Tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora de una presa de jales de la mina Buenavista del Cobre en 2014, Grupo México emprendió la construcción de otra obra a solo 27 kilómetros de Bacanuchi, violando los derechos humanos de la población, ya que no se les informó del proyecto, y debido a las dimensiones de la misma —6 mil 535 hectáreas y una cortina de 200 metros de altura—, los habitantes temen que un nuevo derrame acabe con su pueblo.
“Lo que estamos pidiendo todo el pueblo es tranquilidad, vivir en paz, ahora todo es incierto para nosotros. Quiten la presa porque si un pequeñísimo derrame nos hizo tanto daño, ahora una obra de esa magnitud nos desaparece todo el pueblo de Bacanuchi. Todo lo que queremos es justicia y seguridad”, afirmó Wenceslao Miramón, habitante de Bacanuchi en entrevista con MILENIO.
Dos años después del derrame considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México —que afectó a 22 mil personas a lo largo del río—, Grupo México empezó a construir dicha presa de jales con una autorización que obtuvo con un “Informe preventivo” ante la Semarnat, sin una manifestación de impacto ambiental, pues presentó el proyecto dentro de sus planes de expansión, explicó Luis Miguel Cano, abogado de la organización Poder, que brinda acompañamiento a los afectados.
Entonces, los Comités de Cuenca Río Sonora, que agrupa a los afectados por el derrame en siete municipios, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, presentaron un amparo y en septiembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que determinó que la comunidad de Bacanuchi —considerada no indígena—, sufrió una violación a sus derechos humanos cuando no se le informó y no se le hizo partícipe del proyecto de la nueva presa de jales, por lo que la Corte ordenó llevar a cabo ese proceso de participación.
Así que un juzgado con sede en Sonora dispuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe hacerse cargo de organizar la reunión pública de información para cumplir la sentencia de la SCJN, por lo que ésta se llevará a cabo finalmente hoy en la plaza pública de Bacanuchi a las 11 horas.
El pasado 6 de mayo, la delegación de la Semarnat en Sonora había notificado a la comunidad que realizaría la reunión pública el pasado 14 de mayo, pero los habitantes la rechazaron porque se les convocaba a informarse sobre la “autorización” ya dada al proyecto, limitando su participación y solo dando a los asistentes a emitir “posibles sugerencias”, denunció el abogado de la organización Poder.
“La Corte dice que estuvo mal que Semarnat no consultara a la población de Bacanuchi, no invalida el permiso de la delegación de la Semarnat en el estado de Sonora que dio pauta a que construyeran la presa de jales, que sigue en construcción y operación (…) La gente irá a la reunión de buena fe, y lo que está en juego es si la Semarnat hace una simulación a partir de una sentencia o decide tomarla en serio, incluyendo la posibilidad de dar marcha atrás a la autorización de la empresa”, señaló Cano.
Y ADEMÁS
ORDENA AMLO INVESTIGAR CASO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que ordenaría al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, involucrarse en el tema, “que vea lo del río Sonora, lo de la contaminación. Se hizo un fideicomiso, se alega que la empresa aportó a ese fideicomiso, pero no hay claridad”.
En tanto, el pueblo de Bacanuchi aún no se ha repuesto del derrame y de nuevo se enfrenta a Grupo México, que con la nueva presa de jales dentro de sus planes de expansión proyecta que Buenavista del Cobre “se posicionará como la tercera mina de cobre más grande a escala mundial”, según indica su sitio web.