La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la cual se pide que Rusia rinda cuentas por violar la ley internacional al invadir a Ucrania, incluyendo que pague reparaciones por los daños generalizados causados al país y por los ucranianos muertos y heridos durante la guerra.
La votación de los 193 integrantes del organismo fue de 94 a favor, entre ellos México, por 14 en contra, con 73 abstenciones. El resultado estuvo cerca del nivel más bajo de apoyo a cualquiera de las cinco resoluciones que la Asamblea General ha adoptado en torno a Ucrania desde el inicio de la invasión del 24 de febrero.
La resolución reconoce la necesidad de establecer “un mecanismo internacional para la reparación de los daños, las pérdidas y los perjuicios que se deriven de los hechos internacionalmente ilícitos" de Rusia contra Ucrania.
De acuerdo con un comunicado de la Asamblea General de la ONU, la representación de México votó a favor de la resolución ya que sólo se limita a recomendar la creación de un registro de daños.
Recomienda que los países integrantes de la Asamblea, en cooperación con Ucrania, formen “un registro internacional” para documentar los reclamos e información sobre daños, pérdidas y perjuicios a los ucranianos y al gobierno de Ucrania a causa de Rusia.
Antes de la votación, el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, dijo a la Asamblea que “Rusia hizo su mejor esfuerzo para destruir a Ucrania, en un sentido muy literal”.
Hizo mención de los bombardeos y ataques de artillería de Rusia contra ciudades y poblados, “atacando cualquier cosa, desde plantas y fábricas, hasta edificios residenciales, escuelas, hospitales y kínders”, así como caminos, puentes, vías ferroviarias y casi la mitad de la red de electricidad y otros servicios públicos de Ucrania, tan sólo en el último mes.
También se refirió a las versiones de atrocidades cometidas por los rusos en territorio ocupado, incluyendo asesinatos, violaciones, tortura, deportaciones forzadas y saqueos.
“Ucrania tendrá la enorme tarea de reconstruir al país y recuperarse de esta guerra”, manifestó Kyslytsya. “Pero esa recuperación no podrá completarse jamás sin un sentido de justicia para las víctimas de la guerra rusa”.
Al establecer un mecanismo para documentar los señalamientos, añadió, “Ucrania se compromete a un proceso transparente, imparcial y objetivo que será manejado y supervisado por la comunidad internacional a fin de evitar siquiera la menor percepción de sesgo".
“Es momento de exigir cuentas a Rusia”, declaró Kyslytsya, quien se refirió a la resolución como “una señal de esperanza para la justicia”.
El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, instó a los integrantes de la Asamblea a votar en contra de la resolución, a la que calificó de “un intento de legalizar algo que ante los ojos de las leyes internacionales existentes no se puede legalizar”. Es "legalmente nula y sin efecto”.
Nebenzia acusó a Occidente de “hacer todo lo posible para dar una impresión de legitimidad” para empezar a gastar “activos rusos robados por miles de millones de dólares”, haciendo referencia a los activos congelados a raíz de las sanciones a Moscú.
Además, acusó a los países de Occidente de procurar una decisión de la Asamblea General “como una cortina de humo para ocultar este robo descarado” cuyos “beneficiarios terminarán siendo las corporaciones militares occidentales”.
Advirtió que aprobar la resolución “únicamente puede aumentar las tensiones e inestabilidad en todo el mundo”, y señaló que los simpatizantes de la medida “quedarán implicados en la expropiación ilegal de activos soberanos de un tercer país”.
Dieciséis países y los palestinos coincidieron con Rusia, señalando en un comunicado conjunto que la resolución no contaba con las “bases legales suficientes”.
Los firmantes, incluyendo China, Irán, Angola y Venezuela, señalaron que los países que sufren de interferencia extranjera, colonialismo, opresión, sanciones unilaterales y otros actos ilegítimos a nivel internacional también merecen reparaciones, indemnizaciones y justicia.
Las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, aunque reflejan la opinión mundial.
JLMR