M+.- Al comandante Iván Alfonso Ibarra Gastelum, policía municipal de Culiacán con 12 años de experiencia, lo cazaron sus asesinos. Esperaron a que concluyera su turno nocturno y lo persiguieron silenciosamente mientras amanecía en la ciudad y él se trasladaba hacia su casa en la sindicatura de Costa Rica. Tenía 44 años, casado y con hijos. Esperaba conseguir un ascenso para mejorar su vida.
Avanzó por el boulevard Francisco I. Madero y dio vuelta a la derecha en una diagonal que lleva a la calle Venustiano Carranza, una zona concurrida en Culiacán rodeada de comercios, bancos y escuelas. Apenas rebasó la gasolinera a su izquierda, un comando lo rafagueó.
Cuando los paramédicos llegaron y se asomaron hacia el interior del Nissan Sentra blanco, ya no había nada que hacer. Murió por balas calibre 45 en cabeza y pecho.
El 13 de agosto de 2025, el comandante Ibarra se convirtió en el policía sinaloense más recientemente asesinado en el estado. El crimen tenía la marca de la mafia: a tiros, en descanso y en lugar público a la vista de niños y más policías, como ha documentado MILENIO.
Para entonces ya se notaba una racha de policías ejecutados que se ha acelerado hasta nuestros días con un claro punto de inflexión: la traición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya al capo Ismael, El Mayo, Zambada.
El proyecto Azul Cobalto, que monitorea los policidios en México bajo la supervisión del investigador Daniel Gómez Tagle, identificó un incremento en los asesinatos a agentes sinaloenses a partir de julio de 2024, cuando El Mayo Zambada fue citado a una supuesta reunión de conciliación política entre el hoy gobernador con licencia y el exrector Héctor Melesio Cuén, misma que terminó en su entrega forzada a Estados Unidos a manos de Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo.
Desde ese mes, la curva de uniformados caídos comenzó una silenciosa, pero imparable tendencia a la alza: en 2023 –un año sin conflicto aparente entre la narcopolítica local– hubo dos policidios y 2024 –el año del inicio de la “guerra en Sinaloa”– cerró con 10 debido a una marcada aceleración en el segundo semestre, es decir, un incremento del 400 por ciento.
Pero 2025 rompió con todos los registros: finalizó con 40 policías asesinados, lo que significa que la curva ascendente llegó en dos años hasta el mil 900 por ciento.
“Las cifras indican que en julio de 2024 comenzó a elevarse muy rápido el riesgo policial. Esto no puede ser casualidad: responde a un momento político y de seguridad muy específico”, asegura el investigador Daniel Gómez Tagle.
“Esto ya nos pone en un estado crítico: en 2023, la tasa de riesgo policial era de 33.8 puntos y para 2025 escaló a 763.7”.
Vista con los datos fríos de los asesinatos policiales, los acuerdos y rupturas de pactos entre Rocha Moya y El Mayo Zambada tuvieron consecuencias claras para los policías de Sinaloa: ellas y ellos pagaron los errores de otros con sus vidas.
El riesgo para policías en Culiacán, Mazatlán y Navolato
Las cifras confirman que “la guerra en Sinaloa” es también una guerra contra los policías: Culiacán, la ciudad más golpeada por el enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza, es el territorio más peligroso para un uniformado con el 45 por ciento de los policidios, y a la capital le siguen Mazatlán y Navolato, donde ambas facciones disputan territorio colonia por colonia.
Ahí se repite el modus operandi: a principios de enero de 2026, en la ciudad también llamada La Perla del Pacífico, fue emboscado el policía motorizado Silvino Néstor Guzmán Cruz, El Kalimba, integrante del Grupo Jaguar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Cuando los paramédicos del grupo Bomberos Veteranos de Mazatlán llegaron a auxiliarlo, nada pudieron hacer: recibió un ataque a tiros, directo y sin mediar palabra, a la cabeza, pecho y piernas.
La racha de policías asesinados tiene a Sinaloa en un momento crítico, justo cuando la guerra ha superado los 600 días y parece acercarse sin freno a los 700: el estado se encuentra en el primer lugar nacional de necesidad de una intervención federal, superando a Colima y Guanajuato, segundo y tercer lugar, respectivamente, según la escala de Necesidad de Intervención creada por el proyecto Azul Cobalto, uno que pronto tendrá un servicio de paga para universidades e instituciones públicas dedicadas a la seguridad.
“En lo que va de la administración Sheinbaum han sido asesinados 300 municipales, 95 estatales, 56 ministeriales, 43 agentes de Guardia Nacional, 25 agentes de vialidad y ocho penitenciarios, para un total de 527 policidios”, se lee en las estadísticas de la organización Azul Cobalto.
“La muerte de un policía es una tragedia en sí misma, pero tiene muchas otras implicaciones: cada policía asesinado reduce el estado de fuerza, es decir, la capacidad de proteger a los ciudadanos.
“Hoy, la capacidad de las policías en Sinaloa está rebasada y la sobrecarga operativa está ya en sus límites. La Policía Estatal y Municipal ya no tiene capacidad humana para atender los delitos que están ocurriendo en el estado”, señala Daniel Gómez-Tagle.
La hipótesis que mejor puede explicar esta violencia exacerbada es que, tras la traición a El Mayo Zambada, los policías de Sinaloa se vieron forzados a elegir un bando en la guerra entre facciones.
Algunos eligieron a Los Chapitos o La Mayiza y fueron cazados por sus rivales; otros prefirieron mantenerse al margen y, precisamente por no decantarse por alguna de las partes de la escisión, fueron asesinados. No tuvieron escapatoria ante el reacomodo del Cártel de Sinaloa y las traiciones entre servidores públicos y capos.
Policías padecen las componendas y la sospecha ciudadana
Bernardo Léon Olea es un excomisionado de Seguridad Municipal en Morelia y experto en formación policial. A lo largo de décadas de capacitar a uniformados, el politólogo ha confirmado que los policías municipales, cuando están en regiones bajo dominio criminal, suelen depender de los acuerdos políticos de sus superiores con el crimen local para hacer su trabajo.
“En el caso de Sinaloa, las policías municipales están en las mismas circunstancias que todas las policías municipales del país: te dicen, discretamente, que ellos están viendo quién gana, si Los Chapitos o Los Mayitos, para ver con quién se alinea el mando policial o político.
“Esa es su limitación más grande, porque cuando hablas con los policías de Sinaloa, sí están dispuestos a hacer su trabajo.Cuando los conoces, te das cuenta de que son buenos policías”, asegura León Olea.
Además de estar atrapados entre los acuerdos de la narcopolítica, los policías municipales están bajo el asedio de las críticas ciudadanas: se les percibe como los más corruptos, por lo que la presión ciudadana para resolver un policidio es muy baja. Hay quienes, incluso, justifican erróneamente los crímenes contra ellos “porque seguro están en malos pasos”.
“Las policías municipales tienen la mayor sensación de corrupción por una razón muy sencilla: son las más cercanas a la gente. Si tú preguntas: '¿Cómo calificas al Ejército, la Guardia Nacional o a la Marina?', siempre vas a recibir calificaciones muy altas, pero cuando les preguntas: '¿Qué interacción tienes con estos policías' la respuesta también es que es una relación baja; en cambio, las policías municipales tienen una interacción cotidiana con la ciudadanía”, reflexiona León Olea.
“Y sí, sin duda, hay un margen de policías que se corrompen, pero no es mayor que el de la Guardia Nacional o de las policías estatales. La diferencia es que con ellos convives todos los días. Esa es la razón por la que hay esa percepción. Y lo tenemos medido”, agrega el experto.
Sus palabras resuenan con lo que cuenta el comandante Barrios, policía municipal en Culiacán, quien ha pedido el anonimato para contar sobre el ánimo de sus compañeros en plena guerra: él y otros veteranos, con hasta 20 años de carrera, jamás habían sentido tanto miedo como ahora.
“Los policías de aquí vivimos la ruptura con los Beltrán Leyva, las capturas de El Chapo, el Culiacanazo 1 y 2, las detenciones de jefes medianos que son muy violentos, pero nunca algo como esto.
“Esto ya es insoportable. Todos los días sales con mucho miedo porque no sabes si vas a regresar. Y hasta en tu casa estás inseguro, porque hay compañeros que han sacado de sus casas y los rematan frente a sus hijos”, cuenta Barrios.
Él asegura que nunca trabajó para el Cártel de Sinaloa. Mientras otros optaron por hacerlo para ganar un dinero extra, Barrios eligió mantenerse al margen para proteger a su familia. Sin embargo, lo que durante 17 años fue una decisión personal, a partir del 25 de julio de 2025 se volvió una imposición institucional: hay que elegir un bando, participar activamente, aunque sea como halcón.
Hoy lamenta con resignación que ha dado protección a una facción de la cual prefiere no hablar por teléfono, por si acaso su celular está intervenido. Es escueto en sus palabras, pero claro: él y otros policías municipales, por todo Sinaloa, entraron a la fuerza a una guerra que no deseaban para ellos ni para sus comunidades. Podría pedir su baja de la policía, lamenta, pero ama su vocación y solo le quedaría el trabajo informal, que no le ofrece seguridad social a su esposa e hijas.
“Hay enojo en la policía, claro que sí. Yo me atrevo a decirlo, porque lo traigo atorado desde que empezó esta guerra. Pero sí: otra vez, los políticos y sus acuerdos nos arruinaron la vida. Ellos tienen las manos manchadas de sangre de policías, muchos de ellos, la verdad, muy buenos policías”.
(Fact checking: JRH)
ksh