El matrimonio forzado es apenas un eslabón en la cadena de violencias que, disfrazadas de “usos y costumbres”, se arraigaron en la región de La Montaña de Guerrero, donde a diario cientos de niñas y mujeres sufren el maltrato físico, psicológico y sexual entrañados en una práctica que más tarde se convierte en esclavitud, y -en el peor de los casos- culmina en feminicidio.
En esta región de la Mixteca, donde imperan los llamados usos y costumbres, las mujeres indígenas son “víctimas de la falta de atención de las autoridades”; mientras que las familias, “ante la escasez de dinero, están viendo que pueden obtener un ingreso a través de los hijos”, según explica a MILENIO Abel Barrera, director del Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, organización no gubernamental que se ha encargado de darle acompañamiento a las mujeres indígenas para salir de la reclusión.
Una revisión que hizo la Red por los Derechos de la infancia en México (Redim) con números del censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que en Mexico habría 285 mil 434 adolescentes de entre 15 y 17 años (218 mil 201 mujeres y 67 mil 233 hombres) casados o en unión libre, mientras que en un rango de edad entre 12 y 14 años, 18 mil 974 niñas y 9 mil 89 varones vivían en la misma condición, aunque no todas las uniones son registradas.
Los datos también muestran que el matrimonio infantil es un fenómeno que se replica principalmente entre las menores de entre 15 y 17 años en entidades como Chiapas (11.8 por ciento), Guerrero (11.1 por ciento) y Michoacán (10.2 por ciento); y entre los 12 y 14 años, alcanzaría el uno por ciento.
La misma estadística muestra que 24 de las y los adolescentes que legalmente contrajeron matrimonio el año pasado lo hicieron con un adulto, pese a la modificación del Código Civil Federal, que estableció la mayoría de edad como requisito para hacerlo.
Sin embargo, en lugares como La Montaña de Guerrero no requiere del marco legal para ser válido ante la comunidad, del mismo modo que se ignoran las leyes a la hora de garantizar los derechos de las niñas y mujeres.
El caso más reciente, el de Angélica, una víctima de unión forzada que fue encarcelada por negarse a que su suegro a ser violada, y quien, siendo una niña, se convirtió en un ejemplo al armarse de valor para denunciar una estructura patriarcal, y evidenció el cómo “las instituciones pasivas dejan inermes a las niñas indígenas”, según el mismo Abel Barrera.
El también antropólogo, reconoce que las violencias difícilmente podrán erradicarse con acciones teledirigidas desde la ciudad o con el reparto de escuetos programas sociales, mientras no existan oportunidades laborales, de educación, o continúe un vacío de las instituciones.
“Pero el otro problema es que no hay en qué trabajar, no hay un trabajo remunerado en esas comunidades; no hay escuelas para que las niñas tengan al menos la ilusión de que pueden ser profesionistas y darles un horizonte muy diferente, en lugar de decirles que a los 11 años te vas a casar”, criticó.
“Las instituciones no pueden ser omisas, y sentimos que son cómplices”, advirtió.
Desde su experiencia explicó, que en primer lugar se debe cubrir el vacío de las instituciones, pero no por la vía de la penalización, sino con acciones focalizadas, porque el problema está focalizado, principalmente, en municipios como Cochoapa el Grande o Metlatonoc.
“Se deben definir protocolos sobre cómo van a intervenir las autoridades municipales, cómo van a intervenir los tres niveles de gobierno”, pues las soluciones plasmadas hasta ahora, las califica como “ineficientes y obsoletas”.
Parte de la responsabilidad, dijo, está en el Congreso de la Unión “que no está emitiendo leyes a la altura de las exigencias”; pero también en las instituciones que se han creado expresamente para combatir la violencia, y de manera particular en los ministerios públicos que han sido desmantelados. “Hay una ministerio público para atender a mujeres, pero no tienen ni hojas, ni tinta para la impresora, cosas tan básicas no hay; están desmanteladas”.
Expresó también un reclamo ante la firma de convenios y las alertas de género, que se han convertido en campañas de sensibilización con folletos que nadie lee, porque la gente no sabe leer, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 12 de cada 100 personas de 15 años o más en Guerrero no saben leer ni escribir y solo 42 por ciento de su población asiste a la escuela después de los 14 años.
“Se tiene que tomar decisiones tomando en cuenta el contexto cultural, sin violentar los derechos humanos, y sobre todo escuchando a la población, porque si sigues dando recetas desde el centro de la ciudad, son dos mundos que se complementan, pero tienen lógicas diferentes, y se requiere entender que el mundo es otro, que la cosmovisión es otra”, aseveró Barrera.
“Desde esa óptica –dijo- se requiere dar educación, salud, recreación, deporte, oportunidades para desarrollo de habilidades artísticas, y que los niños puedan voltear a ver que el paisaje es para que jueguen, y no se enfrenten al verdugo”.
En este mismo tono sugiere “una intervención micro con directrices macro, con programas que realmente vayan pensados en el desarrollo de niñas y niños”, mismos que representan la mayoría de la población en esta entidad con 1 millón 34 mil guerrerenses entre 0 y 14 años, de los cuales 174 mil son niñas entre 4 y 9 años de edad y 172 mil entre 10 y 14.
“Si damos por hecho que con mil 500 pesos de un programa social… Eso no resuelve el problema, no es la panacea; tenemos que buscar otras formas de reducir la desigualdad y la brecha”, remarcó el activista.
“Es muy cruda la realidad de las familias que no saben qué van a comer mañana, no hay mañana en términos de salud, el mañana es dolor, el mañana es hambre, el mañana son lágrimas, son golpes, ese mañana es el que no se quiere ya. ¿Cómo garantizar que no haya tristeza en la montaña?”, cuestiona.
Hoy, Abel Barrera confía en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la gobernadora Evelyn Salgado no dejen a La Montaña en el desamparo, y ojalá que los dichos “se transformen en políticas públicas para que el sufrimiento de Angélica –como el de muchas más- no sea en vano”.
Pero este es un problema que no solo se vive en La Montaña, pues el llamado de las Organizaciones de la Sociedad Civil para que las autoridades atiendan con urgencia este fenómeno rebasa las fronteras. Según información de ONU Mujeres “América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes.”
El organismo ha advertido que sin acciones e inversiones aceleradas, América Latina y el Caribe, donde uno de cada cuatro mujeres se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años, ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y uniones tempranas para 2030. Ahí está el gran reto para la gobernadora de Guerrero, donde “a la mujer ya la ven como un objeto”.
Neil Arias Vitinio es abogada de Tlachinollan, y desde 2014 ha monitoreado la violencia contra las mujeres en la montaña, a la fecha hay 77 casos de muertes violentas documentadas en la región de la Montaña, una violencia que –advierte- “ha escalado de nivel”.
“A la mujer ya la ven como un objeto, un objeto; aquí, la costumbre es que se va a la casa del esposo, donde viven los suegros, y ahí empieza a vivir una situación, la mujer enfrenta un viacrucis, un caminar complicado porque desde que llega a la casa del novio empieza a sufrir violencia”, lamentó.
“Conforme va pasando el tiempo ellas siguen siendo sometidas bajo el yugo del marido, de los suegros, y cuando empieza a haber hijos, y la mujer decide ya romper con la violencia y dice ‘ya no quiero vivir con mi pareja’, son condicionadas: ‘y te vas sin hijos, te vas sola’, y aparte les imponen otra cuestión de que hay que reintegrar el dinero”.
El problema, puntualizó, empeora cuando una mujer denuncia, ya sea ante un comisario ejidal, ante una síndico, o incluso ante un ministerio público, pues es cuando las meten a la cárcel, o bien, son exiliadas de sus comunidades.
“Para que las mujeres indígenas accedan a la justicia, la justicia tiene un costo porque tiene que haber dinero de por medio”, concluyó.
ledz