Otro caso de una joven madre que teme a que su ex marido le quite a su hijo debido a que asegura las autoridades lo protegen más a él, es el de Jessica Anahí Andrade, quien a pesar de que ya había interpuesto una denuncia ante la vicefiscalía general del Estado de Durango, por violencia familiar, ésta no prosperó, mientras que de las cuatro que interpuso su ex marido en su contra, dos ya se judicializaron.
Como se recordará, uno de los casos más sonados recientemente en Gómez Palacio es el de Yamileth Meraz Aguirre, joven madre a quien desde octubre pasado, luego de una orden de aprehensión en su contra, le fue arrebatado su hijo de dos años, esto después de que su ex pareja la denunciara, y aunque ella también lo denunció por violencia física, violación, secuestro, con documentos que asegura comprueban estos delitos, las autoridades hicieron y siguen haciendo caso omiso a su situación mientras ella continúa desesperada sin saber el paradero de su hijo.
Su pesadilla comenzó el año pasado
En el caso de Anahí Andrade empezó a vivir una pesadilla desde el año pasado, cuando ya había empezado un proceso de divorcio del padre de su hijo, y creé que éste tenía la intención de quitarle al niño y sacarla de la casa. En ese periodo fue víctima de violencia física.
En un inicio, acudió a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, sin embargo fue precisamente ahí, en donde no le creyeron, e inclusive la alentaron para que cambiara su declaración y le pusiera que era una denuncia por la subsistencia del menor. De ahí la enviaron al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
“Me atiende una persona de nombre Claudia, y me dijo que no, qué ese no era ningún delito”
Esto debido a que en ese momento ya tenía la sentencia de divorcio y vivía aún en la casa la cual está a nombre de su ex marido.
Su falta de experiencia no le ha impedido enfrentar el temor que siente una madre al pensar que le pueden quitar a su hijo, esto inclusive aunque en las mismas dependencias encargadas de atender su caso, como la Vicefiscalía General en lugar de apoyarla, la han humillado, llamándola inclusive “pendeja” porque hizo lo que las mismas autoridades le aconsejaron que era interponer una denuncia por subsistencia del menor en lugar de violencia, y no había podido obtener la pensión.
Denuncias no se pueden judicializar
Fue hasta cuando acudió con el Instituto Estatal de la Mujer, en donde la asesoraron para que regresara a la Vicefiscalía y denunciara las agresiones de las que fue víctima, lo cual ocurrió en noviembre.
Para dar seguimiento a este proceso legal, tuvo que presentar testigos sobre su situación, y la mandan con el psicólogo de la Vicefiscalía de nombre Noé, para hacerle una valoración, y posteriormente en marzo siguiente, presenta los resultados, en cuyo dictamen es que no presenta ninguna afectación. “Entonces la carpeta de mi denuncia no se puede judicializar porque no hay daño psicológico”.
“En cambio él (el ex marido), presenta cuatro denuncias en mi contra, en una de ellas tiene acreditado por los mismos psicólogos de Vicefiscalía daño psicológico y lesiones, y tengo dos carpetas ya judicializadas que es por la retención de menores y de violencia familiar”.
Para Anahi Andrade, su ex pareja quien funge como Psicólogo en el Cefereso Gómez Palacio, ha tenido más beneficios que ella, y en las dependencias, le han dado más privilegios a él, que a ella que es la mamá del menor que tiene dos años.
Debido a esta situación, teme a que le vaya a quitar a su hijo, por lo cual solicita apoyo del fiscal general del Estado de Durango Daniel Rocha, pues aunque se haya abierto recientemente el Centro de Justicia para las Mujeres Región Laguna, dudan que la pueda ayudar y no solamente a ella, sino a todo el sector femenino que vive violencia, ya que la directora al parecer será Arcelia Cecilia Esparza Alcalá, quien como agente del Ministerio Público, al igual que en el caso de Yamileth Meraz, no ha podido hacer nada en su situación.
aarp