La reforma sobre el “pin parental”, que el Congreso de Nuevo León rechazó el viernes pasado, transgredía “el derecho constitucional para que los niños, niñas y adolescentes reciban un educación integral, de calidad y laica”, aseveró la diputada local independiente Claudia Tapia Castelo.
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En videoconferencia, la legisladora negó que la Secretaría de Gobernación interviniera para echar abajo ese dictamen. “No intervino en ningún momento”, sostuvo.
Hace dos días, el Congreso de Nuevo León rechazó con 28 votos la reforma al artículo 3 sobre “el pin parental”, según el cual los padres de familia podrían autorizar la asistencia de sus hijos a cualquier actividad escolar, como las clases sobre educación sexual.
El jueves, la Segob emitió un comunicado en el que llamó a los legisladores neoleoneses a no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Este sábado, Tapia Castelo defendió el comunicado de Segob, al mencionar que fue un “exhorto transparente” y que los diputados de Acción Nacional y Encuentro Social se extralimitaron al acusar una presunta injerencia por parte de Olga Sánchez Cordero.
Calificó esos señalamientos como “desafortunados y tendenciosos”. Los diputados del PAN, dijo, “engañaron a los padres al decirles que podrían tener este derecho preferente y al no decirles que esto violaría los derechos de sus hijos”.
La legisladora independiente se dijo contenta por el rechazo de esa iniciativa y señaló que los diputados que votaron en contra “se encuentran esperanzados”. Reveló que la reforma se volverá a presentar, pero ya sin el tema del pin parental.
Hizo ver que el principio de jerarquía normativa es la norma suprema del país, de manera que la Constitución y los tratados internacionales “van por encima” y ninguna constitución local puede sobrepasar a esta y mucho menos una declaratoria de derechos humanos.