Un juez de distrito en Oaxaca emitió una resolución para que un manantial en disputa en la zona mixe pueda ser utilizado por los habitantes de San Pedro y San Pedro Ayutla, donde hay más de 7 mil familias que no tiene acceso al uso del agua potable, a pesar de que también gozan de medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la resolución judicial se emite un amparo constitucional que ratifica los derechos del poblado al uso del agua a pesar de que mantengan un conflicto agrario con el municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, que se dice único dueño y poseedor de la zona del manantial.
El pasado 6 de abril la Cuarta Visitaduría del organismo nacional mandato a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Comisión Nacional del Agua (CNDH) y al gobierno de Oaxaca girar las instrucciones necesarias para que de forma coordinada e inmediata se garantice el derecho de acceso al agua a los habitantes de la población.
Misma que hoy se soportan con el amparo ganado en el juzgado de distrito por el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.
En la resolución el juez considera riesgoso que en medio de la contingencia sanitaria por el covid-19, la comunidad con un censo poblacional de 7 mil familia, carezca del acceso al agua cuando hay que extremar las medidas de higiene para prevenir los contagios masivos.
Se urgió además que se trasladen brigadas médicas especializadas para realizar exámenes y pruebas a los lugareños para identificar si existe algún reporte de contagio y se realizan las medidas de aislamiento preventivos.
San Pedro y San Pablo Ayutla no ha contado con el vital líquido desde el año 2017 y hasta la fecha ha cumplido más de mil 039 días sin agua, derivado al conflicto agrario que prevalece por la disputa de un manantial y un bosque que mantienen con el municipio de Tamazulapam.
Los pobladores solo demandan al Estado mexicano que se garantice el acceso al agua potable para toda la población y consideran inaceptable evadir la obligación con el argumento de que solo existe la vía de la reconexión al manantial para dotar de agua a la comunidad.
La autoridad municipal asegura que como derecho preferente y como recurso imprescindible para el desarrollo de la vida, la garantía del derecho al agua debe ser prioritaria y no debe estar sujeta a negociaciones y demandó al gobierno federal y estatal atender las medidas para evitar daños de difícil o imposible reparación a la comunidad ante esta emergencia sanitaria.
Entre los municipios indígenas de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu Santo, prevalece desde hace 70 años una disputa de limites territoriales por 3 mil 600 hectáreas, donde hay un bosque y un manantial.
Tamazulapam del Espíritu Santo advierte que según sus documentos cartográficos, el manantial les pertenece y le niegan la dotación del agua a San Pedro y San Pablo Ayutla.
El representa de la asamblea de comuneros en Ayutla, Joaquin Galvan, rechaza que el conflicto sea agrario y advierte que esta es una cortina para tapar el fondo del problema que es Tamazulapam la ha cedido los derechos de manantial a una célula criminal que riega cultivo de amapola.
Según su dicho los implicados en la siembra de cultivos ilícitos ha hecho base social en Tamazulapam, al tiempo que tienen el control de los cargos de representación en el cabildo y en el comisariado de bienes comunales.
Según el quejoso tiene pruebas y denuncias ante la Sedena del siembra y producción de amapola en la zona mixe.
En tanto el gobernador del estado, Alejandro Murat, reiteró su compromiso por resolver el problema por la disputa del agua entre Ayutla y Tamazulapam por la vía del diálogo.
Dijo que ya pidió el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) para mediar, pero en esa esfera le piden a los habitantes respetar lo que determinen los jueces del Tribunal Unitario Agrario (TUA)
Murat mencionó que se siguen realizando a nivel local las mesas de diálogo a pesar de las posiciones encontradas entre los pueblos que han generado inestabilidad.
Indicó que por parte del gobierno estatal no ha prevalecido la apatía y la prueba es que se suscrito 72 minutas de acuerdo que se han firmado.
ledz