En Guerrero, el crimen organizado está diversificado. Los grupos criminales que históricamente habían controlado la droga volvieron a tomar el control de los recursos naturales como la minería o la madera, las rutas para la distribución de cerveza y refrescos, y según las denuncias que hace públicas el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, desde las elecciones de junio pasado a sus funcionarios públicos.
En entrevista con MILENIO, Rangel Mendoza habla sobre los problemas que se generaron a partir de la reorganización política y criminal en una entidad que había logrado vivir en una ‘pax narca’ hasta las elecciones pasadas, responde a las declaraciones del padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio -quien le pide no entrometerse en asuntos públicos- y crítica a los políticos que quieren minimizar la violencia, y a quienes se han hecho cómplices de los criminales. No obstante, confía en que con los planes para rescatar al estado, ahora sí, el gobierno de la República no abandone a Guerrero.
Salvador Rangel Mendoza conoce las entrañas del estado, las ha visto de cerca, habla con la gente, dice lo que piensa, y a veces de más; así como oficia una confirmación multitudinaria en la catedral de Chilpancingo también sube a la región de la montaña para escuchar a las comunidades indígenas que apenas hablan español, incluso en regiones en donde no existen servicios de Salud o la educación a distancia, convirtiéndose en una voz indispensable para tratar de entender un estado con mil 130 homicidios dolosos hasta octubre pasado, de los cuales 851 estarían vinculados al crimen organizado.
Es obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa habla sin miedo a políticos o caciques que minimizan la situación, o incluso ante grupos criminales ligados al narcotráfico que le ha emboscado e intimidado en las zonas más recónditas del Estado, y los que -acusa- comenzaron a gobernar en Guerrero.
Reconoce que la problemática no es nueva, pero critica lo que está en el fondo y que habría comenzado cuando la delincuencia se apoderó de las urnas.
“Atrás de muchos políticos, atrás de muchos gobernantes existen los grupos delincuenciales, en esta última votación del seis, el mismo crimen organizado puso a muchos presidentes municipales y algunos diputados. Es más, aquellos que no pudieron colocar, los están llamando ahorita a que se adhieran a sus propuestas”, advierte.
“Pero llegó este otro nuevo grupo y está haciendo lo mismo; secuestrar, asesinar, cobro de piso, levantamiento de personas”.
Las denuncias vendrían de los feligreses que han encontrado refugio en la diócesis, y que se habrían intensificado en los últimos meses derivados de esta reorganización político-criminal.
“Sabemos también que Guerrero es rico en minería; el oro y la plata, también esos señores ya se adueñaron de las minas, tanto los dueños, como de los trabajadores, por lo menos yo sé que aquí en la zona cada año a cada trabajador le piden 10 mil pesos, más todo lo que tienen que dar los dueños de las minas, lo mismo la cuestión de la madera, pues crimen ya está diversificado.
“Controlan la carne de cerdo, la carne de res, controlan el pan, la cerveza, control el refresco en ciertas zonas de por lo menos de mi diócesis y de Guerrero pues se vende el refresco que ellos quieren que se venda, se distribuyen la carne al precio que ellos quieren, el pollo, o el huevo, es lo que estamos haciendo nosotros y es por ello que hecho una exhortación a las autoridades de nivel federal estatales y municipal que necesitamos se haga algo en bien de las personas”.
Las palabras del obispo y las denuncias que él recibe tienen números, que según cifras del Secretariado Ejecutivo, se han registrado 187 extorsiones en lo que va del año, 19 reportadas en octubre, y mil 827 amenazas, 184 de ellas en octubre.
La consecuencia de la penetración del crimen y de la falta de oportunidades, estaría generando desplazamientos forzados y en la migración, pues la gente -señala- “no tiene ni chile para comer”.
“Cuando se dejó de pagar la amapola la gente se fue de la ciudades o se fue hasta Estados Unidos, ojalá que hubiera esas oportunidades, hay grandes programas a nivel nacional y Dios quiera que esos programas; sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro; otro tipo de cosas pudieran ayudar a la gente de Guerrero”.
Respecto al paquete de programas anunciados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para pacificar Guerrero, el obispo da su voto de confianza y reconoce que se trata de una oportunidad para ayudar al pueblo.
“Yo creo que el gobierno federal tiene la posibilidad de ayudar a estos, a este estado de Guerrero que también es México y ojalá que por ahí fuera la salida, como en lo mismo mejorar la cuestión educativa, las fuentes de trabajo, que hubiera un poquito más, el turismo que es propio de Guerrero, creo que sí hay solución pero yo quisiera que el gobierno federal voltearon los ojos a Guerrero”.
Así también hace una reflexión sobre un problema que ha cobrado más relevancia en los últimos meses, que en números se traduce en 13 feminicidios hasta octubre de este año.
“En Guerrero se da la violencia contra la mujer parte de lo machista que es el pueblo de México y el pueblo de guerrero, y también por la falta de oportunidades que tienen las mujeres y que dependen totalmente del macho, del marido; también hay que ser conscientes, también quien está haciendo los feminicidios o es el narcotráfico, porque a veces hablan las periodistas, han matado más de 40 aquí en el estado; o el mismo los mismos políticos, cuando no les conviene, sacan las armas y las mandan asesinar”.
Y sobre los llamados ellos usos y costumbres -asegura- “es más bien por la necesidad que tiene la gente que no tiene que comer y lo único que tiene para vender son sus hijos”.
“Para mí la salida sería darles oportunidad económica que tengan de que vivir esas personas y una educación por qué es falta de educación es falta de cultura y es la necesidad de vender a los hijos para poder comer.
“Son usos y costumbres por la necesidad si se ataca, si se les da que comer, si se les da educación pues el uso y costumbre va a cambiar”.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez se dice consciente del problema de inseguridad que vive su municipio, pero no por eso elude las responsabilidades que le corresponden en cuanto a la prevención y el contacto ciudadano, no obstante –dice- es el gobierno del Estado y de la República quienes tienen a cargo la estrategia.
En entrevista con MILENIO, la presidenta municipal reconoce que sus declaraciones vertidas en noviembre, cuando dijo que la seguridad no dependía de las instituciones, fueron “descontextualizadas”, pues “la inseguridad es un tema a nivel nacional, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde.”
“Creo que se descontextualizó la forma en cómo a lo mejor me plantearon la pregunta y cómo lo dije, creo que a veces no poder definir estos temas y puede traer algunas confusiones.
“A mí me queda claro que el tema de la inseguridad es un tema a nivel nacional, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, desde la prevención del delito, desde la mediación, desde hacer comités, que nos permite tener una cercanía con la gente, detener una policía de proximidad”.
En este sentido, destacó que desde el municipio, en los dos meses que lleva la administración, se ha trabajado en la certificación policial, en la profesionalización de la corporación para generar confianza en la ciudadanía y en la creación de una policía de género.
En cuanto a la responsabilidad de la ciudadanía, refiere:“que la gente pueda también tener la forma de poder solucionar conflictos antes de que se conviertan en delitos en lo que a nosotros nos corresponde; por eso estamos haciendo estos comités”.
Sin embargo, para la pacificación del municipio, “es una tarea de todos”; en principio, porque “a nosotros nos toca la prevención, y al gobierno estatal y federal le corresponde la estrategia, la táctica que nos permita definir el plan de seguridad”.
Con información de Pablo Maldonado.
ledz