El gobierno de Estados Unidos reforzará y construirá nueva infraestructura fronteriza con México, que incluye sofisticadas barreras, tecnología anti escalada, iluminación, cámaras y torres de vigilancia con el fin de evitar la entrada ilegal a su país a través de su línea divisoria.
Con ese objetivo, el Departamento de Seguridad Nacional (HSD, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection o CBP), publicaron en diciembre de 2022 los requerimientos del proyecto y empezaron a recibir las propuestas de distintas empresas que pretenden participar en él.
Se le identifica a esta iniciativa con el número 70B01C22R00000113 y se describe como una “Adjudicación múltiple de diseño y construcción de infraestructura fronteriza” para empresas altamente calificadas, a la cual tuvo acceso MILENIO.
Los documentos muestran que el proyecto tendrá una duración de hasta cinco años, en un modelo IDIQ o de adjudicación múltiple, con entrega indefinida y cantidad indefinida de contratos por orden de trabajo cuyo valor puede ser mayor a los 50 millones y llegar hasta 400 millones de dólares. En suma, los convenios podrían superar los mil millones de dólares.
“CBP busca contratistas altamente calificados para la adjudicación de un contrato de suministro y cantidad indefinida (IDIQ), para el diseño y construcción de infraestructura fronteriza y
requisitos tecnológicos de esa infraestructura, incluidas barreras fronterizas, elementos antiescalada, zonas de control, carreteras, puertas, puentes, control de drenaje, iluminación, sistemas de detección, cámaras, torres y fibra de comunicación”, describe la información.
Según los documentos, esta adjudicación está sustentada en Ley de Reforma de Inmigración y Responsabilidad del Inmigrante (apartado 8 U.S.C. § 1103), que otorga al HSD la autoridad para construir, de manera expedita, la infraestructura necesaria para fortalecer el muro.
La finalidad de esto es “disuadir y prevenir la entrada en nuestra frontera sur [con México]”, como se explica claramente en una fracción del expediente de la adjudicación.
Se prohíbe tecnología china
También se advierte que todos los diseños, dibujos, especificaciones, notas y otros trabajos desarrollados en el proyecto de ninguna manera podrían divulgarse y serán confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.
Otro de los requisitos del HSD es que durante este proyecto estará prohibida la contratación de ciertas telecomunicaciones y servicios de equipos.
Específicamente se nombra a empresas como Huawei Technologies Company, ZTE Corporation o Hytera Communications y otras que tienen nexos con el gobierno de China. Se prohibirá también el uso de equipos de otras compañías en las cuales existiera una duda razonable de que están conectadas con un país que realiza espionaje encubierto.
En el apartado de elaboración de propuestas, se destaca que el gobierno estadunidense pretende adjudicar hasta cuatro contratos IDIQ, de Entrega Indefinida de Adjudicación Múltiple, para los cuales se tomarán en cuenta requisitos muy específicos.
Algunas de estas características son, por ejemplo, tener experiencia especializada en otros proyectos de esta índole. Por ello las empresas participantes deben demostrar, en su propuesta gerencial de participación, que han trabajado en al menos dos proyectos federales con este nivel de complejidad.
Hasta el 10 de enero ya fueron recibidas las propuestas de la fase 1 y, según el expediente de adjudicación, serán hasta cinco postulantes los invitados a pasar a la fase 2 del proceso de infraestructura fronteriza.
En esa fase 2 se evaluará el perfil del superintendente que realizaría la propuesta de precios. Sobre la adjudicación, el gobierno aún no ha revelado en qué mes dará a conocer a los ganadores de este proyecto.
Casa Blanca: más recursos para la frontera
Esta licitación coincide con un anuncio del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris del pasado 5 de enero de 2023, en el cual se indicó que se tomarán medidas para aumentar la seguridad en la frontera y con el fin de reducir el número de personas que cruzan ilegalmente a través de varios puertos de entrada.
“La Administración anuncia que está destinando recursos adicionales a la frontera y a la región, intensificando sus operaciones de lucha contra el contrabando y ampliando la coordinación y el apoyo a las ciudades fronterizas y a las organizaciones no gubernamentales”, explicó la Casa Blanca en una tarjeta informativa.
El Ejecutivo destacó que las medidas anunciadas se estaban aplicando en estrecha colaboración con México y con gobiernos de todo el hemisferio occidental, y esperaban que estas ayudarían a resolver algunos de los asuntos más graves en la frontera. Admitieron, sin embargo, que no solucionaría la problemática de un sistema de inmigración que llevaba demasiado tiempo sin funcionar.
Desde la Casa Blanca condenaron a los republicanos del Congreso, los mismos que, según la actual administración, han pasado los dos últimos años hablando sobre seguridad fronteriza pero que al mismo tiempo bloquean la reforma integral de inmigración y las medidas de seguridad que Joe Biden propuso desde su primer día como mandatario.
Se les reprocha que se han opuesto a otorgar miles de millones de dólares en fondos adicionales que Biden solicitó para la seguridad y la gestión de las fronteras a lo largo de su mandato.
La actual administración, a pesar de ello, aseguró que incrementará los recursos y ampliará los esfuerzos para gestionar de forma segura la frontera y al mismo tiempo que pretende desarticular las redes delictivas de contrabando que, además, se aprovechan de los inmigrantes vulnerables.
Del mismo modo anunció que se impondrían nuevas medidas para individuos que intentan ingresar ilegalmente, como la extracción expedita y la prohibición de reingreso de cinco años. En el caso de los ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití se les impuso el requisito de que para recibir autorización para trabajar, debían tener un patrocinador en Estados Unidos.
“Estas medidas ampliarán y agilizarán las vías legales para una migración ordenada”, expresó la comunicación de la Casa Blanca.
Escenario ‘caliente’ en la frontera
El reforzamiento de la larga franja divisoria entre Estados Unidos y México responde a una situación que se suele tornar compleja por la creciente importancia de bandas del crimen organizado.
La Oficina de Aduanas o CBP anuncia que este reforzamiento y construcción de barreras se da en un periodo del año fiscal –para el gobierno federal comprende entre octubre del 2022 y enero del 2023– en que se han decomisado cientos de kilos de drogas en diversos puntos fronterizos.
La mariguana, aunque ya es legal en varios estados de la Unión Americana, aún se mantiene como droga recurrente en los puntos fronterizos: se incautaron poco más de mil kilos. Pero también hubo decomiso de 385 kilos de cocaína y mil 596 kilos de metanfetaminas.
Se dio la detención de cientos de pandilleros afiliados a cárteles como la Mara Salvatrucha, la Mafia mexicana o los Latin Kings, entre otros tantos. En total fueron interceptados en su intento por llegar a Estados Unidos 209 pandilleros.
Otro dato que la CBP destaca en sus informes de este año es que hasta el último día de enero de 2023, fueron detenidas en la frontera con México 32 personas que forman parte de la lista de vigilancia antiterrorista, que alberga información sobre presuntos o conocidos terroristas.
Por supuesto las armas siguen cruzando la frontera: durante esos meses fueron incautadas mil 150 armas. Sólo durante enero se logró el aseguramiento de 410 artefactos de fuego.
Y todavía respaldados en el polémico título 42 que se implementó durante la administración del presidente Donald Trump, con el pretexto de evitar que se propagara el covid-19 debido a migrantes, se han expulsado inmediatamente al último país en tránsito –es decir México– a siete mil 568 personas.
LG