Frente al fogón del restaurante en el que trabaja en Arizona, César Rodríguez piensa en Fresnillo, en cómo la vida te puede cambiar en un santiamén. Recuerda cuando escuchaba sobre la inseguridad como un asunto ajeno hasta que el 4 de febrero de 2022 secuestraron a su sobrina, a quien quería como a una hija.
Era la niña de sus ojos y un comando armado se la llevó. Los pistoleros llegaron a su casa, dispararon a diestra y siniestra, hirieron a la abuela y a la madre y raptaron a la muchacha. Dejaron sin madre a un bebé y añadieron un caso más a la lista de casi 5 mil personas desaparecidas en el estado de mayo de 2006 a la fecha, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“Ella quería estudiar medicina y yo le dije que la iba ayudar en lo que pudiera, pero ella creía que se necesitaba mucho dinero y dijo que iba a trabajar un tiempo para juntarlo”, recuerda el tío, quien ha visto la descomposición que, año con año, ha experimentado la tierra zacatecana.
De acuerdo con datos oficiales, los homicidios pasaron de 450 en 2015 a mil 773 en 2022, un incremento de 294 por ciento. En ese mismo periodo, las extorsiones saltaron de 98 a 527, un aumento del 438 por ciento.
La sobrina había encontrado empleo como asistente de dentista, pero pronto descubrió que el salario de policía era un poco más alto y así se metió a vigilar Jerez en uno de los peores momentos para ser vigía en un estado que disputan el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Tenía 23 años. Era muy guapa y los vecinos concluyeron que le había gustado a uno de los malos, pero son meras conjeturas. Lo cierto es que días antes del rapto mataron al marido, que también era agente de seguridad municipal.
La violencia tomó por sorpresa a la gente del barrio de los Ródríguez, de Jerez, del estado y hasta en Estados Unidos, donde vive la mitad de la población zacatecana que entre los dos países suman más de 3 millones, de acuerdo con cifras del gobierno del estado.
César Rodríguez recuerda que todavía hace tres años llevaba juguetes y los repartía sin ningún temor.
“Escuchábamos cosas que pasaban, pero como que no pones atención hasta que te pasa a ti”.
Cuando las cifras empezaron a crecer, los migrantes no hicieron mucho caso. Quienes tenían la oportunidad de ir y venir entre México y Estados Unidos por tener documentos, lo hicieron aunque día tras día, las noticias salpicaban más oscuras hasta California, Chicago, Arizona… ¡A todos lados a donde los zacatecanos han emigrado!
Entre ellos, comenzaron a cuestionarse. ¿Mejor fuera del terruño que cerca de las matanzas, decapitaciones, colgados, balaceras? ¿Preferible el destierro a ser víctima de autoridades corruptas, de civiles armados, de los toques de queda, extorsiones, secuestros, reclutamientos forzados para el sicariato, como ha documentado la prensa de todas partes?
Abelardo Segura, ex presidente del Club Tepetongo de la Federación Zacatecana de Illinois, llegó a la conclusión de que sí: “Sí, mejor lejos”. No tiene dudas sobre lo que significa la inseguridad para los migrantes: “Nos ha afectado a tal punto que hemos dejado de ir”.
Los zacatecanos en Estados Unidos son una población con ciertas ventajas respecto al éxodo de otros estados porque fueron de las primeras generaciones que emigraron con el programa Braceros (1942-1964) y luego volvieron por su cuenta o se quedaron. Posteriormente, la Amnistía de 1986 los benefició con la legalización junto con sus hijos. Son binacionales en el papel y el corazón.
“Me duele mucho no poder ir allá, donde tengo familia y pertenencias. A mi hijo le encanta ir, llegábamos a ir hasta cuatro veces al año y desde hace cuatro no lo llevamos porque no podemos llegar a nuestra casa o vamos a escondidas”, precisa Segura.
Desde Los Ángeles, Guadalupe Gómez, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, cuenta que, aunque él sí ha podido regresar al Cañón de Juchipila porque ahí aún no hay tanta violencia, las consecuencias de la inseguridad tocan suelo estadunidense en forma de migración forzada.
Los clubes de migrantes zacatecanos han tenido que apoyar a los desplazados que llegan a Estados Unidos traumatizados, con una mano adelante y otra atrás, sin contexto y sin ganas de estar allá porque es gente que no hubiera salido de su tierra, de no ser porque los echaron por la fuerza, porque quedaron en medio de dos fuegos o les quitaron casas, tierras, paz.
“Para ayudarlos hacemos tamales, rifas, colectas, bailes, se fijan cuotas… porque todo cuesta. Para distribuir la comida tenemos que rentar trocas, tenerla refrigerada”, recuerda Gómez, quien ha sido presidente de la FCZSC en cuatro ocasiones.
Más allá de esta solidaridad, reconoce que no pueden hacer más.
“La inseguridad deben resolverla en los tres niveles de gobierno y más en el nivel federal porque es el que tiene a las Fuerzas Armadas y es su obligación”.
La frustración de ver caer a los suyos de lado sur de la frontera provoca en el éxodo una doble desazón: la violencia misma y la ingratitud porque ven “indiferencia” del gobierno a pesar de lo ellos hacen por enviar remesas que pasan por tres impuestos, el de la Renta en Estados Unidos, la comisión bancaria y el IVA por el consumo en México.
“¡Qué lamentable es la política!”, resume Gómez. “Ahora nos toca lidiar con la violencia cuando lo que queremos es trabajar y ayudar en México”.
Las cifras
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en las denuncias oficiales que se hacen en las fiscalías estatales y sin tomar en cuenta los casos que no se denuncian, explican con frialdad la realidad de los últimos años en Zacatecas.
En 2015 se contabilizaron 450 homicidios; tres años después, hubo 850 al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2019, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajó a 813 para luego repuntar en 2020 con mil 213 y de ahí se fue al pico más dramático en 2021, con mil 989 asesinatos. En 2022 sumó mil 773 y hasta el 21 de abril del presente año van 403.
En el caso de los desaparecidos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calcula que en Zacatecas hay alrededor de 30 mil desplazados de 15 municipios desde el 2012 a la fecha.
Igual que en el caso de los asesinatos, el 2021 se ensañó con la localidad donde los grupos armados provocaron 10 desplazamientos masivos con 3 mil 693 víctimas.
Algunas vivencias de Abelardo Segura, el migrante de Illinois, humaniza estos y otros datos duros como el que reconoce el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle, sobre el nivel de impunidad en el estado que ronda el 90 por ciento.
En 2021, el migrante tuvo que cambiar de planes para unas vacaciones planeadas en Tepetongo porque los delincuentes tomaron su casa; poco antes habían quemado la de un vecino porque no quiso entregar sus camionetas.
Al año siguiente su hermano insistió en arriesgarse para visitar el pueblo, estaba recién casado y quería compartir con su esposa un paseo por la zona. Se dirigía hacia la población de Pancho Rey cuando quedó en medio de una balacera. Uno de los dos bandos de criminales lo agarraron junto con su esposa y un amigo.
“Les pusieron la pistola en la cabeza, les quitaron el carro, los teléfonos y las chamarras y le dijeron que se fueran caminando hacia la carretera”, cuenta. “Escuché todo por teléfono”.
Como él es parte de un club de zacatecanos binacional, tiene chat grupal en WhatsApp con gente de ambos lados de la frontera. En éste leyó que alguien advirtió sobre un enfrentamiento armado por la zona donde su hermano se encontraba. Le marcó sin éxito una y otra vez hasta que contestó con el botón.
No habló pero dejó que Abelardo escuchara desde Illinois las amenazas de los delincuentes en Zacatecas y los balazos de fondo.
“No se lo deseo a nadie, es indescriptible lo que sientes, porque no puedes hacer nada y estás lejos”, describe Abelardo.
Al final del episodio, el hermano y la cuñada sobrevivieron para contar su vivencia en el lugar de los hechos: cuando iban caminando por la carretera después de que los dejaron sin el vehículo, el aire de las balas pasaba rozando cerca de sus cabezas.
“¿Qué ganas te van a dar de volver?”, concluye Segura.
SOS
Diciembre pasado fue un termómetro. Las autoridades zacatecanas dijeron a los migrantes que podrían viajar, que los cuidarían policías municipales y estatales… y hasta la Guardia Nacional. Muchos se animaron y les fue bien, como a la caravana de 200 vehículos que partió de Laredo hacia 17 municipios de Zacatecas con mil 300 migrantes.
Para otros, por el contrario, las Fiestas Navideñas fueron un trago amargo, como para un convoy más pequeño de 22 personas que venía de California y Arizona en seis vehículos que atacó un comando armado, según quedó asentado en una denuncia en la fiscalía local que se sumó a siete quejas más que hicieron en Guanajuato otros migrantes.
El momento clímax que puso el foco rojo por esas fechas fue el asesinato de José Melesio Gutiérrez, un ciudadano estadunidense de 36 años, quien trabajaba en la empresa Champlin Architecture, con sede en Cincinnati, Ohio.
Gutiérrez y su prometida, Daniela Pichardo, de 31, viajaban por el poblado de Las Víboras, acompañados de una prima y una amiga de ella, cuando fueron atacados por un comando. Fueron reportados como desaparecidos y tras una búsqueda atizada por la indignación de Estados Unidos, los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina.
En entrevista con MILENIO, Iván Reyes, secretario del Zacatecano Migrante, dijo que, frente a esta realidad, “es importante” que los migrantes pidan acompañamiento del Estado si creen necesario alguna acción para garantizar su seguridad o dar seguimiento a denuncias.
“Podemos canalizarlas con las autoridades correspondientes, con la secretaría de Seguridad Pública y autoridades federales para que puedan tener la atención”, detalló. “Los vamos a estar representando”.
—¿Con qué pueden contar los migrantes zacatecanos?
—Con el acompañamiento y el respaldo del gobierno del estado para la asistencia en cualquier tema que ellos lo requieran: tenemos Guardia Nacional en carretera y se sumó el operativo Friz, la fuerza de reacción inmediata, con el operativo Carrusel en las carreteras y otras posibilidades de comunicación.
Estos canales son por correo: sezami@zacatecas.gob.mx; el número de teléfono fijo: +52 492 491 5000 ext. 37100 y el WhatsApp +492 117 6891.
Para Rodolfo García Zamora, investigador en estudios de desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la inseguridad actual se finca en la impunidad.
“Se sabía que desde los años 70 Zacatecas era un espacio de tránsito de narcóticos, de marihuana y luego de los derivados de la goma del opio”, precisa.
Después, a principios del Siglo XXI siguieron algunos secuestros a familiares de migrantes a quienes les pedían el rescate en dólares y robos de equipo a los proyectos del 3x1.
Pero lo que dio la estocada a la paz de Zacatecas, explica, fue la decisión de los cárteles para controlar los territorios y así operar sin ser molestados tanto en el tráfico y producción de drogas como en el cobro de piso, el secuestro, la extorsión y todas las actividades ilícitas.
Por todo esto, remata: “Los migrantes ya no quieren volver, quieren huir”.
Los Rodríguez hicieron una colecta para llevar a EU a la madre y la abuela que sobrevivieron al secuestro de su hija. Ninguna de las dos tiene visa y apostaban por una de tipo humanitario: se quedaron sin los sustentos de casa y con un niño pequeño.
Tras el ataque en Jerez, las llevaron a Tijuana para hacer la solicitud, pero las autoridades migratorias de EU les pidieron paciencia. La lista de espera para refugio humanitario podría tardar meses o años.
Tuvieron que regresar a Zacatecas por falta de presupuesto: era insostenible tenerlas allá. Ahora, todos están con el Jesús en la boca, sin esperanza.
Son un nuevo perfil de zacatecanos: sin ganas de estar ni aquí ni allá.
ledz