M+.- A más de un año de la muerte de Erick, el niño de 13 años que falleció tras ser golpeado durante un campamento de la academia militarizada Ollin, en Morelos, su madre, Erika Torbellín, sostiene que las autoridades incumplieron los compromisos asumidos para evitar que una tragedia similar volviera a repetirse.
En entrevista a MILENIO, asegura que, después del caso de su hijo, sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se planteó regular este tipo de instituciones e, incluso, eliminar el modelo militarizado en algunos planteles.
Sin embargo, afirma que ninguno de esos acuerdos se concretó.
"Habíamos quedado en que iban a regular este tipo de instituciones, que iban a hacer filtros y que, incluso, iban a erradicar este sistema militarizado. Pero veo que no se hizo nada", lamenta.
Para Erika, la muerte reciente de Dafne Zapata Pintos en otra academia militarizada confirma que las advertencias realizadas tras el fallecimiento de Erick fueron ignoradas.
"Tuvo que volver a pasar para que nos diéramos cuenta de que no hicieron lo que prometieron".
La madre sostiene que el problema no se limita al cierre de escuelas militarizadas, sino a la ausencia de controles sobre quienes trabajan con menores de edad.
Propone que las autoridades realicen inspecciones permanentes, verifiquen la preparación profesional de instructores y directivos, revisen los protocolos de actuación y, sobre todo, escuchen directamente a los alumnos.
"Muchas veces solamente hablan con los directivos. A los niños nadie les pregunta qué está pasando". Considera que las entrevistas con los estudiantes deberían realizarse de manera confidencial, pues muchos menores callan por miedo a represalias y porque, afirma, "existe un código de silencio".
Dos investigaciones abiertas
Actualmente existen dos carpetas de investigación por la muerte de Erick.
La principal se desarrolla en Morelos, donde ocurrió el campamento, y se investiga el delito de homicidio calificado. La segunda permanece abierta en la Ciudad de México por violencia familiar equiparada, debido a la relación de convivencia que existía entre los responsables y los menores dentro de la academia.
En Morelos permanecen detenidos Juan Carlos, identificado como fundador y director de la institución, y Angélica, responsable del área administrativa.
Además, existe una tercera orden de aprehensión contra una mujer identificada como Mariana, quien continúa prófuga.
"Acá también tenemos una Estrellita y hasta se parecen", comenta Erika al comparar ese caso con el de la mujer buscada por las autoridades en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Según diversos testimonios de menores, Mariana participaba en los castigos aplicados dentro del plantel. Aunque únicamente dos personas permanecen detenidas, Erika sostiene que al menos otras 10 participaron en las agresiones contra su hijo.
Afirma que varios actuaban con el rostro cubierto para evitar ser identificados y que los menores únicamente pudieron aportar algunos nombres, entre ellos Vanessa, Valeria, Mariano, Ale y Rodrigo.
Una investigación que avanza a distinta velocidad
Para Erika Torbellín, el contraste entre ambas investigaciones resulta evidente.
Mientras la carpeta en Morelos permitió la detención de dos presuntos responsables, el expediente abierto en la Ciudad de México prácticamente permanece sin avances.
Cuestiona que, pese a contar con mayores recursos, la Fiscalía capitalina no haya realizado diligencias relevantes para fortalecer el caso. También denuncia obstáculos para consultar el expediente.
Relata que en distintas ocasiones le negaron el acceso bajo diferentes argumentos e, incluso, pretendían cobrarle 7 mil 200 pesos por las copias de la carpeta.
Solo después de presentar diversas inconformidades consiguió que la documentación le fuera entregada sin costo.
"Uno ya viene cargando con la pérdida de un hijo y todavía tiene que pelear para poder ver una carpeta que debería ser un derecho".
La presión que llevó a las detenciones
Erick murió el 25 de abril de 2025. Al día siguiente comenzaron las manifestaciones.
Erika bloqueó el acceso a la academia, ubicada en la Ciudad de México; acudió al estado de Morelos para exigir avances y concedió diversas entrevistas públicas.
Finalmente, el 10 de mayo del mismo año fueron detenidos Juan Carlos y Angélica en el Estado de México, donde presuntamente se ocultaban.
"Yo estaba al límite. Sentía que, si no los encontraban, iba a hacer justicia por mi propia mano". Sin embargo, dice, la captura de ambos cambió su decisión.
"Lo tomé como una señal de mi hijo diciéndome que esperara, que siguiera luchando".
Los testimonios de los niños
La investigación comenzó a fortalecerse gracias a los propios menores que participaron en el campamento. De aproximadamente 100 asistentes, cerca de 30 aceptaron narrar lo ocurrido y 16 rindieron declaraciones ministeriales.
Otros decidieron guardar silencio por miedo, amenazas o por el impacto psicológico provocado por la experiencia.
Según los testimonios, el conflicto que desencadenó las agresiones contra Erick habría ocurrido el 18 de abril de 2025, durante una actividad relacionada con un viacrucis.
De acuerdo con esa versión, el menor y una compañera fueron castigados por presuntamente llegar tarde. Ambos habrían sido llevados a una oficina y obligados a realizar ejercicios físicos.
La menor no pudo continuar debido al cansancio y, según el relato, comenzó a ser golpeada por el capitán Juan Carlos y un instructor identificado como Mariano.
"Mi hijo les dijo: 'Ya no le peguen, es una niña'". En respuesta, Erick fue sujetado del cuello y golpeado por ambos adultos.
A partir de ese momento fue considerado un alumno problemático y recibió amenazas de convertirse en "el favorito" durante el campamento, expresión que los menores interpretaban como recibir castigos constantes.
"Él sólo defendió a su compañera, que estaba siendo golpeada. Para ellos eso fue una falta de respeto", afirma Erika Torbellín.
Amenazas y hostigamiento
Un día después del funeral comenzaron las agresiones contra Erika en redes sociales.
Primero llegaron mensajes responsabilizándola por la muerte de Erick. Después aparecieron amenazas de muerte.
"Después te toca a ti". "Tú también vas a morir". "Pronto nos volveremos a ver".
Aunque presentó la denuncia correspondiente, asegura que nunca recibió seguimiento efectivo. También afirma que las medidas de protección prometidas jamás se implementaron.
Un episodio que incrementó el miedo
El mismo día de la muerte de su hijo vivió un suceso que aún recuerda con preocupación.
Cuenta que una mujer desconocida intentó convencer a su madre de entregarle, por unos minutos, a su hija de tres años.
Cuando ella se negó, la mujer trató de abrir la puerta del automóvil.
La niña comenzó a gritar y la desconocida se retiró.
Erika aclara que no puede afirmar que exista relación con el caso de su hijo, pero desde entonces decidió extremar precauciones.
El costo de buscar justicia
El proceso también dejó secuelas físicas. Después de revisar personalmente la necropsia y las imágenes forenses de Erick, comenzó a presentar problemas neurológicos.
Posteriormente, fue diagnosticada con epilepsia.
"Necesitaba saber qué le hicieron a mi hijo, pero verlo todo también me destruyó".
A ello se suman las afectaciones económicas, los cambios en la rutina familiar y el constante desgaste emocional que implica revivir el caso en cada audiencia o entrevista.
Un patrón que, dice, debe investigarse
Erika Torbellín considera que existen similitudes entre distintas academias militarizadas del país.
Afirma haber tenido conocimiento de vínculos entre instructores de diferentes estados y procesos de capacitación compartidos.
Aunque reconoce que corresponde a las autoridades determinar si existe una red, considera que las coincidencias ameritan una investigación nacional.
"Se presentan como escuelas de valores, pero los padres no sabemos realmente qué ocurre adentro".
"Nos juzgan más a las madres"
Además del duelo, Erika asegura que ha enfrentado constantes críticas.
Fue cuestionada por haber inscrito a Erick en una academia militarizada y responsabilizada por lo ocurrido.
"Nosotras terminamos siendo las juzgadas, mientras quienes hicieron daño siguen tratando de evadir su responsabilidad".
Recuerda que siempre apoyó los intereses de su hijo, desde el futbol y el dibujo hasta su deseo de conocer la formación militar.
La lucha continúa
Erika apenas cumplirá 31 años; tuvo a su hijo a los 17 y era su compañero de vida. Además de dedicarse al comercio, actualmente estudia Derecho y cría a su otra hija, de apenas tres años.
Quiere comprender mejor los procesos judiciales y acompañar a otras familias que atraviesen situaciones similares.
También busca crear una asociación civil e impulsar reformas legales que fortalezcan la protección de niñas, niños y adolescentes.
"Lo que quiero es que esto no vuelva a pasar".
Describe a Erick como un niño solidario, cariñoso y dispuesto a defender a quien consideraba vulnerable.
Está convencida de que esa misma esencia fue la que lo llevó a intervenir para proteger a una compañera, aun frente a adultos.
"Mi hijo siempre defendía a los demás. Esa era su forma de ser".
Para Erika, la justicia no termina con una sentencia.
"Lo que realmente espero es que ningún niño tenga que morir para que las autoridades reaccionen", concluye.
JETL