Recientemente, una versión alarmante se propagó con rapidez en redes sociales en Tamaulipas: a una mujer le habrían extraído por error un riñón sano durante una intervención quirúrgica. La acusación del esposo de la paciente, de la que MILENIO fue testigo, encendió la indignación pública, pero finalmente se aclaró que, en realidad, el órgano nunca fue retirado. Sin embargo, el caso dejó al descubierto una discrepancia entre el procedimiento médico realizado y los síntomas que la paciente refería, suficiente para detonar una investigación interna.
Será el Comité de Ética del IMSS-Bienestar en la Ciudad de México el encargado de deslindar responsabilidades. El punto central: el urólogo decidió intervenir el área que, a su juicio clínico, presentaba mayor afectación y no aquella en la que “Martha” manifestaba dolor, producto de una hidronefrosis por cálculos renales.
La versión médica oficial
El coordinador del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, informó a MILENIO que la paciente ingresó a quirófano por una obstrucción en el uréter izquierdo —el conducto que conecta el riñón con la vejiga— para la colocación de un catéter doble J, un dispositivo que facilita el drenaje urinario y permite, posteriormente, fragmentar los cálculos.
“El riñón no se tocó porque no era necesario; la obstrucción se localizaba en el uréter. El urólogo decidió colocar inicialmente el catéter del lado derecho, al considerar que presentaba mayor inflamación y riesgo de complicación, incluso con un cálculo de mayor tamaño”.
La decisión generó inconformidad entre los familiares, por lo que el dispositivo fue retirado y recolocado conforme a lo solicitado. Días después, la mujer regresó con dolor, ahora del lado derecho, y los estudios confirmaron el descenso de un cálculo mayor por ese mismo uréter, validando el criterio inicial del especialista.
Tras una nueva intervención y un periodo de observación, “Martha” fue dada de alta sin síntomas, bajo tratamiento médico, y volverá a ser valorada en dos semanas. Rodríguez Avendaño subrayó que el médico cuenta con tres décadas de experiencia y dijo desconocer el origen de la versión que hablaba de la extracción de un “riñón sano”.
“El director y el subdirector del Hospital Civil de Ciudad Victoria tuvieron una junta del Subcomité de Ética donde se analizó una nota informativa interna del caso, y se mandó a México un resumen al Comité de Ética para que deslinden responsabilidades y quede muy claro cuál fue la situación”, destacó el funcionario.
Mientras tanto, ni el esposo de la paciente, Gumercindo Calixto, ni el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, respondieron a las solicitudes de este medio para conocer su postura actual.
La falta de especialistas, un problema de fondo
Más allá del desenlace clínico, el caso evidenció una carencia estructural: la falta de especialistas. La paciente, derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvo que ser referida a un hospital del IMSS-Bienestar ante la ausencia de un urólogo en su institución de origen.
Un antecedente real en Tamaulipas
El episodio hizo recordar un antecedente real y documentado en el sur de Tamaulipas. En 2021, Edulet González, una joven madre de 28 años, sí perdió un riñón sano tras una intervención médica equivocada en un hospital privado de Tampico.
Originaria de Pánuco, Veracruz, y madre soltera de tres niños —de entonces tres, seis y nueve años—, Edulet acudió al nosocomio para someterse a un procedimiento menor: la extracción de cálculos renales del lado derecho, sin riesgo de perder el órgano. Sin embargo, al despertar de la anestesia descubrió que le habían extirpado el riñón izquierdo, el que no estaba enfermo, lo que detonó una crisis nerviosa y un deterioro permanente en su salud.
La consecuencia fue inmediata y devastadora: ya no pudo continuar con el comercio ambulante, actividad de la que dependía para sostener a su familia. El procedimiento, además, había sido costeado con el apoyo económico de familiares y amigos, reunido tras meses de sacrificios.
Lejos de asumir responsabilidades, la dirección del hospital, al igual que el médico involucrado, se deslindó del error y exigió a la paciente el pago de 60 mil pesos para otorgarle el pase de salida. El caso derivó en una demanda civil y otra penal, que finalmente concluyeron en acuerdos conciliatorios. Hoy, Edulet González ha optado por guardar silencio y no conceder entrevistas sobre una experiencia que cambió su vida de manera irreversible.
Morir por omisión: cuando la negligencia cobra vidas
Negligencias médicas en instituciones de salud federales y estatales han llegado a costar vidas en Tamaulipas, de acuerdo con recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, que han acreditado violaciones graves a las garantías individuales, particularmente a los derechos a la salud y a la vida.
Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el IMSS encabeza las quejas en la entidad: de los 727 expedientes abiertos este año contra distintas autoridades, 435 corresponden al Seguro Social —casi el 60 por ciento—, lo que coloca a Tamaulipas entre los cuatro estados con más señalamientos contra esta institución. A ello se suman 22 expedientes contra el Issste y 24 más contra el IMSS-Bienestar.
En los últimos cinco años, de las 201 recomendaciones emitidas por la CNDH por hechos ocurridos en el estado, al menos 40 apuntaron directamente a instituciones médicas federales: 33 al IMSS y siete al Issste.
En las Recomendaciones 142/2023 y 19/2022, la CNDH documentó muertes evitables en hospitales del IMSS en Ciudad Madero y Reynosa. Dos adultos mayores fallecieron porque el sistema fue incapaz de garantizar algo básico: las unidades de sangre necesarias para ser operados. Uno presentaba una tumoración en la pierna derecha; el otro había sido atropellado y llegó con el pulmón perforado, fracturas en costillas y pierna izquierda, esta última se infectó por una bacteria y requería cirugía inmediata. La intervención nunca llegó a tiempo.
Otro caso de negligencia quedó expuesto en la Recomendación 16/2023. Un trabajador atendido en hospitales de Pemex en Ciudad Madero y Reynosa fue tratado durante meses por una supuesta sinusitis, pese a dolores de cabeza, mareos y adormecimiento de un brazo. El diagnóstico correcto —linfoma no Hodgkin— llegó tarde. El retraso en la atención le costó la vida.
Pocas recomendaciones en el ámbito estatal
En el ámbito estatal, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (Codhet) revela una brecha aún más marcada: de las 196 recomendaciones emitidas en los últimos cinco años, apenas seis estuvieron dirigidas a la Secretaría de Salud.
Una de las más graves es la Recomendación 15/2024, en la que se acreditó la muerte de un menor de seis meses de edad tras no recibir atención médica en los hospitales Civil y General de Nuevo Laredo. El bebé presentaba problemas respiratorios, pero no fue atendido debido a que no había un pediatra. El caso derivó en la notificación a la Fiscalía General de Justicia del Estado por presunta negligencia médica.
La Recomendación 152/2022 documenta un agravio que trascendió incluso la muerte. En el Hospital General de Ciudad Victoria, una mujer que dio a luz a una bebé sin vida fue privada del derecho a sepultarla: el cuerpo fue extraviado por el personal médico y posteriormente cremado tras haber sido entregado por error a otra familia. A la madre solo le fueron entregadas cenizas. Por estos hechos también se abrió una carpeta de investigación por responsabilidad médica.
Por otro lado, en Ciudad Victoria se hicieron públicos —principalmente en redes sociales— dos casos de presunta mala praxis en perjuicio de menores, ambos sin un dictamen oficial difundido hasta ahora. En el primero, una niña ingresó a un hospital privado tras sufrir fracturas en ambos fémures; durante la cirugía presentó un paro cardiorrespiratorio que no fue detectado oportunamente, presuntamente por fallas en el equipo de monitoreo. La falta de oxigenación por más de 15 minutos provocó daño cerebral irreversible, dejándola cuadripléjica y ciega. El caso continúa en la vía civil.
El segundo corresponde a un niño de cinco años que ingresó al Hospital Infantil de Victoria con diagnóstico inicial de dengue, que después cambió a leucemia linfoblástica. Tras desarrollar falla renal fue intubado y finalmente declarado con muerte cerebral. Hasta el momento, no existe un informe que esclarezca el desenlace.
Aumentan las quejas por prácticas médicas
Este año cerrará con un incremento en las inconformidades por servicios médicos de unidades de salud públicas y privadas en Tamaulipas. Las especialidades con más señalamientos son traumatología, odontología y cirugía estética.
Al 11 de diciembre, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (Coesamed) había atendido 296 casos, una cifra por encima del promedio anual de 280 registrado desde la pandemia, informó su titular, Tofic Salum Fares.
De ese total, 73 correspondieron a orientaciones, 184 a asesorías especializadas y 26 a gestiones inmediatas, estas últimas enfocadas en resolver situaciones urgentes, como retrasos excesivos en citas, falta de medicamentos o atención a pacientes crónicos.
“Cuando un paciente tiene una retención de orina y le están dando cita en tres o cuatro meses, nosotros hablamos a las instituciones pidiendo una fecha lo más cercana posible; también buscamos que se agilice la entrega de medicamentos”, explicó.
Cuando no se logra un acuerdo, el caso se formaliza como queja por escrito. Este año se han cerrado 13 expedientes, algunos mediante devolución de pagos por procedimientos fallidos, comúnmente en servicios dentales. Tampico concentra buena parte de estas quejas, aunque Ciudad Victoria encabeza la demanda de atenciones, seguida de Tampico y Reynosa.
Si la conciliación local fracasa, los expedientes se turnan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuya resolución es definitiva. En 2025, cinco casos, principalmente relacionados con cirugías, fueron enviados a esa instancia.
Salum Fares subrayó que cualquier persona puede acudir sin abogado y de forma gratuita, y que también se atienden médicos que se sienten acosados por pacientes; estos representan alrededor del 10 por ciento de los casos. La Comisión, añadió, no impone sanciones ni sustituye a instancias civiles o penales: actúa como órgano mediador para evitar litigios y corregir fallas en la atención.
En paralelo, la Coesamed ha impartido más de dos mil capacitaciones al personal de salud en lo que va del año. “Nuestro objetivo es mejorar la calidad de la atención médica y que la gente sepa que existimos”, afirmó. Reconoció que en Tamaulipas no se penaliza la práctica médica, pero insistió en que la Comisión funciona como un mecanismo institucional para contener conflictos y evitar daños mayores.
Tamaulipas y la despenalización de la negligencia médica
Desde la reforma de 2022, la negligencia médica en Tamaulipas dejó de ser un delito penal. Los errores derivados del ejercicio profesional ahora se resuelven por la vía administrativa o civil, y solo se considera responsabilidad penal cuando hay dolo, imprudencia extrema, atención fuera de la especialidad o consumo de sustancias prohibidas. En contraste, en la mayoría de los estados del país la negligencia médica sigue tipificada como delito culposo, lo que permite iniciar carpetas penales, vincular a proceso e incluso imponer prisión, aunque se trate de fallas técnicas sin intención.
A nivel federal tampoco existe un delito autónomo de “negligencia médica”; solo se puede perseguir homicidio o lesiones culposas, dejando abierta la puerta a la criminalización en casos graves. En su momento, la despenalización en Tamaulipas fue celebrada por el Colegio de Médicos, que destacó que los profesionales ya no serían tratados como criminales, pues ningún galeno busca dañar a sus pacientes.
Sin embargo, el abogado Eustacio Reyes Hernández advierte que esta reforma deja en estado de indefensión a los pacientes afectados por malas prácticas. Señala que la Constitución obliga a esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y garantizar la reparación de los daños.
La Suprema Corte ha establecido que un profesional de la salud no puede cometer homicidio en el ejercicio de su función, pero, añade, la Legislatura de Tamaulipas se sobrelimitó tras la presión mediática derivada de la detención de un médico en la región.
En la práctica, el especialista en derecho procesal penal acusatorio ha visto casos graves: médicos que suministran dosis excesivas de anestesia causando inmovilidad a los pacientes, o incluso la extracción de órganos sanos.
Por su parte, el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, experto en derecho penal, considera que, aunque algunas prácticas médicas sean cuestionables, la vía penal solo procede cuando hay consecuencias graves como la muerte, imputable a un homicidio culposo, mientras que la mayoría de los conflictos terminan resolviéndose mediante mecanismos alternos de conciliación.