Antonio Juárez, abogado del médico Vicente Gerardo Grajales Yuca, dijo que su cliente fue acusado por presiones políticas, pues resultaba incómodo para las autoridades del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), porque “había un búnker VIP” para dar atención preferente a políticos.
“Un búnker VIP en el ISSTECH, alguien dijo vamos a hacer un lugar para hacerles favores políticos a la gente.
Cómo es posible que quieren culpar por pedir medicamentos a un médico que no los tenía al alcance para salvar vidas, cuando nadie ha estado buscando al director general que realmente no haya participado en la creación de este búnker VIP, que es delicado, le quitaron atención médica a mexicanos y mexicanas que tenían derecho a ocupar ese lugar y se lo dieron a políticos”, dijo Antonio Juárez.
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En conferencia virtual, el abogado aseguró que el doctor fue acusado indebidamente por Karen Alejandra Ramírez, hija de Miguel Arturo Ramírez, ex dirigente del partido Mover a Chiapas, quién falleció en julio por covid-19, debido a presiones políticas.
Explicó que una nueva prueba revela que dos días después de la fecha de la denuncia, Karen llamó al médico para agradecerle las atenciones a su padre.
“Resulta que Karen pone la denuncia el 18 de julio y el 20 tiene una conversación con el doctor, donde le dice: 'usted es un ángel en mi vida, gracias por todo lo que hizo con mi papá', lo que nos hace sospechar que ella no hizo la denuncia o la obligaron como fabricación de una prueba en contra del doctor”, aseguró.
Además, dijo que otra de las testigos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la doctora Ana Paula Rubiano, también fue presionada por las autoridades para declarar en contra del médico que se encontraba al frente del área covid del ISSTECH.
Antonio Juárez destacó que el médico Grajales se encuentra en resguardo domiciliario con dos policías afuera de su casa, vinculado a proceso, por lo que le concedieron cuatro meses para la investigación complementaria; no obstante, con los medios de prueba obtenidos, el abogado confía en lograr la liberación del médico en una semana.
“Esta defensa busca hacer notar que el doctor no es quien desfalcó, él no manejaba dinero, seguimos entrevistando testigos y nosotros consideramos que, si todo nos sale bien, la siguiente semana tenemos al doctor desvinculado de esto. No esperaremos a que se diriman los cuatro meses de la investigación complementaria”, dijo.
“El doctor sigue encarcelado nada más que ahora en su casa, tiene dos policías ahí abajo que no lo dejan salir. Ahora y datos sólidos que dicen que él no se benefició de esa bomba de infusión”, explicó el abogado.
En tanto, mañana se llevarán a cabo una serie de movilizaciones, principalmente en Chiapas y la Ciudad de México; mientras que el lunes, la Unión de Trabajadores por la Salud sostendrán una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que exigen la presencia de la titular Olga Sánchez Cordero.
AESC