La acusación popular de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, liderada por la asociación ultraderechista Hazte Oír, pide 13 años de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
El magistrado acordó el 20 de junio enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. En su escrito judicial la acusación popular, que basó todas sus acusaciones en recortes de pasquines digitales ultraderechistas con la complacencia del juez, demanda en concreto dos años por tráfico de influencias, tres por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito, pero sin ser continuado.
Subsidiariamente solicita diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación al considerar que “se prevalió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) creara a su medida la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)”.
¿Cuántos años solicitan por delito?
Por el delito de malversación continuada, la acusación solicita tres años de cárcel al entender que “destinó a fines privados a Cristina Álvarez (su asistente)” y solicita la suspensión de cargo público durante cuatro años.
Por el delito de malversación agravada reclama ocho años de cárcel, la mayor de las penas solicitadas por estos delitos, al creer que Gómez que se apropió del software desarrollado con fondos públicos de la Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través de marcas, el dominio transformatsc.org y la sociedad Transforma TSC SL.
Según la acusación, el perjuicio a la UCM se situaría en 113 mil 509 euros, pidiendo “la inhabilitación absoluta de 20 años”.
Después de que la Audiencia de Madrid confirmara la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 41 de enviarla a juicio ante un Jurado Popular por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación, la acusación popular presenta su escrito de conclusiones provisionales.
La Fiscalía, igual que la defensa de Gómez, consideró durante toda la instrucción que el caso debía ser archivado, por lo que no acusará.
LJ