Para la académica Ana Gamboa, integrante del Observatorio de Feminicidios de la Universidad Iberoamericana Puebla, las fiscalías estatales del país no garantizan un acceso a la justicia de las víctimas del delito pues no siguen el protocolo establecido en 2019, el cual determina que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigado desde el inicio como un feminicidio.
A esto se suma la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla a la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que pese a la declaratoria de violencia de género no se ha seguido el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, pues en 218 expedientes no se logró una resolución satisfactoria.
En entrevista con MILENIO Puebla, Gamboa explicó que el Protocolo establecido en 2019 es perfecto, sin embargo, también es “letra muerta” porque las fiscalías estatales se rehúsan a seguirlo y las investigaciones sobre los feminicidios distan mucho de cómo se debe actuar.
Gamboa indicó que el pasado 12 de marzo de 2015, en Puebla se estableció el primer protocolo de investigación de delitos relacionados con desaparición de mujeres y la investigación de feminicidios, y en septiembre de 2019 se tuvo un protocolo más actualizado y operable.
No obstante, de acuerdo con el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en diciembre de 2022 se estableció un acuerdo con observatorios nacionales y desde la semana pasada comenzó la capacitación en las Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres sobre los protocolos de investigación del delito de feminicidio en los municipios de Amozoc y Coronango.
Opacidad en procedimientos para la investigación
La integrante del Observatorio de Feminicidios de la Universidad Iberoamericana Puebla expuso que existe “un protocolo de 200 páginas” para la investigación de muertes violentas contra las mujeres y el delito de feminicidio. Este procedimiento señala cómo se debe hacer la indagatoria de toda muerte violenta en contra de las mujeres con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos.
“No sólo detalla cómo se tiene que hacer un análisis de contexto para indagar relaciones alrededor de la víctima previo a su asesinato, sino también conocer si existieron, por ejemplo, algunas de las razones de género que establece el código penal, como se tendría que indagar esas razones de género, y pues cuales serían también las implicaciones sobre todo de necropsia, del levantamiento de los cadáveres”.
Abundó que el documento “evidencia que sí existe una perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”. No obstante, al comparar con otros protocolos de entidades, en Puebla el proceso presenta deficiencias “ya que si bien son 200 páginas, la pregunta es cuántas capacitaciones se han dado especializadas en el protocolo, en cómo se vuelve operable. En unas organizaciones sociales han creado algunas fiscalías a nivel nacional, pero no atienden el protocolo convirtiéndose en letra muerta”.
Por lo anterior, consideró necesario que los protocolos se actualicen bajo el contexto según la región: “Saber de estas razones de género para saber qué violencia previa se cometió o los tipos de violencia o desigualdades, abusos previos de poder entre la víctima y el victimario, si se tiene que ver con un sistema de género, entre otros. Las mujeres están en una cuestión de opresión, situación que el protocolo revelaría para hacerlo más práctico”.
En este tenor, añadió que falta indagar más con los familiares, si estos distinguieron algún tipo de violencia y con ello investigar “si no están en el centro las víctimas, ya no directas, pero sí las indirectas como la familia, funcionarían como indicadores del propio protocolo”.
Protocolo ante desaparición
El documento señala como importante el dotar al personal sustantivo de la FGE de una guía de actuación ministerial, policial y pericial en el Sistema Penal Acusatorio. Esta sería una herramienta metodológica estándar y efectiva, con el enfoque de la debida diligencia y la perspectiva de género, con el fin de que permita investigar las muertes violentas de mujeres y niñas en el estado.
Además, se regularía y unificaría la actuación del personal sustantivo en sus tres niveles de especialización: ministerial, policial y pericial; así como establecer las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado durante la investigación de la violencia feminicida contra mujeres y niñas, evitando la discrecionalidad.
También, se debe facilitar el enfoque de la perspectiva de género en el personal que participa en la investigación de los hechos relacionados con violencia feminicida, eliminando la influencia de patrones socioculturales discriminatorios que provoquen la descalificación de la credibilidad de la víctima durante la investigación ministerial de los casos de violencia, así como una eventual asunción tácita de responsabilidad por los hechos de la niña o la mujer víctima, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, o cualquier otro factor con el que se pretenda justificar la violencia de que fue objeto.
Por último, se considera vital establecer que para la investigación de los casos de muertes violentas de mujeres y niñas, culposos o dolosos, debe aplicar la ruta de investigación propuesta por este protocolo, hasta en tanto se descarte la existencia de las razones de género de esa violencia, de manera científica y cierta; aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad.
Expedientes, sin resolución satisfactoria
El 8 de abril de 2019 inició la implementación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, sin embargo, a decir de José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, los casos denunciados no contaron con una resolución satisfactoria.
El ombudsman local explicó que la CDH empezó una investigación que comprendía del 1 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021 con 218 expedientes, recopilados de notas periodísticas que daban cuenta de muertes violentas de mujeres.
“Con ello abrimos expedientes de queja y de la investigación. Resultó que teníamos que solicitarle a la Fiscalía que nos informara qué había hecho en relación con notas periodísticas sobre esas muertes”.
Apuntó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar esos hechos y como resultado, en ocasiones, solo se activaba un acta circunstanciada para levantar el cadáver; en otros casos, abrían la carpeta de investigación por homicidio y en unos más no se informó el procedimiento.
Con base en estos resultados, la CDH emitió en 2021 la recomendación 32/2021: “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; las violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia, por la inadecuada procuración de justicia; y a la verdad por la insuficiencia en la aplicación del protocolo actualizado para la investigación del delito de feminicidio para el estado de Puebla”, se lee en el documento.
El titular de la CDH compartió que la recomendación da cuenta que de los 218 expedientes no se logró una resolución satisfactoria, sobre el proceso que se realizaba para las investigaciones. Abundó que la institución a su cargo no tiene autoridad sobre la FGE, solo le exige cumplir el protocolo. “Se determina que se violó los derechos humanos de estas personas por la falta de investigación o porque no se aplicó el protocolo adecuadamente”.
Actualmente, la Fiscalía ha cumplido con la recomendación en la que se estableció que los expedientes que la CDH pidió se investiguen y se llegue a una conclusión. En el seguimiento a la recomendación se han tenido resultados.
Cerezo Vélez detalló que se han tenido vinculaciones a proceso, detenidos y órdenes de aprehensión. Entre los puntos solicitados también se encontró; “reaperturar las que hayan archivado sin seguir el protocolo de feminicidios, y se investigue conforme a derecho y se remita a esta comisión las pruebas de su cumplimiento”.
CDH crea programa Mujer Segura
Con el fin de atender a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, orientarlas y garantizarles protección, la CDH creó el programa Mujer Segura. El titular de la comisión, José Félix Cerezo, explicó que consiste en recibir la queja,para después aplicar una medida cautelar, que consiste en que la CDH recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública proteger a la mujer violentada.
Explicó que el personal de la comisión les brinda atención, psicológica y médica. Además, dan acompañamiento en caso de que la mujer desee denunciar y se reciba su denuncia; en caso de que esto sea contrario la CDH aplica otra recomendación.
En caso de que el nivel de violencia que sufre la mujer sea extremo, se le solicita denunciar como “Intento de feminicidio”, donde el ministerio aplica una medida de protección.
Hasta el momento, de junio a diciembre de 2019, se atendieron a 36 mujeres, en durante 2020 de enero a diciembre, 212, en el mismo lapso a 260 y de enero a junio de 2022 se dio atención a 157 mujeres. Teniendo 665 casos exitosos previniendo así casos de feminicidio.
Arranca capacitación para atender a mujeres
La semana pasada en los municipios de Amozoc y Coronango comenzó la capacitación en las Unidades de Atención Inmediata a las Mujeres, sobre los protocolos de investigación del delito de feminicidio, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
CHM