Corea del Sur anunció el lunes un polémico plan para recaudar fondos civiles con el fin de compensar a los coreanos que ganaron el pago de indemnizaciones en demandas contra compañías japonesas que los esclavizaron durante la Segunda Guerra Mundial.
El plan refleja la determinación del presidente surcoreano, el conservador Yoon Suk Yeol, por enmendar las frágiles relaciones con Japón y solidificar la cooperación trilateral entre Seúl, Tokio y Washington para lidiar de mejor forma con las amenazas nucleares de Corea del Norte. Pero el anuncio generó repudio inmediato de los extrabajadores forzados y sus simpatizantes, que han exigido una compensación directa por parte de las empresas japonesas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, dijo en conferencia de prensa que se compensaría a las víctimas mediante una fundación local que recibiría fondos de donativos civiles. Añadió que Corea del Sur y Japón se encontraban ante una “nueva ventana de oportunidad” para dejar atrás sus conflictos pasados y construir relaciones orientadas al futuro.
“Y creo que esta es la última oportunidad”, comentó Park. “Si lo comparamos con un vaso con agua, pienso que el vaso está medio lleno. Esperamos que el vaso se llene más en el futuro, basándose en la respuesta sincera de Japón”.
Los expertos habían dicho previamente que la fundación sería financiada por compañías surcoreanas, las cuales se beneficiaron del tratado Seúl-Tokio de 1965 que normalizó las relaciones entre ambas naciones. El acuerdo estuvo acompañado de cientos de millones de dólares en ayuda financiera y préstamos de Tokio para Seúl, los cuales fueron utilizados en proyectos de desarrollo llevados a cabo por grandes compañías surcoreanas, incluida POSCO, en la actualidad un gigante siderúrgico global.
Las relaciones entre los aliados asiáticos de Estados Unidos han sido complicadas desde hace tiempo debido a las quejas relacionadas con el brutal dominio japonés de la península de Corea entre 1910 y 1945, cuando las compañías japonesas movilizaron a cientos de miles de coreanos para que realizaran trabajos forzados o fuesen esclavas sexuales en los burdeles de Tokio durante la guerra.
Sus disputas históricas se intensificaron después de que la Corte Suprema de Corea del Sur determinó en 2018 que dos compañías japonesas — Nippon Steel y Mitsubishi Heavy Industries — compensaran a los ex trabajadores forzados coreanos o a sus parientes.
Japón, que insiste en que el tratado de 1965 resolvió todas las compensaciones de tiempos de guerra, reaccionó con ira a los fallos de 2018, y al año siguiente impuso controles de exportación a sustancias químicas cruciales para la industria surcoreana de semiconductores, bajo el argumento de que la confianza bilateral se había deteriorado.
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