La temporada camaronera inició, y con ella, una feroz batalla de pangas y barcazas sobre el Mar de Cortés, donde pescadores legales e irregulares despliegan redes y arpones en busca de la respectiva supervivencia.
Pero la disputa comercial confronta los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil para proteger a la Vaquita Marina, popular especie endémica en peligro de extinción.
En el Alto Golfo de California, a 200 kilómetros del muro fronterizo de Estados Unidos, se localiza San Felipe, localidad con 17 mil habitantes mayoritariamente dedicados a la pesca, y que es también un tradicional punto de encuentro para el llamado “turismo motorizado” de Estados Unidos, que en su mayor parte proviene de los estados de Texas y California.
El puerto de San Felipe es también el hogar de las ocho marsopas que, según estiman ecologistas y gobierno, aún sobreviven.
En los últimos años, medios nacionales e internacionales estigmatizaron a esta comunidad, situación que logró presionar tanto a los gobiernos de Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador para imponer restricciones pesqueras en la zona, afectando a familias que no siempre han sido tomadas en cuenta por las autoridades.
Sin embargo, las pangas salieron a navegar en la irregularidad, o de plano en la ilegalidad, con artes de pesca consideradas como nocivas para la conservación de la especie, lo que abrió un acalorado debate sobre la preservación contra la supervivencia, y con ello los conflictos con organizaciones conservacionistas.
“¿Cómo se mantienen cientos de familias en el Alto Golfo si tenemos todas las prohibiciones que puede haber? No tenemos redes autorizadas, y aparte tenemos un embargo, desde 2018”, se cuestiona Ramón Franco Díaz, presidente de la Federación Andrés Nuño Castro, que agrupa a cooperativas y pescadores independientes de San Felipe, Baja California.
Tantos conflictos como especies
En este “acuario del mundo”, como lo llamó Jacques-Yves Cousteau, hay tantos problemas como especies marinas, que comenzaron desde que fueron expulsados los pescadores de su zona de trabajo con la creación de un polígono de cero tolerancia para proteger a este animalito de las redes de cazadores ilegales del pez Totoaba, estrechamente ligada a la extinción de la vaquita.
Se sumó la prohibición para la fabricación, transportación y uso de redes tradicionales, y el gobierno federal entregó compensaciones económicas de hasta 8 mil pesos al mes, a cambio de no salir a pescar. Pero, la política de “austeridad republicana”, cambiaría las reglas, y los estímulos se redujeron a 7 mil 200 pesos anuales, autorizando la pesca, pero con restricciones.
Al coctel de conflictos se le agrega un embargo impuesto por Estados Unidos desde 2018 para impedir la exportación de productos pesqueros desde Baja California: “una estocada para los trabajadores del mar”, según califican líderes del ramo.
Cooperativas se suman al monitoreo de la vaquita marina
Con apoyo de organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación, cooperativas de San Felipe se han autoimpuesto la misión de distribuir dispositivos de grabación acústica en el polígono de la vaquita, con la esperanza de que los científicos del Grupo de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas puedan escuchar alguna.
Otros grupos también han comenzado a sustituir sus procesos de pesca para darle un valor agregado a su producto, como Ernesto Ramírez, pescador de curvina, quien modificó su método de captura, pasando de una fórmula tradicional a un método japonés llamado Ikejime, que no es más que desangrar la pesca, trozar las agallas, evitando el estrés del animal.
“Agarras poquito menos, pero vale más el producto, por ejemplo, si agarramos 50 kilos, del otro nos pagan a 20 pesos, y este ya procesado nos lo pagan a 50-80 pesos casi el doble o triple”, explica a MILENIO.
Otros más han tratado de sustituir la tradicional red de chinchorro por redes de arrastre. Aunque su uso represente un mayor costo, y menor beneficio económico pues gastan más gasolina, se desgasta más el motor de la panga, y significa capturar apenas el 10 por ciento de lo que se levantaba antes de las prohibiciones.
Sin embargo, desde el sector se hace la advertencia: “Estamos trabajando en una forma irregular, no ilegal, pero sí irregular, porque no tenemos artes que estén autorizadas para llevar a cabo las actividades”, acusa Ramón Franco, de la Federación Andrés Rubio Castro.
Bloques de concreto: la respuesta gubernamental
La respuesta gubernamental para la protección de la especie, cumplir con los acuerdos internacionales en materia de conservación y para que pescadores puedan continuar con sus actividades fuera del polígono quedó en manos de la Secretaría de Marina, que desplegó una estrategia de disuasión con bloques de concreto.
Este viernes concluyó la primera etapa del proyecto de sembrado de bloques con la instalación de 193 cubos con dos ganchos de acero cada uno distribuidos en los 225 kilómetros cuadrados que comprende el polígono: Una trampa para que cualquier red que atraviese este espacio quede atrapada.
“Un dispositivo permanente y de bajo costo que disuada las actividades de pesca con redes de enmalle que son las que colateralmente están dañando la Vaquita Marina”, explicó a MILENIO el Capitán de Fragata, Marvin Colorado Castañeda, responsable del Proyecto Sembrado de Bloques.
Los bloques fueron fabricados en el astillero de Marina número seis con sede en Guaymas, Sonora, donde son pintados para mitigar la corrosión de las estructuras, para luego ser transportados en dos buques balizadores Clase Virgo y Sagitario, y será desde la Estación de Investigación Oceanográfica de Ensenada donde se realizarán los monitoreos del ecosistema.
Un proyecto diseñado por el sector naval de San Felipe, como parte del grupo intragubernamental para la sustentabilidad del Alto Golfo de California, que comenzó por lo menos desde septiembre del año pasado y al que se suman los patrullajes y las inspecciones rutinarias que se realizan como Autoridad Marítima Nacional.
Según el Capitán de Fragata, “el proyecto no fenece una vez que coloquemos los bloques”, ya que se tendrán campañas y programas de monitoreo y remoción de redes.
Sin embargo, se trata de una solución que no ha dejado conformes a los pescadores, que -advierten- podría dejar secuelas.
“Es un problema para ese animalito, porque las redes se quedarán en esos muros y nadie las va a poder sacar, van a estar atoradas ahí… ¿Por cuánto tiempo? pueden durar años, porque este material no es un material que el agua la desbarate”, advierte Ramón Franco.
Aunque desde el sector naval, el Capitán de fragata del Cuerpo General, Jorge Agustín Chávez en entrevista con MILENIO revira: “¿Ahora qué sigue? Sigue la fase de monitoreo, tanto de los resultados, como de las condiciones que pudieran ser afectadas por el sembrado de bloques”.
“Vamos a medir calidad del fondo, vamos a medir agua, vamos a ver que no queden redes atrapadas y en caso vamos hacer la extracción y transporte para un centro de acopio donde en conjunto con Conapesca y Profepa vamos a determinar, si la red se puede reutilizar o bien si la red se destruye”, explicó.
En cuanto los esfuerzos por la preservación se buscará cumplir con el “Programa de remoción y manejo de redes atrapadas”, el cual tendrá la participación de las organizaciones de la sociedad civil Museo de la Ballena y Sea Shepherd, así como de grupos comunitarios apoyados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Al respecto, la gobernadora de Baja California Marina Del Pilar, celebró el plan que ayudará a la conservación de la especie, pero que bien -dijo- deberá ser complementado con programas fuera del polígono de cero tolerancia: “Seguir trabajando en fortalecer los programas en los polígonos de pesca con la intención de fomentar la explotación sin dañar al medio ambiente”.
Y mientras los ojos del mundo voltean a ver al Alto Golfo de California ante la desaparición de una especie, los pescadores de San Felipe se alistan para volver a salir al mar.
ledz