Durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 la pesca ilegal aumentó en México, ya que los pescadores furtivos aprovecharon la ausencia de embarcaciones y vigilancia en el mar para saquear los recursos marinos, un problema creciente que no solo requiere vigilancia de la Secretaría de Marina, sino poner en práctica una estrategia de política integral para su combate, informó la organización Oceana México.
“Las estimaciones de pesca ilegal hablan de un 30 al 50 por ciento del total de la pesca, es muy probable que por cada pescado ilegal que te comas hay otro pescado ilegal que se está vendiendo".
“Pero la pesca ilegal fue todavía más notoria en el momento del confinamiento, cuando muchísimos pescadores mantuvieron sus barcos en puerto, no salieron a pescar y sin embargo, había pescadores sin permiso, la pesca furtiva saliendo a los mares a pescar producto sin ningún tipo de permiso”, sostuvo Renata Terrazas, vicepresidenta de la organización Oceana en México.
En entrevista con MILENIO, la especialista denunció que debido al llamado de “Quédate en casa” los pescadores furtivos comenzaron a ofrecer el producto ilegal en redes sociales, “no te dicen que es ilegal, pero en temporada de veda ha habido un saqueo de camarón de los mares, que han estado vendiendo camarón fresco en temporada de veda”.
Expuso que esa situación refleja un problema “gigantesco” y un Estado mexicano que no lo ha enfrentado como debería; destacó que ahora “una salida que le están viendo a este problema es la transferencia de las facultades de la Conapesca a la Secretaría de Marina”.
El pasado 19 de marzo el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para transferir las atribuciones que ahora desempeña la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) a la Secretaría de Marina, y así facultarla para coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola.
Sin embargo, Renata Terrazas destacó que el problema de fondo no se resuelve con quién realice las acciones de inspección y vigilancia, ya que “el problema no solo es que la Conapesca no ha podido; cualquiera, si no tiene un presupuesto adecuado, si no tiene un personal entrenado no va a poder con el paquete, que es enorme”.
Oceana sostiene que hay fallas estructurales en la política para combatir la pesca ilegal, empezando por la ausencia del reglamento de la Ley General de Pesca desde hace 13 años.
Por ello, dice que la forma de aplicar la ley en materia de inspección y vigilancia no tiene los lineamientos que se necesitan para hacer una versión acorde a la situación que se está enfrentando. Aunado a que actualmente, Conapesca cuenta con apenas 200 inspectores para cubrir los más de 11 mil kilómetros de litoral mexicano.
“Se queda la puerta abierta para la discrecionalidad de la autoridad, y la verdad es que ya sea la Conapesca o Marina, harán lo que pueda con una falta de lineamientos para su aplicación. El segundo problema es que no hay personal suficiente, aún si ponen a toda la Marina para andar correteando lanchas en el mar, lo que se requiere es una política más ambiciosa y que sea más estratégica”, apuntó.
México cuenta con el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), en donde dos mil embarcaciones son monitoreadas en tiempo real por la autoridad pesquera; sin embago esa cifra apenas representa el 2.4 por ciento de las 77 mil embarcaciones registradas en México.
Es de esperar que este sistema de vigilancia pasará a la Semar, pero requiere ajustes importantes. Sólo el 2.5 por ciento del total de embarcaciones registradas es monitoreado mediante el SISMEP y la información no es abierta.
Otro problema que enfrenta el sector es un deficiente ordenamiento pesquero, “ya que no sabemos cuántos pescadores tienen permiso, cuántas tienes concesiones, cuántas embarcaciones existen, y cómo vas a llevar un sistema de inspección y vigilancia, si no se tiene la certeza ni siquiera de quienes son los pescadores que lo hacen de manera legal”.
Por ello, Oceana impulsa la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras, para obtener más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan nuestra riqueza marina. También consideran fundamental el uso de la tecnología para monitorear constantemente las actividades de las embarcaciones.
De esa forma, proponen incrementar el número de embarcaciones con monitoreo satelital y asegurar la transparencia de la información para visualizar y rastrear la actividad pesquera a través de la plataforma Global Fishing Watch (GFW), lo que “permite hacer un trabajo de inteligencia que se hace para dirigir de mejor manera los recursos del Estado”, pues el combate a la pesca ilegal no sólo debe darse persiguiendo embarcacines en el mar, sino que se requiere del uso de tecnologías, señaló Terrazas.
Asimismo, la organización promueve la implementación de una política de trazabilidad que permita rastrear al pescado desde su origen, es decir, teniendo información del barco donde fue capturado y toda la red de comercio por la que pasó hasta llegar al consumidor final.
“Podrías tener 11 mil inspectores de pesca y si tu apuesta de inspección y vigilancia es solo tratando de identificar cuántos están pescando en el mar de manera ilegal, nunca vas a lograrlo. Cuando te ayudas de la tecnología que pueda generar información importante en la cadena de valor del pescado, le generas una cadena de custodia para evitar que se incluya pescado ilegal”.
Renata Terrazas explicó que hay diferentes tipos de pesca ilegal; la pesca furtiva en la que sin ningún permiso, se saquean productos marinos de alto valor e incluso se exporta; la pesca en temporada de veda, como en el caso del camarón que se ofrece en el mercado nacional; así como el “lavado de pescado”, a través del cual, una embarcación por ejemplo, con permiso para capturar una tonelada de pescado y saca 10 toneladas, facturando solo una.
En ese sentido, sostuvo que la pesca ilegal no solo afecta la salud de los mares, sino que afecta a la economía de las comunidades de pescadores y genera un estado de completa impunidad, sentenció.
jamj