La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que a seis años del derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México, la contaminación de los suelos persiste en la zona. Además, informó que las indemnizaciones por el daño provocado fueron inferiores a los 2 mil millones de pesos acordados.
“La Profepa realizó una visita del 5 al 9 de agosto del año pasado para supervisar la contaminación de los suelos, en la que encontró que se rebasaron límites relativos a la presencia de metales. Esto dio lugar al emplazamiento y notificación a la empresa el 9 de diciembre de 2019 para que realizara diversas medidas tendientes a la remediación del sitio y del posible daño causado con un plazo de vencimiento al 20 de julio de este año”, informó la Semarnat.
Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se suspendieron los términos y plazos, en los procedimientos administrativos; por lo que una vez la reanudación de plazos, “la empresa debe cumplir con la totalidad de las medidas ordenadas a más tardar en el mes de octubre”.
En un comunicado, la dependencia sostuvo que luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados, por lo que “la secretaría reafirma su compromiso de trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y el Grupo México”, por lo que desde el año pasado, ha mantenido contacto con los involucrados.
Destacó que existen amparos promovidos por 36 personas de varios municipios afectados, respecto al manejo del fideicomiso; por lo que la Profepa está en espera de lo que emita el juez de distrito para dar cabal cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
“La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México”.
La comunidad también solicitó que la Profepa verificara el cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización del Informe Preventivo y que la Conagua presentara un informe sobre los pozos concesionados en la zona y la calidad del agua.
“En la visita de inspección realizada por la Profepa entre el 19 al 23 de agosto del 2019 se observaron presuntas irregularidades que consisten de manera general en la falta de información relativa a la obra y de la realización de diversas acciones, las cuales se hicieron del conocimiento de la empresa. Además, se establecieron medidas correctivas que deberían cumplirse en marzo de 2020, pero debido a la contingencia sanitaria se suspendieron términos y plazo, por lo que será en la segunda semana de agosto de 2020 que se realizarán las visitas tendientes a revisar el cumplimiento”.
La comunidad de Bacanuchi también expresó la necesidad de mejorar el camino de acceso a ésta, ya que se encuentra en muy malas condiciones, y que se restablezca el funcionamiento de la planta potabilizadora, gestiones en las que ha estado apoyando la dependencia.
Con respecto al derrame de ácido sulfúrico, ocurrido el 9 de julio del 2019, que motivó la clausura parcial de la empresa Mexicana de Cobre S.A. de C.V., y ante lo cual interpuso un amparo, la Profepa informó que el juicio no se ha resuelto porque se encuentra pendiente el desahogo de pruebas periciales de ingeniería civil y topografía.
jamj