El estado de Puebla registró en un periodo de tres años, de 2018 a 2020, 646 intentos de linchamiento, fenómeno que requiere una respuesta multifactorial en la que diferentes actores actúen de manera coordinaría.
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En el punto anterior coincidieron los especialistas Luz Anyela Morales Quintero, investigadora de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Mariana Durán Márquez, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep); y Miguel Ángel Martínez Martínez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para quienes se requiere una actualización y aplicación del protocolo de atención a los casos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación del Estado, en 2020 ocurrieron 148 intentos de linchamientos, de los cuales, 45.3 por ciento se registraron en la capital. Las razones que llevaron a la reacción a la población involucrada: el asalto a transeúnte; robo a casa habitación, a negocio, a vehículo y a autopartes.
En el año 2019, se registraron 266 intentos de linchamiento; mientras que, en 2018, 232. En lo que se refiere al índice de personas rescatadas que corrían el riesgo de ser linchadas, la misma dependencia informó que de nuevo ocurrió un incremento favorable, pues en 2018 fueron rescatadas un 94.2 por ciento del total; en 2019, un 94.3 por ciento y en 2020, 96% por ciento.
En cuanto a los casos en los que sí ocurrió la muerte de las personas atacadas por linchamiento, fueron un total de nueve, lo cual contrasta con los 20 registrados en el año 2019.
Mariana Durán Márquez, investigadora de la Facultad de Derecho de la Upaep, explicó que las condiciones de precariedad y las fallas de la institucionalidad del estado no suponen un inevitable estallido futuro de diversos tipos de violencias, sin embargo, sí aparece un contexto que potencia la irrupción de condiciones que pueden llevar a ellas y desencadenar intentos de linchamiento.
En la mesa de análisis “El Estado de Derecho y el comportamiento social inaceptable de los linchamientos en el país”, Luz Anyela Morales Quintero, investigadora de la Facultad de Derecho de la BUAP, destacó que el linchamiento es un fenómeno multifactorial para el que se requiere una respuesta multifactorial en la que diferentes actores actúen de manera coordinaría.
“Desde el año 2019 a la fecha, lo que vemos es que Puebla se mantiene entre los estados con mayores cifras de linchamiento en la república llegando al primer lugar, teniendo al segundo lugar. Por el número que llevamos hasta ahorita y tomando en cuenta el último deceso. Estado de México y Tlaxcala completan los estados con más casos”, apuntó.
Destacó que, la mayoría de los seres humanos busca la paz, ante lo cual, el fomento de una cultura de paz es la principal alternativa para enfrentar el problema que se encuentra al alza en el estado y el país.
Por su parte, Miguel Ángel Martínez Martínez explicó que en el estado de Puebla, se registran avances en la atención de los casos de linchamiento; sin embargo, se tienen áreas de oportunidad por atender.
“Es necesario reconocer los avances que se tienen hasta el momento, de un protocolo. Las autoridades conocen el protocolo, puede que no al 100 por ciento. Tenemos un área de oportunidad, pero no es suficiente, pero, también la necesidad de continuar trabajando en diferentes áreas y diferentes puntos”, destacó.
Por último, destacó que el linchamiento surge por una flexibilización de la ley, ante lo cual. es necesario establecer un criterio para ir reconstruyendo los tejidos. “Falta una tipificación específica del delito porque no se tienen las bases para la actuación”.
CHM