El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en 2025 como lavadores de dinero de narcotraficantes y terroristas en México a 64 personas y 87 empresas, a quienes incluyó en una lista negra que se traduce en el bloqueo de propiedades, de cuentas bancarias y en la imposibilidad de hacer transacciones en el sistema financiero.
MILENIO creó una base de datos a partir de los reportes y listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), a través de la cual encontró que entre los lavadores de dinero en México no solo hay connacionales, sino también colombianos, albaneses, indios y canadienses.
La lista negra de 151 empresas y personas se ha diversificado y los esfuerzos se concentran no solo en las estructuras de los cárteles que se tienen bien ubicadas desde hace años, sino en células que hasta ahora habían pasado desapercibidas, incluso para las autoridades mexicanas.
Tal es el caso de Ryan James Wedding, ex integrante del equipo olímpico canadiense de snowboard, a quien las autoridades de ese país y de Estados Unidos lo consideran una banda criminal en sí misma, bautizada como Ryan Wedding Drug Trafficking Organization. Incluso en marzo de 2025 el Federal Bureau of Investigation (FBI) lo incluyó en su lista de Los 10 fugitivos más buscados.
Su organización es señalada de traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá. La red criminal ha utilizado criptomonedas para mover, ocultar y blanquear grandes cantidades de dinero ilícito producto de ese narcotráfico.
Según la investigación criminal, varios socios clave han facilitado la operación de Wedding, entre ellos el mexicano Édgar Aarón Vázquez Alvarado, conocido como El General, propietario de empresas mexicanas como VRG Energéticos, Grupo RVG Combustibles o Grupo Ares Imperial, quien le brindó protección en México.
El ex deportista olímpico ha estado casado y divorciado en varias ocasiones; hoy se le vincula con una mexicana llamada Miryam Andrea Castillo Moreno, quien junto con Édgar Aarón Vázquez, blanquearon recursos del narcotráfico para Wedding desde el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.
Entre las personas señaladas se incluyen ex atletas de élite, empresarios del sector energético y operadores financieros que, hasta antes de ser incluidos en la lista negra, podían presentarse como hombres y mujeres de negocios con actividades legales en los tres países de Norteamérica.
¿Dónde operan las personas señaladas en la lista negra?
Desde luego, en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aparecen organizaciones del narcotráfico que históricamente han utilizado empresarios y compañías fachada para lavar dinero, como es el caso del Cártel de Sinaloa, particularmente el grupo de ‘Los Chapitos’, y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pero, adicionalmente, en el ominoso listado de este año fueron incluidas 64 personas. Y de ese total, 55 son mexicanas, es decir, 85.9 por ciento. Del resto, tan sólo nueve, son de otras nacionalidades: cuatro albaneses, dos colombianos, dos indios y un canadiense. Todos ellos operaban en territorio mexicano.
De esas 64 personas, 35 fueron designadas bajo el rubro de “terrorismo” –algo inédito para México–, que representa 54.7 por ciento del total. En 19 casos, equivalentes a 29.7 por ciento, se les señaló por su relación con actividades de narcóticos, y los 10 restantes, el 15.6 por ciento, estaban vinculados con el genérico “crimen organizado”.
En el mapa territorial, Sinaloa aparece como el principal punto de operación, con 16 personas vinculadas a esa entidad (una cuarta parte del total), le sigue Baja California con 12 sancionados y Jalisco, con nueve personas.
Debajo están la Ciudad de México y Tamaulipas, con cinco casos cada uno, Guerrero con cuatro, y hay casos aislados en Quintana Roo, Coahuila, Chiapas y Colima, Estado de México, Nuevo León y Durango.
De ellas, al menos 26 personas –el 40.6 por ciento– están ligadas al Cártel de Sinaloa. Otras 16 más –el 25 por ciento– aparecen relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, 65.6 por ciento de los sancionados, casi dos de cada tres, pertenecen a alguna de estas dos organizaciones.
Incluyen sendos establecimientos en Canadá, Polonia, pero su foco principal es México, donde levantaron casinos y centros de juego, además de restaurantes, con los que presuntamente blanquearon las ganancias del narcotráfico.
Según el Departamento del Tesoro, los Hysa operan con la anuencia del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realizó durante este año sus actividades, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.
Por otro lado, cinco personas están conectadas a la Organización de Tráfico de Drogas Ryan Wedding; cuatro individuos con la Nueva Familia Michoacana, dos con el Cártel del Noroeste y hay un caso asociado a la organización de los Beltrán Leyva.
Otro más que aparece es Jumilca Sandivel Hernández Pérez, líder de la Organización López de Tráfico de Personas (HSO), que según los informes, este grupo criminal tiene sede en Guatemala y es responsable del tráfico de miles de inmigrantes indocumentados desde este país hacia Estados Unidos, a través de México.
Hay informes de que Hernández Pérez y sus personeros coordinaron actividades ilegales con miembros de la violenta organización narcotraficante conocida como La Línea, que nació como brazo armado histórico del Cártel de Juárez, señalada de haber asesinado a nueve ciudadanos estadunidenses en 2019 en Sonora.
¿Y las empresas, Tío Sam?
En el plano de compañías instituidas que están en el ojo del Departamento del Tesoro, el golpe incluyó a 87 empresas con operaciones en México.
Casi dos de cada tres –56 firmas, es decir el 64 por ciento– quedaron señaladas por vínculos con “terrorismo”, mientras que 26 (el 30 por ciento) fueron etiquetadas como parte del crimen organizado y cinco adicionales (casi 6 por ciento) fueron catalogadas por su papel en esquemas de narcóticos.
No fueron grandes corporaciones, sino de redes de sociedades mercantiles que operaron a ras de suelo: empresas de combustibles, negocios turísticos, giros de entretenimiento, inmobiliarias y prestadoras de servicios que, según el Tesoro, sirvieron como engranaje financiero de estructuras criminales y terroristas.
De acuerdo con los informes, todas las empresas señaladas tienen domicilio u operación en territorio mexicano, repartidas en sólo 12 entidades del país. Más de la mitad se concentra en tres estados: Sinaloa, Baja California y Jalisco, que acumulan juntas 49 de las 87 compañías sancionadas, es decir, alrededor del 56 por ciento.
Detrás aparecen estados como Nuevo León, con 12 empresas, y Quintana Roo, con 10. El resto se reparte en el Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Puebla y Tamaulipas.
ksh