Tras darse a conocer por medio de un reportaje las asignaciones millonarias de contratos a la familia de la funcionaria pública y candidata a diputada local del PRI en San Miguel de Allende Romina Hernández Rangel, el regidor morenista Carlos Ricardo Olvera, informó que pedirán una investigación exhaustiva y denunciarán a la funcionaria ante la instancia correspondiente por estos presuntos actos de corrupción.
Ello debido a que la ley especifica que familiares de funcionarios no pueden recibir contratos y menos por 18 millones de pesos acumulados, como en el caso de la familia de la candidata.
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"Vamos a ir a la primera instancia que es en el orden administrativo ante la Contraloría municipal, vamos a explorar esa primera parte, pero luego vamos a ir al órgano interno de control de Fiscalización del Estado (la ASEG), para meter una observación y que tomen cartas en el asunto porque no puede ser posible esta situación, es inadmisible el dar contratos millonarios hacia una sola familia de índole partidista político".
Una investigación, reveló que en menos de dos años Vicente y Rutilio Hernández, padre y tío de la priista Romina Hernández Rángel, recibieron contratos por compra de materiales llegando a simular competencia entre sí, por más de 18 millones de pesos en suma.
Lo anterior va contra la Ley de Contrataciones para el estado de Guanajuato donde prohíbe que se asignen contratos a familiares de funcionarios públicos.
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"Voy a solicitar una revisión exhaustiva ante Contraloría municipal, de esta situación que denunciaron mediáticamente. Es inadmisible que se pueda favorecer a familiares de una funcionaria pública y que nos hemos visto tiene aspiraciones en la política. No se ve bien y es contrario a la ley el favorecer y generar una coacción a favor de determinada persona", agregó.
Aunado a ello, pedirán se investigue el uso y reparto de apoyos sociales por la funcionaria que es quien encabeza la oficina de Atención Ciudadana y es simultáneamente presidenta municipal del PRI, pues ya fue registrada como precandidata.
"Ahora es ya precandidata a la Diputación Local, entonces es una situación en desventaja, por qué legalmente no está permitido por la ley entregar apoyos en funciones cuando se tiene una aspiración política y ella está debidamente registrada como precandidata", concluyó.