El gobierno de Corea del Norte exigió una investigación sobre una incursión en su embajada en España el mes pasado, que describió como un “grave ataque terrorista” y un acto de extorsión que viola el derecho internacional.
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El incidente ocurrió antes de la segunda cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario norcoreano, Kim Jong Un, celebrada el 27 y 28 de febrero de febrero. Un misterioso grupo que pide el derrocamiento del régimen norcoreano se ha atribuido la autoría del ataque.
Un portavoz del Ministerio norcoreano de Exteriores dijo que la intrusión y ocupación ilegal de una misión diplomática, así como el acto de extorsión, suponen una grave intromisión de la soberanía y una violación flagrante del derecho internacional, y “esta clase de acto nunca debe tolerarse”, según declaraciones citadas por medios oficiales norcoreanos.
Un grupo armado torturó al personal de la delegación, indicó el vocero, insinuando que los intrusos habrían robado equipo de comunicaciones.
Las 10 personas que supuestamente asaltaron la embajada en Madrid pertenecen a una misteriosa organización disidente que se describe como un gobierno en el exilio dedicado a derrocar la dinastía gobernante de la familia Kim. El líder de los supuestos intrusos parece ser un activista de derechos humanos educado en Yale y que estuvo encarcelado en China tras intentar rescatar a desertores norcoreanos escondidos, según activistas y desertores.
Los detalles del suceso han empezado a conocerse después de que un juez español levantara el secreto de sumario la semana pasada y dijera que la investigación sobre los hechos del 22 de febrero había encontrado pruebas de que una “organización criminal” ató y amordazó a personal de la embajada antes de huir con computadoras, discos duros y documentos.
Una fuente del gobierno estadunidense dijo que el grupo se conoce como Cheollima Civil Defense, una organización poco conocida que pidió hace poco solidaridad internacional en la lucha contra el gobierno norcoreano.
España ha emitido al menos dos órdenes internacionales de arresto para miembros del grupo.
jamj