El tráfico de personas, a escala mundial, disminuyó 11 por ciento durante la pandemia de covid-19. Esa es la buena noticia. La mala es que en México no sólo no disminuyó ese delito durante la crisis sanitaria, sino que tomó vuelo para alcanzar registros históricos al cierre del 2022.
De acuerdo con especialistas consultadas por MILENIO, el inédito boom de la trata de personas se explica por varios factores, pero sobresale uno en especial: las bandas del crimen organizado fortalecieron un proceso de diversificación que incluyó controlar ese negocio millonario en un contexto donde también se ha incrementado el turismo sexual.
En otras palabras, la demanda dispuso un terreno fértil para la oferta de personas. Y los cárteles olieron el negocio.
El contraste entre lo que ocurrió a nivel planetario y México se observa con claridad gracias a los datos del más reciente reporte Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Aquí se documentó la disminución en 11 por ciento en el tráfico de personas durante la pandemia en todo el mundo, mientras que, en México, pese al paro de actividades y el encierro, se experimentó un ligero incremento: pasó de 547 casos en 2019 a 558 en 2020.
Pero luego vendría el boom: en 2021 se dieron 625 incidencias y aún más en 2022: 802 casos.
El aumento es muy significativo, pues previo a la pandemia los expedientes por trata de personas en México no alcanzaban los 400 casos. Si en 2017 las fiscalías generales de todo el país reportaron 304 expedientes, para 2022 se dispararon a 802, lo que representa un ascenso de 163.8 por ciento, según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diferentes caras de la trata
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas señala que es víctima de explotación quien sufra esclavitud, condición de siervo, prostitución u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados. También, por cierto, se considera “trata” a la utilización de menores de edad en actividades delictivas.
Mariana Wenzel, directora general de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS) AC, estima que ese ascenso de casos se debe, en parte, a que las personas denuncian más que antes el delito –debido a que la difusión sobre el mismo es mayor–, pero afirma que las cifras oficiales son tan solo la punta de un iceberg gigante.
“Existe un subregistro, una cifra negra, por lo que es muy difícil conocer la magnitud de la situación”, calcula. Evalúa que los datos emanados del Secretariado Ejecutivo son apenas el reflejo de las víctimas que han sido rescatadas y que por tanto lograron denunciar. “Muchas personas siguen desaparecidas, otras fueron víctimas de feminicidio porque, de hecho, la trata es la antesala de este delito. Además, muchas personas recuperadas no se saben víctimas o las autoridades no las colocan en esa calidad”, desglosa.
La ignorancia de asumirse o no como víctimas tiene fuertes raíces psicológicas. Wenzel especifica que en muchos casos, sobre todo los que culminan en explotación sexual, el modus operandi consiste en que los tratantes primero enamoran y enganchan a las víctimas, casi siempre mujeres. Pero si durante un operativo estas mujeres son rescatadas, pueden manifestar que no fueron obligadas a esas actividades debido a que una situación que suele complejizarse en caso de existir una manipulación psicológica que opera en su contra. Por eso las afectadas no siempre se consideran a sí mismas como víctimas.
Personas migrantes, carne de cañón
También suele suceder que aunque las personas se animan ya a denunciar, las autoridades investigan bajo otro delito. “Muchas otras no denunciarán por el temor a que no se haga justicia, por miedo a represalias o a que se venguen de sus familias. Hay muchos factores sobre la falta de denuncias. Tenemos que preguntarnos cuántas personas no lo hacen por cada una que sí”, indica Wenzel.
Así pues la trata de personas es un delito que no se denuncia porque es muy difícil que las víctimas se liberen de esos sistemas de explotación y luego denuncien, concuerda María José de Icaza, investigadora para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Es una situación altamente complicada, señala, porque además México es un país de origen, tránsito y recepción de personas migrantes. Considera que es importante analizar estos puntos pues existen redes de movilidad humana que son cooptadas, utilizadas y explotadas por las personas tratantes.
Tal contexto permite que la trata de personas se haya diversificado tanto en México y sea una razón más del aumento de casos, apunta De Icaza. Además de fines sexuales y laborales, hay más modalidades como adopción ilegal, tráfico de órganos o con el propósito de actividades delictivas, las cuales han aumentado por la proliferación del crimen organizado en el país.
Sus distintas modalidades convierten a la trata en el tercer ilícito que mayores recursos genera a nivel mundial, refiere la investigadora María José. Es un delito con diversos y cuantiosos intereses económicos que provocan que el problema crezca y no sea frenado.
Autoridades coludidas en la cadena
En la trata existe una oferta y una demanda. Esa oferta no podría ser posible sin la colusión de las autoridades. De Icaza explica que los altos niveles de corrupción y la aquiescencia de algunos funcionarios hacia las redes delictivas provocan su crecimiento.
“No existen investigaciones oficiales de fondo y las mismas instituciones criminalizan a las víctimas, quienes muchas veces son investigadas en lugar de que se aplique eso a las personas tratantes. Por la clase de acciones que se tienen que llevar a cabo para que la trata funcione, definitivamente hay participación de las autoridades”. Habla, por ejemplo, de la existencia de burdeles donde a la vista de todos se explota a mujeres.
“Existe aquiescencia y participación de autoridades de los institutos de Migración, además de policías, militares y marinos”, denuncia De Icaza. Pero, por la naturaleza del problema, probar esa colusión es difícil.
Sin embargo, no cabe duda de que si no fuera por la colaboración de las altas esferas de poder, políticas y económicas, la trata no tendría la escala que tiene. Por esa colusión, el negocio tiene hoy tanta fuerza, insiste la investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las especialistas consultadas insisten en el poco reflejo de la realidad que representan las cifras oficiales, que indican que, por un lado, las entidades que más reportaron casos en 2022 son Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Puebla, Chihuahua y Quintana Roo, pero que, por otro, hay algunos estados que no registraron uno solo en ese año, como Campeche y Sonora.
Sorpresivamente Tlaxcala, que es considerado la cuna de la trata de personas en México, reportó un único delito.
Para complicar el panorama, en México no existe coordinación entre las autoridades sobre la tipificación del delito, añade De Icaza. Esto genera que la trata se pueda investigar de maneras distintas, por ejemplo, como privación de la libertad o trabajo forzado.
“Hay que decirlo: no suena igual que alguien diga ‘privación de la libertad’ a que diga ‘trata de personas’. Esto tiene que ver con cómo el Estado invisibiliza el delito, porque implica un costo político en su contra”, dice la especialista.
Medios digitales y cambio de consciencia
De las 111 mil 75 personas desaparecidas que reportó hasta el 13 de julio pasado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el 23.8 por ciento corresponde a mujeres, quienes coincidentemente son las principales víctimas de la explotación sexual, la modalidad más común de la trata de personas en México y la que más víctimas deja, señala De Icaza.
“Esto se debe a que el país es un paraíso de turismo sexual, con diversas zonas para el consumo de cuerpos, algo que ya ha sido expuesto en diversas ocasiones. Es un contexto en el que las desapariciones generalmente quedan en impunidad, y propicia el fortalecimiento de las redes de trata de personas”, lamenta la investigadora.
Denuncia que en México existe una falta de incumplimiento de los protocolos de desaparición de personas, y muchas de estas terminan siendo víctimas de trata. “Los protocolos son buenos, pero las autoridades no tienen idea de cómo aplicarlos”.
Por su parte, Mariana Wenzel recuerda que con la pandemia se incrementó el uso de los medios digitales, lo que provocó que enganchar a las víctimas se volviera aún más fácil a través de esos canales. Y lo más preocupante: los niños, niñas y adolescentes tienen mayor acceso a internet.
Por estos medios “es más fácil que las víctimas sean engañadas y enganchadas, y el cliente tiene mayor facilidad de contratar un servicio vía internet”, además, las nuevas modalidades atraviesan las barreras geográficas.
“Por ejemplo, se viola a una niña, se graba y gente en otras partes del mundo puede ver el hecho y pagar con diferentes divisas. Antes se contrataba un servicio que se efectuaba en un mismo tiempo y lugar”, explica Wenzel valiéndose de ese oscuro ejemplo.
Ante esta problemática, la respuesta es frenar la demanda, destaca la especialista. Se debe apostar a la prevención.
“En el momento en que se sensibilice a las nuevas generaciones y vean como algo absurdo tener que pagar por sexo, la demanda bajará y, por lo tanto, la oferta también caerá. Es lo único que se tiene que hacer. Y sí se puede, pero no es algo fácil. La ley dice que se castigará más severamente a los tratantes, pero la solución va más allá de eso: se trata de un cambio de conciencia, cultural y generacional”, concluye la especialista.
MO