El reciente linchamiento del abogado Daniel Picazo González en la comunidad de Papatlazolco, en Huauchinango, nuevamente puso en evidencia que los 217 municipios de Puebla carecen de un protocolo de protección y seguridad para evitar que la población local acuse y confunda con criminales a los turistas, trabajadores o estudiantes que visitan el territorio.
Si bien la entidad cuenta con el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos, previa abrogación de uno similar publicado en 2018 por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la realidad es que turistas, trabajadores y estudiantes que iban de paso por alguna comunidad de Puebla han fallecido víctimas de ajusticiamientos de 2019 en adelante.
Tan solo una semana después de la muerte de Daniel Picazo y como medida preventiva ante la ausencia de un protocolo para proteger a los visitantes, el ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez se vio obligado a informar en sus redes sociales que un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) haría un recorrido en distintas partes del municipio como parte de sus estudios.
"Atención: Se hace de su conocimiento al público en general, que el alumno de la BUAP, Roberto C. Gallardo Méndez, con número de matrícula 202126645 de la Licenciatura en Antropología Social, estará realizando trabajo de campo en el mes de junio del presente año, en el marco de la materia de Antropología Urbana a cargo de la Maestra Martha Ivett Pérez Pérez. Es por ello que solicitamos de la manera más atenta, le sea permitido llevar a cabo pláticas, entrevistas y un registro visual de las prácticas sociales y culturales del lugar, lo cual servirá para propósitos meramente académicos".
La medida fue reconocida y avalada por los habitantes del municipio ubicado en la Sierra Negra, pues consideraron que evitaría que el joven universitario fuera señalado como un delincuente por los pobladores; sin embargo, ha sido la única acción de su tipo en Puebla, ya que antes se registraron otras tragedias contra personas foráneas a la región.
San Miguel Canoa es el primer ejemplo de ello. El 14 de septiembre de 1968, cinco integrantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron de excursión a La Malinche y, por su cercanía, decidieron pasar la noche en la comunidad. El sacerdote Enrique Meza Pérez los acusó de comunistas y convocó a la población, misma que terminó asesinando a cuatro personas a base de golpes con palos y machetes.
Sin embargo, no es el único caso que se ha consumado en el estado y, recientemente, a esa lista se suman municipios como Ajalpan (2015), Acatlán de Osorio (2018), Cohuecan (2019), Tepexco (2019), Puebla (2020) y San Nicolás Buenos Aires (2020).
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal contenidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante 2019 se presentaron 276 intentos de linchamiento, en los que 362 personas fueron atacadas y rescatadas con vida, sin embargo, 20 más perdieron la vida.
En 2020 los ajusticiamientos fueron a la baja respecto al año anterior, con 148 eventos, lo que no impidió la muerte de nueve personas. En tanto, en 2021 se presentaron 96 intentos de linchamiento en 31 municipios, con 123 personas rescatadas por las autoridades, pero dos más perdieron la vida en Puebla capital y Tlahuapan.
La Segob estipuló que en lo que va de 2022 se han reportado 11 intentos de linchamiento, en los que se rescató a 15 personas, pero uno sí se llegó a consumar: el de Daniel Picazo González.
MILENIO Puebla consultó el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, que explica paso a paso y con diagramas de flujo la manera en que deberán actuar las autoridades municipales y estatales ante el interés de las comunidades por linchar a una o varias personas.
Aunque apela a la mediación y negociación de las situaciones de riesgo con las comunidades o permite el uso de la fuerza pública para disolver el linchamiento, el documento de 22 páginas no contempla ningún apartado que brinde protección a turistas, trabajadores y estudiantes que hagan visitas recreativas, laborales, culturales o académicas en alguno de los 217 municipios del estado.
A decir del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (Ccsjp), una de las principales causas para la ejecución de linchamientos están relacionadas a delitos patrimoniales, como robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a vivienda o robo a negocio, aunque también se relacionan a denuncias por presunto secuestro infantil o abuso sexual, por lo que llamó al gobierno estatal y a los 217 municipales a emprender estrategias que inhiban la comisión de estos delitos, ya que reforzará la confianza en las instituciones y promoverá la cultura de la denuncia, lo que a la postre impedirá que las comunidades hagan justicia por propia mano en contra de supuestos criminales.
El Ccsjp identificó que en los últimos tres años la mayoría de los linchamientos, consumados o no, se han producido en los municipios de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc y Huachinango, Tlahuapan, Tecamachalco, San Andrés Cholula, San Salvador Huixcolotla, Acajete, Huaquechula, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, San Salvador El Verde, Zacapoaxtla, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, Chietla, Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, Tlaltenango y Zacatlán, entre otros.
CHM