La Policía Ambiental de Gómez Palacio es un cuerpo operativo especializado bajo la coordinación de la dirección de Ecología y Protección al Ambiente, así como de la dirección de Seguridad y Protección Ciudadana que en mayo de este año, asumió el reto de enfrentar una de las problemáticas más arraigadas y complejas como son los delitos y faltas contra el entorno ecológico.
A tres meses de su creación se han incorporado 14 elementos, tienen dos unidades activas y una nueva patrulla recién entregada, sumada a dos más que esperan adecuaciones para salir a las calles, con las cuales la dependencia municipal busca abarcar una demanda que no deja de crecer.
Desde su arranque el pasado 4 de mayo hasta el 12 de agosto, la corporación acumuló más de mil 700 denuncias ciudadanas, registrando tan sólo 135 en lo que va del mes en curso. Detrás de estas cifras hay una realidad cotidiana: la acumulación de escombro, la quema clandestina de basura, el abandono de vehículos chatarra y los vertederos ilegales en predios baldíos.
Impacto a otras dependencias
Para Ilse Estefanía Segura Zarzosa, directora de Ecología y Protección al Medio Ambiente del municipio, el problema ambiental no es un asunto aislado, sino una cadena que impacta directamente en la operatividad de otras dependencias públicas.
“El medio ambiente es un tema transversal que atraviesa la vida en sociedad. Cuando la gente tira basura en lugares indebidos o deposita escombro en terrenos baldíos, no sólo comete una falta ambiental; también afecta a Servicios Públicos y toca temas de Catastro, pues utilizan predios ajenos como tiraderos”.
El escombro, recuerda Segura Zarzosa, está catalogado como un residuo de manejo especial, por lo que requiere un permiso específico y un destino controlado.
Sin embargo, la costumbre de arrojar materiales de construcción o muebles viejos en cualquier esquina o contenedor sigue siendo una constante en la ciudad. Las sanciones por estas conductas pueden ir desde apercibimientos y multas por parte de la dirección de Ecología, hasta la intervención del juzgado cívico o la detención a cargo de la dirección de Seguridad Pública y Vialidad cuando la falta requiere un arresto administrativo.
Aplicar el reglamento ambiental no siempre es un proceso lineal. En la práctica cotidiana, los elementos se enfrentan a situaciones donde la frontera entre la falta ambiental, la vulnerabilidad social y los derechos individuales se vuelve difusa.
Colonia Parque Hundido: un caso emblemático
Un caso emblemático ocurre actualmente en la colonia Parque Hundido, donde vecinos han reportado la acumulación masiva de residuos dentro de un domicilio particular. Tras varias inspecciones, las autoridades constataron que el inmueble pertenece a una persona de la tercera edad que no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.
Este tipo de escenarios impide una acción punitiva inmediata o un desalojo forzado de los desechos, lo cual constituiría un abuso de autoridad o una violación a la ley.
Para resolverlo, la dirección de Ecología ha tenido que desplegar un protocolo multidisciplinario como la coordinación con los familiares del propietario, gestionar un consentimiento informado y coordinar agendas con distintas dependencias municipales para poder ingresar de manera legal y limpiar el predio sin vulnerar los derechos de la persona.
Uno de los principales reclamos de la población es la lentitud o la aparente falta de respuesta ante las quejas; sin embargo, al momento de verificar las atenciones, la autoridad se topa frecuentemente con dos problemas como es la falta de folio normal, pues en este caso muchas quejas se difunden en redes sociales, pero no se formalizan a través de la línea de emergencia 911 ni mediante los canales oficiales de WhatsApp de la dependencia, lo que impide la asignación de un número de seguimiento.
Así como también reportar direcciones erróneas o imprecisas, y en este punto las unidades acuden a atender reportes cuya ubicación fue proporcionada de manera incorrecta, lo que genera pérdidas de tiempo y desplazamientos innecesarios entre sectores distantes, como el Centro, El Vergel o El Consuelo.
Apuesta a largo plazo
Más allá del patrullaje y la aplicación de multas, la apuesta a largo plazo de las autoridades municipales se centra en la proximidad social y la educación ambiental. Mediante la entrega de folletos, visitas domiciliarias y apercibimientos previos, se busca notificar a los infractores antes de llegar a la vía sancionatoria.
El objetivo planteado para el cierre de la administración es dejar una estructura operativa sólida, con patrullaje constante y esquemas de atención eficientes.
No obstante, el diagnóstico de las autoridades es claro: la vigilancia policial es sólo una parte de la ecuación; la transformación real del entorno dependerá de un cambio de hábito en la propia ciudadanía.
aarp