M+.- En Coahuila, 127 personas desaparecieron en casos donde corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno, las mismas que se supone deberían proteger a los ciudadanos, fueron señaladas como responsables. La mayoría de los señalamientos apunta a policías municipales.
Sin embargo, frente a ese número, el Poder Judicial reporta apenas cuatro sentencias por desaparición forzada hasta 2025.
La distancia entre ambos datos retrata uno de los mayores pendientes para las familias buscadoras: mientras los expedientes acumulan nombres de corporaciones y agentes señalados, son pocos los casos que han terminado con una sentencia.
La información fue obtenida por MILENIO mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a partir de una solicitud dirigida a la Fiscalía General del Estado. El registro comprende los casos ocurridos entre 2007 y 2025 y los distribuye en las cuatro regiones de Coahuila.
La Región Laguna concentra 58 casos, seguida por la Región Norte, con 24; la Sureste, con 20, y la Centro, con 18.
El desglose entregado por la Fiscalía mediante la solicitud con folio 830096900019326 muestra que las policías municipales aparecen involucradas en 67 casos.
Entre las corporaciones señaladas están las de Torreón, Saltillo, Matamoros, Francisco I. Madero, San Buenaventura, Piedras Negras y Allende.
A la lista se suman 17 casos en los que estuvieron implicados integrantes de los grupos de élite conocidos como GATES, GATEM y GROMS.
Los GATES eran los Grupos de Armas y Tácticas Especiales; los GATEM, los Grupos de Armas y Tácticas Especiales Municipales, mientras que GROMS corresponde a Grupos de Reacción Operativa Metropolitana.
El informe también registra ocho casos con integrantes de la extinta Policía Federal, cuatro con elementos del Ejército y seis con personal de la Marina.
Los demás casos se distribuyen entre corporaciones estatales, judiciales y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Del señalamiento a la sentencia
El número de casos en los que aparecen involucradas corporaciones contrasta con el resultado en los tribunales.
El Poder Judicial informó previamente, también mediante una solicitud de transparencia hecha por MILENIO, que hasta 2025 existían cuatro sentencias por desaparición forzada.
En esos procesos fueron condenados tres expolicías de Saltillo y dos de Torreón, por hechos ocurridos entre 2011 y 2021, respectivamente.
Así, mientras la Fiscalía registra 127 desapariciones con señalamientos contra corporaciones de seguridad o de gobierno, las sentencias por desaparición forzada contabilizadas por el Poder Judicial son cuatro.
Es una brecha que las familias conocen desde hace años: expedientes abiertos, investigaciones que se prolongan y personas que siguen sin ser localizadas.
Con 3 mil 688 ausencias
Coahuila ha construido en los últimos años un entramado institucional para atender la desaparición de personas.
Iniciativas como Red Lupa permiten revisar la existencia de leyes, reglamentos e instituciones destinadas a la búsqueda.
En su evaluación, Coahuila aparece con una catalogación de «nivel medio inferior de gravedad».
Entre los avances reconoce la existencia de una Comisión de Búsqueda, una Fiscalía Especializada, una Comisión de Víctimas, un Panteón Forense, la Ley de Víctimas, la Ley de Desaparición y la Ley de Declaración de Ausencia.
Pero también identifica pendientes, entre ellos la creación de un consejo ciudadano que dé seguimiento a las acciones gubernamentales.
El informe más reciente, con corte a mayo de 2026, contabiliza tres mil 688 ausencias en el estado.
La tendencia ha ido a la baja respecto de los años más críticos, pero las desapariciones no han dejado de ocurrir.
"Los casos de desaparición en Coahuila aumentaron a partir de 2008, siendo 2010 y 2011 los años con la mayor concentración de casos, con 525 y 515 personas, respectivamente.
"A partir de 2015 los casos registrados en el estado disminuyeron y se mantuvieron en números bajos hasta 2022, donde se da un repunte hasta 198 casos; el año siguiente disminuyó a 111 para luego subir hasta 124 y, finalmente, en 2025 se registraron 64 desapariciones", destaca el informe.
Torreón concentra la mayor cantidad de casos. Para mayo de 2026, el municipio registraba 1035 personas desaparecidas. Después aparecen Saltillo, con 642; Piedras Negras, con 641; Acuña, con 237, y Monclova, con 233.
El reclamo llegó hasta la ONU
Para las familias, las cifras no son únicamente estadísticas. Son nombres y expedientes que llevan años sin una respuesta.
Ante la falta de resultados para localizar a sus familiares, colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y el Centro de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" llevaron la situación al ámbito internacional.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó dar seguimiento a la solicitud de aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En su momento, el organismo recopiló información sobre patrones y casos documentados en entidades como Coahuila entre 2009 y 2016.
Leyes, sí; resultados, no para todos
En julio, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem) y Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila reclamaron que en el estado no existe una búsqueda ni una investigación efectiva.
Las organizaciones reconocieron que Coahuila es un referente en la creación de leyes, pero señalaron que el problema está en su implementación.
Por ello exigieron más presupuesto, específico y participativo, para las labores de búsqueda e investigación.
Diana Iris, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007, reconoce que existen mecanismos de diálogo con las familias. El problema, dice, es que eso no necesariamente se traduce en verdad ni justicia.
"Hay muy poquitas carpetas, expedientes judicializados, y somos muchos de larga data donde no hay respuesta y donde las investigaciones nunca avanzan o sufren un agotamiento en el que ya no pueden continuar. Y esa es la parte que nos preocupa", señala a MILENIO.
También señala las carencias que enfrenta la Fiscalía de Coahuila y cómo estas terminan afectando la investigación de casos que llevan años abiertos.
"Le pedimos más recursos al gobernador porque se queja la Fiscalía Especializada en Desapariciones de que no tienen recursos para instalar una Unidad de Análisis de Contexto, que creemos que es lo que nos faltaría para poder investigar los casos abordando el tema de la macrocriminalidad, al ser de larga data".
Sobre las leyes y programas creados en el estado, reconoce que existen mecanismos de seguimiento para mejorar la calidad de vida de las familias buscadoras, aunque considera que tampoco alcanzan por la falta de recursos y difusión.
"Toda la agenda de trabajo que se lleva con el gobierno del Estado ha sido una simulación en el sentido de buscar y encontrar a las personas desaparecidas; más bien ha sido una agenda dándole más importancia al eje de apoyo integral. Son programas que, si bien es cierto que a veces por falta de recursos no funcionan al cien, ahí van, cascabeleando".
El marco legal para atender las desapariciones en Coahuila comenzó a construirse hace más de 10 años. Ahora, el propio colectivo Fuundec-Fundem prepara un foro para revisar qué tanto se ha aplicado, qué ha funcionado y cuáles siguen siendo los pendientes.
Porque entre las leyes creadas, las instituciones existentes y los tres mil 688 casos de personas desaparecidas, persiste una deuda que las familias siguen colocando en el centro: encontrar a quienes faltan y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
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