Los ex secretarios de Obras Públicas y de Desarrollo Sustentable y cinco ex funcionarios más de la administración del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, fueron imputados por diversos delitos debido a las presuntas irregularidades encontradas en la construccion de una planta valorizadora de desechos sólidos en el municipio de Yautepec, donde se invirtieron casi 14 millones de pesos, pero la obra nunca funcionó.
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Patricia 'N' y Topiltzin 'N', ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Sostenible respectivamente, fueron imputados del delito de ejercicio indebido del servicio público al tener responsabilidad, al igual que un subsecretario y cuatro funcionarios más, en un detrimento al erario estatal tras el gasto invertido en la planta de revalorización de desechos sólidos del poblado de El Zarco, municipio de Yautepec, que pese a manifestarse como “terminada”, no funciona.
La audiencia de formulación de imputación de la causa penal JC/697/2019 fue desahogada este martes en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde comparecieron los siete imputados con sus defensores; seis de ellos, con excepción del ex secretario de Desarrollo Sustentable solicitaron al juez 144 horas para la determinación de la vinculación a proceso como parte de la estrategia de su defensa.
Además de los ex secretarios de despacho, dentro de la indagatoria e imputación están Rafael 'N', ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio 'N' y José 'N', ambos en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento de la secretaría de Obras, así como Lucero 'N', ex directora de Infraestructura, y Marco 'N' ex supervisor de Obras.
En el desarrollo de la audiencia, a petición de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el Estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso, y evitar que se sustraigan de la acción de la justicia.
RLO