La síndica de Tijuana, en Baja California, María del Carmen Espinoza Ochoa, informó que presentó formalmente una demanda en contra del presidente municipal, Arturo González Cruz, para solicitar la protección de sus derechos político-electorales, en la vertiente del ejercicio público como síndica procuradora.
A través de un video en Facebook precisó que la denuncia la realizó ayer a las 13:38 horas contra el alcalde, a quien acusa de realizar actos que constituyen violencia política y de género hacia su persona.
- Te recomendamos Los temas de AMLO en la mañanera del 15 de abril Política
"Cuando uno calla, permite. Y yo creo que tenemos que ir de la mano con la justicia que está en papel y que se debe implementar en los hechos".
Sostuvo que existió una "orden injustificada dada por el alcalde a todas las dependencias municipales para que no rindan informes a la Sindicatura Procuradora hasta que las autoridades federales y estatales dispongan la terminación de la contingencia sanitaria, sin considerar que nuestras funciones de procuración de justicia municipal se encuentran consideradas como esenciales".
Mencionó que González Cruz también ordenó que se le prohibiera el acceso al estacionamiento del, al igual que al elevador privado del palacio municipal, además de que la oficial mayor le exigió desalojar las instalaciones de la Dirección Social de la Sindicatura para otorgar ese espacio a otra dependencia.
"Me retiraran los escoltas de protección a la suscrita, sin tener en consideración que por las funciones que desempeño se pone en riesgo mi seguridad personal".
Agregó también que se le ha citado a sesiones de junta de gobierno municipal el mismo día que se realizaban. Según la sindica, las medidas restrictivas han afectado a ella, a sus asesores y colaboradores.
Espinoza Ochoa comentó que el alcalde ha realizado declaraciones públicas refiriéndose a su persona, diciendo que la síndica "debe dedicarse a trabajar sin protagonismos y que las candidaturas se ganan trabajando".
"No permitiremos ni callaremos el que se continúen realizando actos de violencia de política y de género en busca de mermar y obstruir el ejercicio de mis derechos como mujer servidora pública, porque al igual que toda persona tengo derecho a ser tratada con respeto y dignidad".
OMZI