Hubo un tiempo en que en Tampico la rutina dependía del rumor de una balacera: los comercios cerraban antes del anochecer, las familias evitaban salir y las calles se vaciaban al caer la tarde.
No era exageración. Era supervivencia. Entre 2007 y 2014, la zona sur de Tamaulipas atravesó la etapa más violenta de su historia contemporánea. Secuestros, homicidios, extorsiones y enfrentamientos armados rompieron la paz de la llamada capital de las Huastecas, impactando la vida económica y social de la conurbación, según la investigación de MILENIO.
La violencia no solo se reflejaba en cifras oficiales; se exhibía en el espacio público. Hombres ejecutados cuyos cuerpos aparecían colgados en puentes de avenidas principales, negocios incendiados, enfrentamientos entre grupos criminales y ataques contra corporaciones de seguridad mantenían a la ciudadanía atrapada entre el silencio, el temor y la incertidumbre.
El punto de inflexión: organización ciudadana
¿Cómo se recuperó la tranquilidad? El punto de inflexión no llegó con un despliegue aislado de fuerzas de seguridad, sino con un mecanismo: una mesa ciudadana de seguridad, donde empresarios, sociedad civil organizada y autoridades de los tres niveles de gobierno comenzaron a reunirse de manera sistemática para dar seguimiento puntual a los delitos, revisar cifras y, sobre todo, exigir resultados de forma directa.
Esta dinámica fue clave, con evaluación constante y presión pública para reducir los márgenes de impunidad. Mediante la coordinación de fuerzas armadas y autoridades civiles, poco a poco los delitos de alto impacto comenzaron a descender, y el cambio fue visible con la recuperación de espacios públicos, la reapertura nocturna de negocios y una mayor percepción de seguridad en una zona antes considerada de alto riesgo.
La experiencia demostró que la seguridad no depende solo de la cobertura operativa, sino de la coordinación institucional con vigilancia ciudadana permanente, disciplina en el seguimiento y corresponsabilidad.
Se perdieron libertades básicas
El punto más crítico llegó en 2014, el año con mayor registro oficial de delitos de alto impacto, pero la realidad era todavía más dura. “Fue una situación insostenible”, recuerda Jorge Charles Coll, actual coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Zona Sur de Tamaulipas.
“Solo en secuestro se denunciaron alrededor de 120 casos ese año; sin embargo, se estima que apenas 1 por ciento se denunciaba”, señala. La violencia no solo dejó víctimas directas e indirectas; también provocó desplazamiento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que más de seis mil familias abandonaron Tampico, Madero y Altamira en ese periodo. Colonias enteras quedaron semivacías y la inversión se frenó.
La zona, históricamente acostumbrada a una vida tranquila, perdió libertades básicas como transitar sin miedo, salir a la playa o simplemente permanecer en la calle después del atardecer. No se podía viajar por carretera si no era en convoyes escoltados por la Policía Federal.
“Vivíamos en paz y con calidad de vida, pero la ola de violencia comenzó alrededor de 2007 y alcanzó su punto más alto en 2014; este fue el año con más homicidios, secuestros y extorsiones. En el Observatorio Ciudadano lo documentamos; abril marcó el quiebre”.
Prácticamente no hubo familia que no se viera afectada en su entorno cercano. “Quien no lo sufrió en carne propia lo vivió a través de un familiar o un vecino. Fue generalizado: todos convivíamos con el miedo y nadie era ajeno a la incertidumbre”, refiere.
Del miedo a la medición y la exigencia
En el punto más crítico se produjo el quiebre. La adversidad se transformó en organización y el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) asumió la decisión de hacer frente a la crisis.
Empresarios, académicos y ciudadanos entendieron que no bastaba con exigir resultados; había que involucrarse. En agosto de 2014 nació el Observatorio Ciudadano con el propósito de medir formalmente la incidencia delictiva y generar datos verificables.
“Ya no podíamos quedarnos solo en la queja; necesitábamos cifras para exigir”, subraya Charles Coll.
“Ya estábamos cansados de reunirnos con el gobernador y los alcaldes y que nos dijeran que todo estaba bien. Se crea y certifica el Observatorio en tiempo récord y se tuvieron argumentos para decir: ‘ni estamos bien ni vamos bien’, con cifras, análisis y metodología que el gobierno no iba a poder refutar”.
Con los datos en la mano llegó otra catarsis: entendieron que no bastaba con medir; había que actuar. La debilidad institucional obligaba a asumir una corresponsabilidad ciudadana.
La Mesa Ciudadana y el modelo de coordinación
Se rompió la inercia y el siguiente paso fue apostar por un espacio permanente de coordinación. Así, en mayo de 2015 se celebró la primera sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, un modelo inspirado en la experiencia de Ciudad Juárez, que había logrado revertir su propia crisis de violencia.
“Decíamos en aquella época que la ciudad era un paciente en terapia intensiva: primero había que estabilizarla y después diagnosticar qué le dolía. El enfoque se centró en los delitos de alto impacto, que comenzaron a disminuir y evidenciaron un cambio. El proceso arrancó con la reconstrucción de confianza, comunicación y coordinación”.
Poco a poco la ciudad empezó a florecer: regresaron la inversión, el empleo y el dinamismo económico. “Los restaurantes volvieron a llenarse y la vida nocturna resurgió después de haber estado completamente muerta; teníamos un toque de queda de facto, autoimpuesto”.
Actualmente, la Mesa agrupa a más de 100 representantes de los sectores empresarial, académico, social y religioso, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno y fuerzas de seguridad. Su premisa es clara: con o sin cargos públicos, todos son ciudadanos y todos quieren vivir en paz.
Reconstrucción institucional y presencia federal
Los primeros años fueron complejos. Hubo que reconstruir la confianza entre sociedad y gobierno, e incluso entre las propias instituciones. En paralelo, se desplegaron operativos de fuerzas federales, se reestructuraron corporaciones y se fortaleció la policía estatal. La Mesa acompañó el proceso con seguimiento puntual, evaluación y propuestas concretas.
Para dimensionar la magnitud de la crisis de inseguridad en la conurbación, hay que recordar que fue el primer punto del país donde el gobierno federal desplegó la Gendarmería Nacional como fuerza de contención.
A ello se sumó la concentración de alrededor de 600 policías militares en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, en el contexto del llamado Plan Tamaulipas, estrategia federal que implicó una reconfiguración total del modelo policial.
La medida más drástica fue el desmantelamiento de la Policía Metropolitana y la transición al esquema de mando único, mientras se construía desde cero la Policía Estatal.
Durante más de un año, los municipios de la zona operaron prácticamente sin corporaciones locales ni tránsito, dependiendo de fuerzas federales. En 2015, la capacidad era mínima: apenas tres patrullas y unos 20 elementos para cubrir toda la ciudad.
Se creó la Zona Costa bajo la coordinación de la Primera Zona Naval. La intervención federal no fue inmediata en resultados, pero permitió contener delitos de alto impacto y sentar las bases para el reclutamiento y la profesionalización de nuevos elementos estatales.
Resultados y advertencias
Hoy Tampico se mantiene entre las 10 áreas urbanas con mejor percepción de seguridad en el país, aunque sin bajar la guardia. “No tenemos nada garantizado”, advierte Jorge Charles. Tras casi 11 años de reuniones ininterrumpidas, incluso durante la pandemia, la Mesa continúa operando bajo una lógica de corresponsabilidad.
La lección que dejó la época negra fue clara: la seguridad no es solo tarea del gobierno y, cuando la ciudadanía se articula, mide, exige y colabora, puede convertirse en un muro de contención frente a la violencia.
“Actualmente tenemos niveles de percepción de seguridad que cualquier ciudad de México envidiaría, y más al estar en una región tan complicada como la nuestra, colindante con Veracruz y frente al Golfo de México; lo que nos toca es redoblar esfuerzos y no caer en exceso de confianza”, destaca el coordinador ejecutivo.
Detalla que la Mesa está compuesta por las 19 cámaras que integran el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (Ciest), donde están representados todos los sectores: comerciantes, industriales, hoteleros, restauranteros y demás.
Son 15 comisiones de trabajo, además de equipos coordinados por universidades, que en conjunto suman alrededor de 300 personas. “Esperamos que llegue el momento en que la participación ciudadana solo se necesite para pagar impuestos”.
En mayo, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia cumplirá once años y 128 sesiones plenarias ininterrumpidas; ni siquiera la pandemia detuvo su labor. En Tamaulipas fue pionera y sentó las bases para su creación en Victoria, El Mante, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
El exitoso modelo ha despertado interés en otras entidades que solicitan información para replicarlo. Sin embargo, más que los reconocimientos, prevalece la certeza de que el esfuerzo debe continuar, especialmente ante el repunte de inseguridad que se observa a nivel nacional.
Colonias tenían su propia patrulla
Alicia Barocio Sánchez, ex representante vecinal de las colonias Flores, Sierra Morena y Montealegre, describe la etapa más violenta como un periodo de miedo constante, especialmente para madres con hijos adolescentes.
Las balaceras eran frecuentes, la información confusa y la psicosis colectiva amplificaba la incertidumbre. Hubo secuestros, asaltos —incluido uno en su propia casa— y restricciones severas a la vida cotidiana; las familias se encerraban desde muy temprano.
Ante la ausencia o debilidad de policías locales, la batuta de la Marina fue percibida como un factor clave de contención.
“Paralelamente surgió la organización ciudadana: nacen los chats vecinales como mecanismo de alerta inmediata y coordinación. Esa red permitió avisos en tiempo real sobre situaciones de riesgo, apoyo solidario —abrir puertas ante persecuciones—, compras colectivas de cámaras, contratación de seguridad privada y gestión comunitaria de problemas”.
Un antecedente relevante fue la compra vecinal de una patrulla exclusiva para las colonias, financiada y administrada por residentes, que posteriormente fue retirada por la autoridad municipal. Le tocó ver cómo la crisis detonó la migración de muchas familias.
“Con el tiempo se consolidó una cultura de autoprotección: bardas más altas, videovigilancia, reglas de cuidado personal y mayor cohesión comunitaria”. Barocio Sánchez destaca el papel de la Mesa de Seguridad como espacio de coordinación de la sociedad con autoridades militares, navales y estatales, que ha resultado un modelo eficiente.
Hoy observa una ciudad segura en cuanto a los delitos de alto impacto, aunque advierte riesgos persistentes como robos a casa habitación, deterioro de servicios públicos, problemas de uso de suelo y crecimiento urbano sin suficiente infraestructura.
Su conclusión central: la crisis fue el punto de inflexión que transformó colonias aisladas en comunidades organizadas y solidarias, y ese capital social es el principal legado de aquellos años.
La época negra que marcó a Tampico
La etapa más violenta que vivió Tampico representó una ruptura profunda en la vida social, económica y simbólica del puerto, apunta el cronista adjunto de la ciudad, Francisco Ramos Alcocer, quien recuerda cómo se pasó de ser referente comercial, petrolero y cultural del Golfo a convertirse en un territorio disputado por grupos criminales.
“La zona conurbada registró balaceras en avenidas principales, desapariciones y una presencia constante de fuerzas federales. Más allá de las cifras oficiales, quedó una experiencia colectiva marcada por el miedo, negocios cerrando antes del anochecer, escuelas suspendiendo clases y familias modificando rutinas para evitar riesgos”.
El cronista añade que la confianza entre vecinos se debilitó, los rumores sustituyeron a la información oficial y la desconfianza hacia las instituciones creció. La ciudad, acostumbrada a una vida pública activa, experimentó un repliegue silencioso.
Con el paso de los años y tras operativos federales y cambios en la estrategia de seguridad, los indicadores de violencia de alto impacto disminuyeron en la zona sur. Sin embargo, la memoria de aquella etapa permanece.
Para quienes documentan la historia local, la época negra no es solo un capítulo criminal, sino una crisis urbana que redefinió la identidad contemporánea de Tampico.
Hoy, la recuperación de espacios públicos y la reactivación económica contrastan con aquellos años críticos, pero el registro histórico insiste en no olvidar. Porque entender esa etapa, sus causas, omisiones y consecuencias, es parte esencial de la construcción de una memoria colectiva que evite repetirla.
JETL