Con 17 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, el Congreso de Nayarit aprobó despenalizar el aborto por cualquier causal hasta la duodécima semana de gestación, convirtiéndose así en la entidad número 20 en garantizar la interrupción legal del embarazo.
Apenas en agosto del año pasado, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió un amparo contra el Código Penal de Nayarit, el cual penaliza el aborto. Desde entonces, dicha resolución solicitaba al Congreso estatal discutir y despenalizar el aborto en la entidad.
Con esta reforma se cambia el nombre del delito de aborto a interrupción del embarazo, se eliminan los requisitos para el acceso al aborto por razones de salud y vida, además de mantenerse las causales que ya existían y garantizar su acceso en caso de violación.
Esta es la primera entidad que se suma este año a la marea verde que ya cubre a más de la mitad de las entidades del país, garantizando así los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Distintas organizaciones celebraron esta resolución, entre ellas Fondo María, quien reconoció este avance como un paso para fortalecer la autonomía de las mujeres y personas gestantes en la entidad.
Además, la marea verde también celebró esta decisión a través de sus redes sociales, asegurando que representa un paso importante a nivel nacional.
¿Qué reacciones provocó?
La iglesia católica en el estado, a través del obispo, Luis Artemio Flores Calzada, había llamado a los diputados a no aprobar esta ordenanza, analizar y dejarlo para otros tiempos, reconsiderar el tema.
No obstante, los llamados a no aprobar la ordenanza quedaron sin eco al interior de las fracciones parlamentarias de Morena y del PRI, que se aliaron para despenalizar el aborto.
Con ello, en Nayarit, la reforma al Código Penal no está tipificado como delito el aborto, no se aplicarán penas únicamente cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte.
Se determina, además, que tampoco habrá sanciones al personal de salud que realice estos procedimientos, dado que se consideraría como discriminatorio y limitación al derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes.
También se declaró inconstitucional la normativa que requería un resolutivo médico para proceder con el aborto.
Para ello también, las clínicas de la Secretaría de Salud tendrán que habilitar espacios para llevar a cabo los procedimientos.
MO