Un juez federal impidió, de forma temporal, que el Gobierno del presidente Donald Trump privara a decenas de miles de solicitantes de asilo e migrantes con Estatus de Protección Temporal de su derecho a trabajar en Estados Unidos.
El juez federal de distrito Nathaniel Gorton, de Boston, se puso del lado de una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que presentaron una demanda para impedir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llevara a cabo una serie de medidas destinadas a aplicar las nuevas restricciones en materia de inmigración aprobadas por el Congreso el año pasado.
Agenda de migración de línea dura
La orden de Gorton permanecerá en vigor hasta que el juez decida si dicta una suspensión a más largo plazo de la política de la Administración Trump. El juez afirmó que se pronunciaría al respecto antes del 5 de agosto. El USCIS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La emblemática ley fiscal y de gasto público de Trump, aprobada por el Congreso de mayoría republicana en julio de 2025, impuso por primera vez tasas para solicitar asilo y restringió la autorización de empleo para las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, según siglas en inglés).
Se trata de una designación que permite a los migrantes procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes vivir y trabajar en Estados Unidos mientras no sea seguro para ellos regresar a sus países de origen.
El Gobierno de Trump ha tratado, como parte de la agenda de migración de línea dura del presidente republicano, de poner fin al TPS para personas procedentes de más de una docena de países. El mes pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos le autorizó a hacerlo en el caso de miles de migrantes haitianos y sirios.
Los demandantes en una demanda presentada por el grupo jurídico liberal Democracy Forward argumentaron que el USCIS había aplicado ilegalmente las disposiciones de la nueva ley y que era necesario suspender sus políticas, en particular una que podría llevar a que miles de titulares del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su derecho a trabajar a partir del miércoles.
Entre esas políticas se encuentran algunas que, según los demandantes, acortan indebidamente el tiempo durante el cual los titulares del TPS estarían autorizados a trabajar, al aplicar retroactivamente las nuevas restricciones a las personas procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania.
El Salvador, Ucrania y Sudán
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó en un comunicado que la resolución de Gorton garantiza que miles de familias no perderán sus medios de subsistencia mientras los tribunales evalúan si las políticas del Gobierno son legales.
Aunque la Administración ha venido rescindiendo el TPS para otros países, en enero prorrogó el TPS para las personas procedentes de esas tres naciones. El estatus sigue vigente para El Salvador hasta el 9 de septiembre y para Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre.
Los demandantes alegaron que las nuevas políticas del USCIS eran inválidas porque el público nunca recibió notificación ni tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto antes de su adopción, tal y como exige la Ley de Procedimiento Administrativo, y porque aplicaron retroactivamente las disposiciones de la ley de 2025 relativas a la autorización de trabajo del TPS sin autorización legal.
Gorton se negó a impedir que el USCIS cobre la tasa por el momento, pero señaló que la agencia no puede privar de los permisos de trabajo a quienes no la paguen ni imponerles otras sanciones.
LJ