La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la dependencia mantiene abiertas más de cinco carpetas de investigación contra igual número de presidentes municipales en Puebla, por su presunta participación en diversas actividades ilícitas que han captado la atención de las autoridades tanto locales como federales.
Durante una entrevista, la fiscal evitó revelar los nombres de los funcionarios bajo escrutinio o los delitos específicos que se les imputan.
Esta reserva de información explicó, responde a la confidencialidad inherente al debido proceso y al hecho de que, en la mayoría de estos casos, las indagatorias han sido atraídas por la autoridad federal, lo que limita la capacidad de la FGE para difundir detalles que puedan entorpecer las diligencias en curso.
“En algún momento yo les había dicho que teníamos abiertas investigaciones contra algunos alcaldes; son más de cinco, pero no puedo dar a conocer los delitos porque es información confidencial que lleva la federación”, subrayó Pastor Betancourt.
Respecto a la situación del edil de Esperanza, Isaac “N”, quien fue detenido el pasado 7 de septiembre durante el despliegue del denominado “Operativo Enjambre”, la fiscal confirmó la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Este caso ejemplifica el nivel de coordinación interinstitucional, pues la FGE ha colaborado estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR), proporcionando la información necesaria para el desarrollo de la causa penal, dado que los cargos están directamente vinculados con la delincuencia organizada.
“Ha habido una colaboración estrecha, entregamos la información necesaria porque es un tema de crimen organizado que compete estrictamente a la instancia federal”, explicó.
La captura de Isaac “N”, junto con otros ocho implicados en el operativo nacional, marca un precedente importante en la fiscalización de las administraciones municipales.
La Fiscalía estatal ha reiterado que, independientemente del cargo público que ocupen, el estado de derecho prevalecerá contra cualquier funcionario que haya infringido la ley, manteniendo un monitoreo constante sobre las administraciones locales en la entidad para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción.
CHM