Abogados de militares ligados con caso Ayotzinapa acusan “persecución política”

La defensa de los militares acusaron a Luisa María Alcalde, de convertirse en el brazo armado del Presidente para sustentar un caso que se ha convertido en una “persecución política”.

Padres de familia protestan por normalistas de Ayotzinapa
Rubén Mosso
Ciudad de México /

La defensa de los ocho militares señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente tener nexos con integrantes de Guerrero Unidos—que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa—, denunciaron que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, parecer haberse convertido en el brazo armado del presidente Andrés Manuel López para sustentar un caso que se ha convertido en una “persecución política”.

“La justicia en México sí está muy mal, en eso sí coincido con él (López Obrador), pero él está muy mal en meterse en una investigación de carácter penal donde nada tiene que hacer, y al parecer su secretaria de Gobernación se convirtió en su brazo armado para lograr conseguir las órdenes de aprehensión”, declaró el abogado Alejandro Robledo Carretero.

Por su parte, el abogado César Omar González se refirió a la indagatoria consignada por la FGR: “Este tipo de cochinadas que están haciendo no tienen nada que ver con el Estado de Derecho”.

Por ello, anunciaron presentarán una denuncia contra el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UILCA), Rosendo Gómez Piedra, y otras autoridades, además de los testigos protegidos que señalan a sus defendidos de recibir dinero del mencionado grupo criminal.

Rosendo Gómez Piedra. | Pedro Domínguez

En conferencia de prensa, Alejandro Robledo aseguró que la investigación está basada en los testimonios de los testigos protegidos “Carla” y “Neto”, integrantes de Guerreros Unidos, delincuentes confesos que han cambiado sus versiones que han cambiado sus versiones de manera innumerable y que han sido señalados de inventar pruebas y dichos.

“Ocho militares con una carrera excepcional detenidos por los dichos de dos testigos protegidos que cambiaron su versión a cambio de privilegios otorgados desde la Secretaría de Gobernación”.

Indicó que la nueva causa penal 1/2024 fue consignada en el juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, luego de que los testigos protegidos “mentirosos” y “olvidadizos”, que de manera muy práctica fueron recordando cosas.

“Misteriosamente y después de haber escuchado desde la Secretaría de Gobernación la amenaza de la secretaria de que iba a solicitar nuevas órdenes de aprehensión, el 22 y 23 de enero, la Fiscalía General de la República declaró a los testigos protegidos de identidad ‘Carla’ y ‘Neto’, quienes eran miembros de Guerreros Unidos y que participaron activamente en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en 2014.
“Estos testigos ‘Carla’ y ‘Neto’ fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo ‘Carla’ aportó en su momento mensajes de WhatsApp para involucrar en su momento a elementos del Ejército mexicano.
“El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no era posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existía confiabilidad en las imágenes y no podía considerarse prueba digital en la judicialización del caso, porque a todas luces se podría tratar de pruebas inconsistentes y carentes de veracidad”.

Recordó que el propio ex subsecretario Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa reconoció que los chats de WhatsApp no podían verificarse como reales.

“Ahora, estos testigos señalan que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es absolutamente falso, ya que habían rendido la declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por los delitos que habían cometido. Y ahora resulta que nueve años después recuerdan hechos y circunstancias y detalles para imputar al personal militar”, mencionó el litigante.

César Omar González subrayó que los militares “son perseguidos de Estado, perseguidos políticos”.

Apuntó que en junio de 2023, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, negó la orden de aprehensión y ahora extrañamente la otorgó de manera extraña. “El cochinero que han hecho en esta administración aleja a las víctimas del acceso a la justicia y la verdad”.

Añadió que hoy tenían programado entrevistar a los testigos, pero la FGR no los presentó porque una cuestión médica y el otro no estaba localizable, esto a unas horas de que este miércoles se resuelva la situación jurídica de los militares.

Y advirtió que algún día podrán tomar la declaración al ex subsecretario Encinas, quien dos veces ha evitado acudir a las diligencias. “Algún día, como dice Alejandro (Robledo), no sé si hoy, mañana o en dos años, o en cuántos, los militares van a estar fuera y absueltos y van a estar en la cárcel los que armaron todo este mugrero”.

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