Hasta el corte del 17 de febrero de 2023, cuatro ex alcaldes, un regidor, un ciudadano y un reportero forman parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género contra las Mujeres, donde en algunos de los casos, estarán inhabilitados hasta el 2030.
Fue en 2020 que el Congreso local, aprobó por mayoría el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se incorporó la conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como establecer los actos y omisiones que constituyen este tipo de violencia.
Además se estableció la procedencia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, del otorgamiento de órdenes de protección, incorporando las cautelares y de reparación integral en materia electoral. Así como contar con un marco normativo para regular y establecer herramientas de actuación que permitan combatir y erradicar la violencia política en razón de género.
MILENIO Puebla hizo un recuento de los casos de violencia política en razón de género registrados en el estado, mismos que no solo se dieron en procesos electorales. El caso más reciente es el de la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, que no podría participar por la gubernatura en 2024, ni en la siguiente elección de 2027 si queda firme la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que ordenó su incorporación al catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género.
Mientras, los perfiles que se encuentran en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia política contra las mujeres en razón de género o por su delito equivalente, o por los delitos de violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, que se encuentra en la página del Instituto Electoral del Estado (IEE), el último incluido es el regidor de San Martín Texmelucan, José Galindo Yamak, toda vez que el pasado 6 de enero, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó que Galindo Yamak incurrió en violencia política de género en contra de la alcaldesa Norma Layón Aarun.
José Galindo estará impedido de contender por otro cargo de elección popular durante cinco años y cuatro meses.
Otro de los perfiles que se encuentra dentro de esta plataforma, es Bernardino Aquino Beléndez, ex edil San Antonio Cañada, el perredista fue acusado por condicionar el pago de dietas o su participación en cabildo y despojo del cargo en contra de la exregidora Amada Borbolla Antonio, y estará inhabilitado hasta 2030.
Asimismo, el perredista y ex alcalde de Tuzamapan de Galeana, Omar Arteaga Ortizoga, estará inhabilitado hasta el 2023; también, el pasado 14 de julio de 2022 magistraron ordenaron incluir al edil al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, tras acreditar que incurrió en diversas agresiones y actos de intimidación contra Georgina Jorge Alvarado.
Consideraron que el alcalde obstaculizó el desempeño de Georgina Jorge Alvarado cuando fue regidora durante la administración 2018-2021, pues se negó a otorgarle una oficina y la obligó a lavar baños y limpiar excremento de aves por un sueldo de 4 mil pesos mensuales.
El morenista Pascual Morales Martínez, ex edil de Francisco Z. Mena, fue sancionado por obstaculizar el ejercicio de las funciones de la víctima, como regidora electa, Flor Teresa Ávila, a quién le retuvo el pago de sus quincenas y emprendió hostigamiento. Morales Martínez estará inhabilitado hasta el 2028.
Asimismo, el priista Edmundo Ramírez Castillo, ex edil de Santiago Miahuatlán está en la lista y no podrá participar en procesos electorales hasta el 2028, toda vez que se consideró que denigró a la regidora María de Jesús Evelia Rosas al no remunerar su trabajo, con el objeto de menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales.
Otro de los perfiles, es el periodista Gerardo Ruiz Herrera, quien fue incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, así como en el registro local del IEE, por sus comentarios misóginos para tratar de desacreditar a la entonces dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, estará en la misma hasta 2028. Además del ciudadano Luis Gabriel Rodríguez Martínez, del cual no se tiene información sobre su denuncia, y solo se detalla que está inhabilitado hasta 2025.
Otros que han sido acusados por violencia política de género
Otros de los perfiles vinculados a violencia política de género son el ex alcalde de Tecamachalco, el panista Inés Saturnino López Ponce, quien fue acusado por la regidora Ruth Zárate Domínguez al impedirle su participación en las sesiones de Cabildo.
El ex presidente municipal d San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, en el proceso electoral de 2018, hizo comentarios sobre la sexualidad de la representante electoral del PRI, Laura Torres Villegas, en una sesión del Consejo General del IEE. Por ello, el TEEP le ordenó cumplir con un taller sobre sensibilización de género y nuevas masculinidades.
El ex diputado local, Héctor Alonso Granados fue advertido por el Consejo General del IEE, que ordenaría su separación al cargo como medida provisional si insistía en violentar a la diputada Nora Merino Escamilla, aunque se trate de una diputación por la que fue electo.
En tanto, otro caso de mujer acusada de violentar es la ex diputada federal, Nayeli Salvatori, quien es investigada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados luego de que salieran a la luz videos y tuits pasados en donde exhibe posturas violentas, machistas y agresivas contra mujeres. Estos contenidos en redes sociales fueron posteados por la ahora legisladora cuando se desempeñaba como locutora de radio en Puebla, por ello, tras analizar el material, fue llevado a la Comisión de Ética.
Se ha estereotipado que la violencia de género la aplican solo los hombres, pero existen mujeres violentadoras.
Fue a mediados de 2020 que Yasmín Flores comenzó a sufrir violencia política de razón de género por la aquella entonces, presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a quien apenas en enero de este año, el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) ordenó su incorporación al catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género, las amenazas aún continúan contra la ex consejera jurídica.
En entrevista con MILENIO Diario, detalló cómo ha sido un martirio, su vida y la de sus hijos tras alzar la voz y denunciar el hostigamiento que sufrió por parte de Rivera Vivanco, a quien en agosto de 2020 junto con ex miembros de la Comuna, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, por violencia política de género, hostigamiento y acoso laboral.
Con un nudo en la garganta, y en algunas ocasiones a punto de llorar, recordó cómo fue amenazada con su hija (en aquel entonces 16 años), pues le mencionaron que estaba muy bonita y que debería cuidarla ya que le podría pasar algo.
Flores Hernández relató que ella se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia municipal, ya que pese a ocupar el mismo cargo que sus compañeros Javier Palou García y Andrés García Viveros como coordinadores ejecutivos, percibía una remuneración menor, y no recibía ningún bono extra y carecía de vehículo.
Dijo que fue en mayo de 2020 cuando Rivera Vivanco la despidió del cargo de consejera, el argumento fue que no le servía para ese puesto, pues buscaba a un hombre; agregó que la entonces presidente la ofreció otro puesto como coordinadora con los presidentes auxiliares, el cual aceptó, sin esperar el calvario que tendría después.
En junio de ese año, comenzó a notar que era seguida por un vehículo que después sabría, era propiedad de la Secretaría de Gobernación, a cargo de René Sánchez. “Tomé una fotografía del vehículo que me seguía, en mi mente pensé que se trataba de un robo, un secuestro, sin saber que el trancazo venía desde adentro” relató.
Tras reportar el hecho y se confirmara que el vehículo pertenecía al ayuntamiento, semanas después la citaron a una reunión de trabajo con la alcaldesa, donde le ordenaban firmar un resguardo de ese vehículo que la había seguido, situación que rechazó; ello molestó a Rivera Vivanco y con ello aumentó los actos de maltrato hacia ella, con gritos, malos tratos, acciones que incluso le causaron ya no querer salir a la calle. “Una vez se nos emparejó un coche con una persona del ayuntamiento y me dijo que estaba bonita mi hija, que la cuidara, que no le fuera a pasar algo”, además de sacarle fotos a mis tres hijos.
Abundó que, luego de esos actos de hostigamiento, malos tratos, acudió con la Secretaría Sustantiva de Género, donde le dijeron que no denunciara, ya que se metería en problemas, “Me sentí en un estado indefensión en todo momento, a quien recurres a expresar lo que te pasa, te dan la espalda, estaba viviendo un hostigamiento en mi trabajo”.
Fue el 13 de agosto el último día que vio a la alcaldesa, y relata que Rivera Vivanco le gritó frente a los presidentes auxiliares, e incluso la empujó, y a través de su personal le exigió su renuncia al mismo tiempo de amenazarla con no proceder, agregó que la ex alcaldesa mencionó que no sabía con quien se metía y echaría todo el aparato de arriba, “de la presidencia”.
Debido a las amenazas, decidió proceder y tras dos años 4 meses, el Tribunal Electoral del Estado dio un dictamen, señalando que ese día en la noche fue amenazada de nueva cuenta, recibiendo un sinfín de números de llamadas telefónicas.
“Ha sido un camino difícil, y escucharla que sale los lunes a seguir atacándome, me ha perturbado, el error más grande de mi vida es haber entrado a su administración. Hemos estereotipado el tema de la violencia en razón de género sea política o no, que son los hombres que la ejercen, pero también hay mujeres violentadoras”.
CHM