La crisis climática, los efectos de contaminación y la reducción del agua potable afecta, en mayor medida, a las familias que presentan diferentes carencias y que son más vulnerables en estados como Puebla y, en general, en todo el país.
Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, aseguró que los problemas ambientales impactan de diferente forma y requiere de la sensibilidad de las políticas públicas.
Resulta imposible responder al calentamiento global que se presenta en diferentes grados si se continúa perpetuando el modelo basado en la extracción de recursos naturales y la consecuente generación de residuos sólidos y basura.
“Es necesario comprender las vulnerabilidades desde una perspectiva heterogénea, pues la crisis climática, si bien global, se vive de manera diferenciada por diferentes grupos sociales. Si bien, se presentan avances institucionales, no podemos pensar que es meramente un asunto ambiental. La secretaría tiene que trabajar en concurrencia y sensibilidad con otras políticas públicas”, resaltó la especialista.
Al gobierno estatal le corresponde articular y coordinar esfuerzos desde todos los frentes; mientras que a las organizaciones civiles les toca la tarea de dar voz a quienes sufren los estragos de la crisis socioambiental.
“Algunas de ellas visibilizan las problemáticas; otras, se convierten en vallas de contención frente a proyectos extractivistas”, explicó la investigadora.
Durante foro organizado por la Ibero Puebla, Campos Cabral señaló que los espacios educativos deben generar análisis permanentes sobre la situación climática a nivel local y global y velar por la aplicación de los marcos legales ya existentes.
“La invitación es a apropiarse de los gritos de auxilio emanados principalmente de defensores del territorio y activistas jóvenes”, destacó Campos Cabral.
Por su parte, Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resources Institute México (WRI México), destacó que existen tres grandes transiciones que deben ocurrir en las grandes ciudades: el abandono de energías contaminantes; un reajuste en el ordenamiento urbano; y el uso responsable de suelo y agua.
Los gobiernos estatales tienen gran incidencia en la regulación de las ciudades, mayor que el de las autoridades federales, añadió la directora de WRI México, quien explicó que la movilidad, las edificaciones y la gestión de residuos son tres aristas en las que alcaldías y gobernaturas deben incidir para reducir la huella de carbono.
“El reto de la transversalidad de la política es enorme. Las secretarías de medioambiente son más pequeñas”, comentó la especialista.
Adriana Lobo señaló que, en el caso de la WRI, la misión se enfoca en construir puentes entre las academias y los gobiernos para poner en práctica el conocimiento científico. “El cambio climático sigue siendo un tema de pocos. Es muy importante cómo se aterriza en el día a día”.
CHM