Este miércoles, el Congreso de Chile aprobó una ley para cambiar las condenas de prisión por arresto domiciliario para mil 300 reclusos con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus en las cárceles; la medida no se aplicar por presiones del oficialismo para incluir en el beneficio a criminales de lesa humanidad.
La ley busca atenuar la posibilidad de contagios con el nuevo virus en las cárceles comunes, donde hay más de 40 mil reos. Hasta el momento se han confirmado 17 presos contagiados y 31 guardias carcelarios. Otras 200 personas cumplen condenas en dos presidios especiales para violadores de los derechos humanos en dictadura (1973-1990).
Los presos comunes que podrán aspirar a cambiar sus penas carcelarias no deben haber cometido delitos muy graves, así como las mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos años.
Originalmente el proyecto fue aprobado, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera debió enviar un veto aditivo, que fue votado el miércoles, para agregar sanciones para quienes infrinjan el arresto domiciliario.
El Senado aprobó el veto por 31 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. Luego la Cámara de Diputados lo respaldó por 92 sufragios a favor, 14 en contra y tres abstenciones.
Sin embargo, Piñera no podrá promulgar la norma porque 14 senadores de su coalición política acudieron al Tribunal Constitucional para que la declare inconstitucional porque, alegan, no respeta el derecho de igualdad ante la ley y la protección a la vida de los presos por violaciones a los derechos humanos. El TC escuchará los primeros alegatos el lunes 13 de abril.
Piñera dijo el fin de semana que los criminales de lesa humanidad también “tienen derecho a una muerte en dignidad”.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, estimó que el TC podría demorar semanas en pronunciarse, “y eso es lo que nos preocupa”, porque los presos tendrán que seguir esperando.
El gobierno no logró que sus senadores retiraran la petición de inconstitucionalidad, a pesar de que reactivó una ley humanitaria que sí consideraría a los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990) mayores de 75 años, con la mitad de su condena cumplida y que estén con una salud “muy deteriorada”, dijo Larraín. Además, agilizó el análisis de 17 peticiones de indulto presidencial, la mayoría de criminales de lesa humanidad.
El presidente del partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo que “es francamente inaceptable que se pretenda aprovechar la coyuntura del covid-19 para consagrar la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en nuestro país”.
kvd