Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela concluyó que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por fuerzas de seguridad del país.
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El informe publicado ayer por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado —tanto a nivel presidencial como ministerial— ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
“La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
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Los investigadores recogieron evidencias de que a pesar de que las autoridades —desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos— conocían los crímenes cometidos desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
RECHAZA VALIDEZ
El gobierno de Venezuela rechazó ayer, “por estar plagado de falsedades”, el informe de la Misión Internacional de la ONU según el cual el presidente Maduro y otras altas autoridades han incurrido en crímenes de lesa humanidad.
“Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, dijo en Twitter el canciller Jorge Arreaza, en la primera reacción del gobierno a los señalamientos.
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Arreaza reiteró que el Ejecutivo de Maduro no reconoce “ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la alta comisionada” de la ONU para estos temas, Michelle Bachelet.
“Nuestra cooperación con el Consejo de DH de la ONU se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada. Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación”, agregó Arreza.
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EL SALVADOR: VAN POR EX PRESIDENTE
Una corte penal de El Salvador ordenó ayer la captura del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) por su vínculo con una tregua entre las pandillas que, según la Fiscalía General, supuso prebendas penitenciarias a sus líderes a cambio de bajar las cifras de homicidios. Un representante del Ministerio Público indicó que la medida fue dictada durante una audiencia de imposición de medidas contra Funes por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.