En Guerrero, al menos 22 grupos criminales se disputan plaza: DH Tlachinollan

Es en Chilpancingo donde convergen los intereses económicos de los grupos de poder por ser un paso obligado para la región serrana y la zona montañosa.

Al menos 22 grupos delincuenciales se estarían disputando el control. (EFE)
Sandra Rojas y
Ciudad de México /

Guerrero tiene una nueva reconfiguración política y criminal, esta última cada vez con mayor presencia en las comunidades indígenas, pues según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al menos 22 grupos delincuenciales se estarían disputando el control de los recursos naturales y las rutas de trasiego de droga en el estado, traduciéndose en extorsión, narcomenudeo, o incluso, desplazamiento forzado en comunidades enteras.

La organización no gubernamental, que preside Abel Barrera, ha logrado identificar en el último año las actividades de diversos grupos delictivos, así como sus principales lugares de operación, y en su informe correspondiente a 2021, construye un mapa criminal que documenta cómo convergen los distintos grupos criminales, así como su influencia en las siete regiones del estado, hoy gobernado por la morenista Evelyn Salgado.

Según el documento, es en Chilpancingo donde convergen los intereses económicos de los grupos de poder por ser un paso obligado para la región serrana y la zona montañosa, y lo califica como “un enclave estratégico para el control de las rutas”, hoy disputado por las organizaciones: Los Tlacos y el Cártel de la Sierra, en la llamada ruta de Chichihualco.

En la parte oriente de la capital del estado, se han registrado varios enfrentamientos por el control de la ruta conocida como circuito azul, que comunica a los Municipios de Mochitlán y Quechultenango: corredor que estaría tomado por el grupo de los Ardillos y que se extiende a los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa en la Montaña baja.

En la ruta que sale de Quechultenango rumbo a Ayutla también estaría ya controlada por los Ardillos, y un grupo no identificado que se desplaza desde Cuajinicuilapa a San Juan, Municipio de Igualapa, extendiendo su influencia en los Municipios de Marquelia, Copala y Cruz Grande.


Foto: AFP

En la Costa Chica, en el Municipio de Eduardo Neri, donde se mantiene una férrea disputa por este enclave, entre el grupo de los Tlacos, Guerreros Unidos y gente del Cártel del Sur.

En el crucero que conecta con las comunidades de Xochipala y Filo de Caballos, es una ruta dominada por parte de los Tlacos que han replegado a los del Cártel del Sur, que buscaron refugio en algunas comunidades de Chilpancingo.

En el crucero de Mezcala, municipio de Iguala, por los filtros que han impuesto los Tlacos en la ruta que va a Carrizalillo, y que en los últimos años, han diezmado la fuerza y la presencia de Guerreros Unidos, que también menguó su capacidad de fuego en la ciudad de Iguala.

Gobierno de AMLO “quedo a deber” en caso Ayotzinapa: ONU-DH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya “quedado a deber” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; mientras que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también aseguró que la “verdad alterna” de la 4T ya perdió fuerza.

“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, expresó el representante de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.


Durante la presentación del informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fernández-Maldonado destacó la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación del caso.

El representante de la ONU-DH señaló que existen “pactos de impunidad y silencio” que impiden a las familias conocer el paradero de sus hijos, por lo que es fundamental que la Fiscalía General de la República garantice que todo su personal y oficinas más allá de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso.


Foto: AFP

Además pidió a las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculicen el avance del caso.

Del mismo modo solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe contribuir al caso mediante el acceso libre a toda la información relevante conforme a la Ley, las omisiones o negligencias que dificulten o impidan el acceso a la información, deben ser investigadas y sancionadas.

Ayotzinapa, la justicia que se aleja

El informe, Tlachinollan dedica un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, donde detalla que pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador el caso aún no se esclarece.

Además señala que la tesis más consolidada cuya base descansa en el testimonio de Juan 'N que es Gildardo López Astudillo ('El Gil' del grupo criminal Guerreros Unidos), perdió fuerza debido a las comunicaciones entre 'El Gil' y Francisco Salgado Valladares subdirector de la policía municipal de Iguala que el Ejército reveló.

Sin embargo, pese a los obstáculos, el documento detalla que se ha consolidado una nueva indagatoria que se sustenta principalmente en tres líneas de investigación que se fortalecen con el impulso de las pesquisas: el crimen organizado vinculado con agentes estatales, el Ejército y la Policía Federal.

Para Tlachinollan las reuniones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el Presidente de la República son espacios de diálogo de gran trascendencia, permiten hacer un diagnóstico de los avances en las búsquedas y las investigaciones, así como los obstáculos que se presentan; en estas reuniones se logró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tiviera acceso a los archivos del Ejército.

“La CoVAJ deberá dar seguimiento a los incentivos legales para informantes y colaboradores eficaces, visitas a detenidos por el caso Ayotzinapa en los distintos penales para seguir buscando información, es necesario apostarle al rompimiento de los pactos de silencio y mantener las búsquedas en terreno, redoblando la seguridad perimetral a personal de búsqueda y contar con peritos calificados y de confianza que asegure el éxito de las diligencias”, menciona el informe.

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  • Amílcar Salazar Méndez

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