo pasó hace unos meses, el 27 de septiembre de 2021: las autoridades ministeriales del estado arrestaron a José Alejandro 'N', el ex presidente municipal de Quecholac quien es hermano de El Toñín, acusado por asociación delictuosa. La detención fue viralizada por videos filtrados.
Las autoridades han descubierto casas de seguridad del líder huachicolero en Palmarito, Quecholac y Palmar de Bravo. Y todas contaban con dispositivos de video vigilancia de alta calidad. Se cree las diferentes redes de cámaras han mantenido libre a El Toñín.
ledz