El juicio político que superó en 1999 el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se ha convertido en un espejo singular para el proceso de destitución de Donald Trump, que comenzó ayer en el Senado, con los republicanos decididos a copiar estrategias y los demócratas dispuestos a aprender de fallos para influir al máximo en el desarrollo del caso.
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“Lo que estuvo bien para el presidente Clinton estará bien para el presidente Trump”, proclamó hace dos semanas el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Bajo ese lema se esconde el firme propósito de los republicanos de controlar el rumbo del juicio político en el Senado y de contener la influencia de los demócratas que, como hace dos décadas, son minoría en la Cámara alta.
El proceso contra Clinton en el Senado duró cinco semanas, tres más de las que calcula la Casa Blanca para el juicio a Trump, y acabó en su absolución, el mismo resultado que se espera ahora.
Igual que Trump, Clinton enfrentaba dos cargos; en su caso, los de mentir a un gran jurado y de obstrucción a la justicia por intentar ocultar su relación sexual con la becaria Monica Lewinsky.
El entonces líder republicano en el Senado, Trent Lott, aplazó la discusión sobre la posible comparecencia de testigos hasta una segunda fase del juicio político, un precedente en el que se ha basado McConnell para rechazar el intento de la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, de negociar los testimonios antes de enviar los cargos al Senado.
El 7 de enero de 1999 comenzó el juicio político con el juramento como juez del presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist; y la entrega de los cargos por parte de los trece fiscales de la Cámara baja; todos ellos hombres blancos mientras que, de los siete que acusarán a Trump, tres son mujeres, dos negros y hay una latina.
El 14 de enero, los trece congresistas republicanos iniciaron un alegato de tres días para pedir que se destituyera a Clinton, cuyo abogado, Charles Ruff, comenzó la defensa del presidente el 19.
Si los estadunidenses habían empezado a perder interés en los vericuetos del proceso, un titular del 23 de enero volvió a atraer su atención: una juez federal ordenó a Lewinsky que testificara ante los fiscales de la Cámara baja.
El 24, Lewinsky se sometió a una entrevista a puerta cerrada de casi dos horas con los fiscales republicanos.
Los senadores de la era Clinton acordaron convocar a tres testigos: Lewinsky, el asesor presidencial Vernon Jordan y uno de los encargados de comunicación en la Casa Blanca, Sidney Blumenthal. Antes de que acabara el mes, marcaron además una fecha límite para el fin del juicio: el 12 de febrero.
El 4 de febrero, la mayoría republicana perdió una votación clave: por una mayoría de 70 votos, el Senado decidió no obligar a comparecer en persona a Lewinsky.
En cambio, permitieron a los fiscales republicanos que presentaran en el Senado extractos en video de su declaración a puerta cerrada.
Tras escuchar los argumentos finales, el Senado deliberó a puerta cerrada el 9 de febrero. Tres días después votó en contra de destituir a Clinton. Un total de 55 senadores le declararon no culpable del cargo de perjurio, mientras que 50 bastaron para absolverle del de obstrucción de justicia.
Dos décadas después, la rapidez y polarización del proceso contra Clinton prometen marcar también el juicio político de Trump.
Pero un factor traza una diferencia abismal: en 1999 la oposición controlaba ambas cámaras y dio forma a todo el proceso; ahora, en cambio, los rivales de Trump solo son mayoría en la Cámara baja y, al enviar los cargos al Senado, han cedido las riendas al partido del presidente.