Las autoridades brasileñas aprietan el cerco en torno al ex presidente Jair Bolsonaro, con la autorización de investigarlo bajo sospecha de estar detrás de la asonada del 8 de enero en Brasilia, algo que su defensa niega.
Un juez del Supremo Tribunal determinó ayer incluir, a pedido de la fiscalía, al líder ultraderechista en la investigación que busca determinar la instigación y autoría intelectual de la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos el domingo pasado.
Los fiscales destacaron en su pedido un video que el ex mandatario subió a sus redes sociales el 10 de enero, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre.
En una nota enviada a la AFP, la defensa de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, negó cualquier participación en los hechos vandálicos por los que hubo más de mil 800 detenidos.
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Tras la decisión del juez a última hora del viernes, el abogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, dijo en un comunicado que el ex mandatario “repudia vehementemente los actos de vandalismo y destrucción” del 8 de enero, pero culpó a supuestos “infiltrados” en la protesta, algo que también han afirmado sus partidarios de extrema derecha.
“Conexión probatoria”
Sin embargo, para la Fiscalía General hay elementos que sustentan la investigación contra Bolsonaro, quien nunca reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y dejó el país antes de terminar su mandato y de la ceremonia de transmisión de mando.
La entidad considera que “realizó incitación pública a la práctica de un crimen” al subir el video.
Pese a que el video fue publicado dos días después de los ataques en la capital, y eliminado el día 11, la Fiscalía cree que la conducta del ex presidente revela una “conexión probatoria” entre los eventos.
Bolsonaro ha estado viviendo en un suburbio de Orlando, Florida, desde que abandonó Brasil a finales de diciembre, y no asistió a la investidura de su sucesor el 1 de enero pasado. Algunos legisladores demócratas han pedido al presidente Joe Biden que cancele su visa.
El saqueo de las sedes de los poderes públicos coronó meses de tensión política en Brasil, que atravesó una visceral campaña electoral tras la cual Lula se impuso sobre su archirrival Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales.