Los representantes de la organización Amnistía Internacional urgieron a los gobiernos de México y Estados Unidos frenar las deportaciones de haitianos y condenó las violaciones de derechos humanos que sufren en la región en medio del masivo flujo de los ciudadanos centroamericanos en la frontera de ambos países.
Durante la presentación del informe "Ningún lugar seguro: Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente", Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance denunciaron que los migrantes son expuestos a detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las autoridades.
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Además, sostienen que los migrantes haitianos han sido víctimas de extorsión, discriminación racial contra las personas negras, abusos de grupos armados (que incluyen la violencia de género), así como falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo.
"Hoy pedimos a los Estados de la región que pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas, como el asilo y otras vías a la residencia legal para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
El informe es resultado de una investigación realizada en Tapachula, Chiapas, la cual retrata la situación de decenas de miles de personas haitianas que esperan el resultado de sus solicitudes de asilo en condiciones que las organizaciones calificaron como inhumanas.
“Nuestra investigación nos dice que no hay ningún lugar seguro para las personas haitianas. Los países de la región deben poner fin de inmediato a todas las deportaciones a Haití y proporcionar a las personas haitianas acceso sin trabas a protección internacional”, dijo Nicole Phillips, directora jurídica de Haitian Bridge Alliance.
El documento señala que este año más de 26 mil migrantes haitianos han solicitado asilo en México; en contraste menos de la mitad de las solicitudes de protección internacional presentadas en 2020 y 2021 se resolvieron favorablemente, frente al 97-98 por ciento de resoluciones favorables en el caso de personas venezolanas y al 84-85 por ciento, en el de personas hondureñas durante el mismo periodo, según datos de las autoridades mexicanas.
Además señala que México está tomando medidas que, en la práctica, podrían estar restringiendo el acceso a protección de las personas haitianas en varios aspectos; entre estas medidas, se cuentan las devoluciones ilícitas y las expulsiones sin el debido procedimiento a Haití y Guatemala y sin evaluaciones de protección, lo que viola el principio de no devolución; la obligatoriedad de que todas las personas solicitantes de asilo haitianas estén únicamente en Tapachula; y la falta de consideración de las diversas opciones de regularización que permite la legislación mexicana.
A su vez el documento resalta que todo ello está sobrecargando el sistema y dando lugar a condiciones de inseguridad y a indigencia debido a la falta de acceso a vivienda adecuada, alimentos y otras necesidades básicas.
“Muchas de las personas haitianas que están en México han vivido en Chile, pero se vieron obligadas a salir del país tras sufrir discriminación racista contra las personas negras y dificultades para regularizar su condición migratoria, especialmente con el gobierno de Sebastián Piñera”, detalla el informe.
Amnistía Internacional explicó que el derecho internacional y regional de los derechos humanos prohíbe que los Estados devuelvan a personas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro, situación que es claramente aplicable a Haití. No obstante, los Estados de la región, en particular Estados Unidos y México, han seguido llevando a cabo deportaciones a Haití en las últimas semanas.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, los países de la región devolvieron a Haití a unas 10 mil 800 personas haitianas, la mayoría desde Estados Unidos en aplicación de las políticas del Título 42, la cual de acuerdo con Amnistía Internacional es una política del anterior Gobierno de Donald Trump que utiliza como pretexto la covid-19 para expulsiones rápidas sin atender solicitudes de asilo.
“Los Estados también deben tomar medidas rápidas y efectivas para combatir el racismo y otras formas interseccionales de discriminación dirigidas contra personas migrantes haitianas; por ejemplo, haciendo cumplir las normas que prohíben la elaboración de perfiles raciales por parte de funcionarios públicos y organizando campañas públicas contra la discriminación que aborden el racismo y la xenofobia en la sociedad”, mencionó Phillips.