Funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden se afanaban el miércoles por llegar a un acuerdo de última hora con los republicanos en el Senado para fortalecer las medidas de seguridad en la frontera con México, a fin de obtener a cambio de un paquete de ayuda militar para Ucrania.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se disponía a reanudar las conversaciones con los negociadores del Senado aun cuando activistas y miembros del Partido Demócrata objetaban algunas de las políticas bajo discusión.
Algunos activistas planeaban protestar en el Capitolio y advertían sobre la posibilidad de regresar a las duras medidas adoptadas bajo la presidencia de Donald Trump.
El Congreso tiene programado entrar en receso el jueves, lo que deja muy poco tiempo para llegar a un acuerdo sobre el pedido de Biden de 110 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional.
Pero las negociaciones parecen haber reducido discrepancias en cuanto a fortalecer la seguridad fronteriza y deportar a algunos migrantes recién llegados, lo que elevó esperanzas de un acuerdo inminente.
“Esto es difícil, muy difícil”, declaró el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un discurso en el Senado el miércoles, “pero para eso nos enviaron aquí, para hacer cosas difíciles”, confió.
Entre las propuestas que están siendo seriamente consideradas, según fuentes familiarizadas con las negociaciones, está la de permitir que funcionarios de Seguridad Nacional le impidan a los migrantes pedir asilo en la frontera sur si la cantidad total de cruces excede la capacidad diaria de unas 5 mil. Hubo días este año en que el total superó los 10 mil.
También se debate una propuesta para detener a personas que piden asilo en la frontera, incluyendo familias con niños, posiblemente con un sistema de monitoreo electrónico.
Los negociadores están también examinando maneras de deportar rápidamente a migrantes que lleven en Estados Unidos menos de dos años, aun si viven lejos de la frontera. Pero tales deportaciones se aplicarían solo a quienes no hayan pedido asilo o que no hayan sido aprobados para entrar al sistema de asilos, según una fuente enterada de las negociaciones.
Las políticas se asemejan a las que Trump intentó aplicar en su presidencia y no pudo debido a fallos judiciales. Si el Congreso las aprueba como ley, los activistas tendrían poca base legal para resistirlas.
Activistas defensores de los inmigrantes, que planeaban protestas el miércoles en el Capitolio, advirtieron que se podría regresar a las duras políticas anti-migrantes y cuestionaron si en realidad lograrían su cometido de resolver el problema en la frontera.
SNGZ