Desde 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de San Luis Potosí brinda apoyo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral a Silvia Castillo Hernández, quien este viernes irrumpió en la sede de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia en el homicidio de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo, ocurrido el pasado 26 de marzo del 2019, y quien se encontraba en calidad de desaparecido y fue hallado sin vida el 13 de mayo en San Luis Potosí.
El 3 de septiembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió la Recomendación 10/2020 dirigida a la Fiscalía General del Estado, que fue notificada al fiscal Federico Arturo Garza Herrera, que recomienda:
- Reparación Integral del Daño a Silvia Castillo Hernández y otras víctimas indirectas;
- Investigación efectiva y agote de todas las líneas de investigación propuestas por la madre.
- Otorgamiento de Medidas de Protección debido a que Castillo Hernández refiere temer por su seguridad debido a la proximidad a su vivienda de la persona que ella señala como uno de los autores materiales del homicidio de su hijo, y
- Procedimientos Administrativos a MPs que no le dieron la debida atención al caso y a las denuncias de la C. Castillo Hernández (Actualmente ya hay procedimientos en el Órgano Interno de Control).
Sin embargo, el pasado 4 de septiembre de 2020, Silvia Castillo Hernández solicitó apoyo e intervención a su caso al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. El 7 de septiembre, personal de la Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a Casos (DGAIC) se puso en contacto con la señora Castillo Hernández para explicarle que su caso no es de competencia federal.
De acuerdo con información obtenida por este medio, ese día se le informó que las autoridades de San Luis Potosí habían realizado, por instrucciones del propio titular del ejecutivo estatal y a través de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, acciones de coordinación institucional a fin de brindar una respuesta a sus demandas, explicándole el contenido de la recomendación estatal 10/2020 y la aceptación por parte de las Fiscalía General para asegurar la ampliación de líneas de investigación.
De tal forma, Castillo Hernández planteó tres peticiones para las autoridades de San Luis Potosí: justicia en el caso de la investigación del homicidio de su hijo; trabajo para su hijo David Alejandro Ibarra Castillo, y la participación de un investigador privado que coadyuvara en la investigación de la Fiscalía.
“Exigió de inmediato el encarcelamiento de las personas que ella señalaba como las autoras materiales del homicidio en contra de su hijo, por lo que se le pidió calma y análisis de la situación y el ofrecimiento por parte del gobierno estatal”.
El 8 de septiembre, se tuvo conocimiento a través de la CNDH que la madre de la víctima había abandonado el refugio en el que se encontraba, por lo que al siguiente día las autoridades estatales informaron que la señora Castillo Hernández volvió a su lugar de origen y sería atendida por aquella autoridad.
Sin embargo, el 21 de septiembre la mujer se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación exigiendo el cumplimiento de su solicitud, pero personal de la DGAIC respondió que no se había podido dar seguimiento a los acuerdos toda vez que ella había optado por retornar a su lugar de origen y estar siendo atendida por la autoridad estatal.
Situación que negó la señora Silvia Castillo por lo que solicitó de nuevo se le diera atención a sus exigencias, y se le dio cita para el mediodía del 22 de septiembre, cuando llegó en compañía de otras personas que se identificaron como activistas.
Personal de la DGAIC le comentó que el punto 1 y 2 habían sido concertados con las autoridades estatales y que por lo que hacía al trabajo de su hijo, su currículo había sido turnado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Estado para su canalización a la Secretaría del Trabajo Estatal.
No obstante, la señora exigió que la CEAV estatal contratara los servicios del investigador privado Julio Ceballos, a fin de coadyuvara en la investigación estatal, manifestando que no se iría de lugar hasta no ser satisfecha dicha demanda, procediendo a manifestarse al exterior de la Segob durante 8 horas, situación por la que la CEAV Federal (2 psicólogas, 1 trabajadora social y un abogado), personal de Segob y personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en una ambulancia, la atendieron.
Al lograr un acuerdo con la autoridad estatal que aseguro la disposición completa de la CEAV estatal a continuar con los apoyos institucionales, la señora Silvia Castillo Hernández decidió dar por concluida a las 21:25 horas su manifestación al exterior de la Segob para ser atendida en San Luis Potosí por las autoridades del estado.
Por parte de la CEAV de San Luis Potosí se refiere que se la ha brindado apoyo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral desde el año de 2019 por Gastos funerarios, abastecimiento, vales de alimento, traslados, atenciones médicas para consultas generales y psiquiatría y alojamientos.
Mientras que la Fiscalía General del Estado de San Luis acordó dictar medidas ministeriales de protección en favor de la señora Castillo Hernández, las cuales serán implementadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
bgpa