El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) reconoció los esfuerzos de México para enfrentar este tipo de crímenes en el país y celebró que en el último año se hayan enontrado a 16 mil personas bajo la nueva estrategia de localización y búsqueda.
Al presentar el informe anual del CED, su presidente Juan Pablo Albán, aclaró que tras activar el artículo 34 y revisar la información reunida desde 2012, se puede concluir que existen indicios fundados de que persiste la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en la actualidad.
“Reconocimos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas, sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención. El artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones, particularmente serias”, subrayó.
Un tema urgente de tratar
Vale recordar que en abril de este año, el CED determinó llevar a la Asamblea General de la ONU, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones que se viven en México, para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Con ello, se activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, que tiene el objetivo de realizar un análisis de un estado parte y lo pone a consideración de la Asamblea General para una eventual ayuda al país implicado.
“Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta, con España, Alemana, UNFPA, con la oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan a través del tiempo y que asimismo esos esfuerzos de cooperación también mantengan con el Comité que tiene la responsabilidad... de continuar monitoreando la situación en México, continuar solicitando información e invitando a diálogos constructivos a México”, agregó.
En este contexto, el académico ecuatoriano dejó en claro que la activación del artículo 34 sobre México no constituye una decisión de responsabilidad internacional del estado mexicano y tampoco encontró “indicios bien fundados de la existencia de una política federal orientada a la comisión de desapariciones”.
Asamblea General decidirá
Por tanto, ahora corresponderá a la Asamblea General decidir, con la autorización de México, si se brinda algún tipo de asesoría e incluso financiamiento para enfrentar la crisis de desapariciones, búsqueda de personas y mejoría en el ámbito forense.
“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar si México así lo considerar innecesario en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”, remarcó.
Finalmente, manifestó el compromiso del Comité de continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales, así como mantener un diálogo constructivo con México con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil.
ABF