Una corte de apelaciones de Estados Unidos mantuvo en suspenso la ley antimigrantes SB4, que permitiría a las autoridades de Texas detener y procesar a sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera con México, un estatuto que el gobierno del presidente Joe Biden argumenta que interfiere en la autoridad federal.
La corte mantiene su decisión en tanto se resuelve si el gobierno de Texas tiene la autoridad de ejercer medidas migratorias en su propio territorio, una atribución que constitucionalmente es dada solo al gobierno federal.
En un fallo 2-1 emitido a última hora del martes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, denegó la petición de Texas de permitir la entrada en vigor de la ley mientras se tramita en el tribunal de apelaciones el recurso del estado contra la decisión de un juez que la bloqueó.
Tribunal hace referencia a 'amicus curiae' presentado por México
Tras conocer el rechazo a la moción de Texas, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que el tribunal hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la Ley SB4.
Mediante X, la funcionaria señaló que la ley antimigrante permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.
Aseguró que sus 11 consulados en Texas seguirán en contacto con la comunidad mexicana para informarles sobre los avances de la ley y el litigio en su contra.
Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, aseguró que México "protege a su comunidad y hace respetar su soberanía".
"En referencia al amicus curiae presentado por nuestro país, el tribunal señala: 'México ya protestó la SB4 y señaló que la aplicación del estatuto frustraría los esfuerzos bilaterales, incluidas las expulsiones de no ciudadanos'".
Ley SB4 tipificaría como delito estatal entrada ilegal a Texas
La ley, denominada formalmente SB4, se ha convertido en un punto álgido de una batalla más amplia entre Texas y el gobierno de Biden sobre la seguridad fronteriza y la inmigración.
La ley tipificaría como delito estatal la entrada o reingreso ilegal en Texas desde un país extranjero y facultaría a los jueces estatales para ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplirla.
La decisión del panel del Quinto Circuito es la última de tres decisiones rápidas sobre la situación de la ley. La semana pasada, la Corte Suprema permitió que entrara en vigor, pero horas más tarde el panel del Quinto Circuito restableció la medida cautelar dictada en febrero por el juez de distrito David Ezra, que bloqueaba su aplicación.
Ezra, con sede en Austin, citó una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2012 relativa a una ley de Arizona que sostenía que los estados no pueden adoptar medidas de aplicación de la ley de inmigración que entren en conflicto con la ley federal.
El panel del Quinto Circuito tiene previsto escuchar los argumentos sobre el fondo de la apelación del Estado el 3 de abril.
La demanda del gobierno de Biden, presentada en enero, argumentaba que la medida viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración, además de ir en contra de la decisión de la Corte Suprema de 2012.
El gobierno ha dicho que la inmigración es competencia exclusiva de la autoridad federal y que la ley de Texas pondría en peligro la aplicación de complejas leyes estadunidenses que establecen procedimientos de deportación y permiten a los inmigrantes solicitar asilo y otros estatus legales.
La inmigración y la seguridad en la frontera con México son temas candentes para los votantes de cara a las elecciones estadunidenses del 5 de noviembre, en las que el presidente demócrata aspira a un segundo mandato. Donald Trump, el candidato republicano que le desafía, aplicó políticas de inmigración restrictivas durante su presidencia.
ROA