El diputado local de Morena, César Mateos, pidió al Poder Judicial de la Federación suspender de sus funciones a jueces federales que han sido señalados por cometer violencia vicaria y hayan intervenido en la resolución de los juicios de amparo relacionados, e investigar a fondo la actuación de esos juzgadores.
En la sesión del Congreso, también llamó al Poder Judicial del Estado a hacer lo mismo en los juzgados de lo familiar que habrían actuado parcialmente en casos de violencia vicaria, lo que habría generado graves violaciones al debido proceso, violencia de género e incluso daños a la integridad de un menor de edad.
“El pueblo de Oaxaca ya no aguanta más abusos de poder”, expresó César Mateos en la tribuna del Palacio Legislativo; “ningún servidor público, así sea juez o magistrado, debe estar en capacidad de corromper la impartición de justicia, y menos en asuntos tan sensibles como la violencia de género”.
Explicó que la violencia vicaria es la que se utiliza a hijos para dañar o producir sufrimiento a las mujeres, y es perpetrada generalmente por los progenitores de los niños cuando las mamás deciden terminar su relación o denunciar la violencia.
El legislador expuso que en 2022 se hizo público un caso de violencia vicaria, el cual implicaba a un juez de distrito, quien habría operado una red de complicidades para dejar en la indefensión a su ex esposa, Luvia Altamirano, quien incluso perdió la patria potestad, y hace meses no puede ver a su hijo.
Agregó que en la violencia vicaria confluyen la violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial, institucional y otras, ejercidas no sólo por los agresores sino directa e indirectamente por las autoridades de procuración y administración de justicia, de protección a la niñez y adolescencia, y jurisdiccionales que conocen de los casos.
Por ello, propuso que el Congreso del Estado exhorte al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial del Estado para investigar las acusaciones contra personal judicial tanto de la Federación como estatal, que habrían vulnerado los derechos de una mujer violentada por su entonces esposo, un juez de distrito.
La proposición con punto de acuerdo fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.